LaCostillaRota. 07 de octubre, 2026.- A las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), colectivas y madres alzaron la voz el pasado lunes para denunciar las fallas sistemáticas del Poder Judicial capitalino y exigir la destitución inmediata de Araceli Cortés Eslava, titular del Juzgado Quinto de lo Familiar. La movilización visibilizó cómo el criterio judicial y las trabas burocráticas continúan operando en contra de las mujeres y de las infancias, perpetuando dinámicas de violencia vicaria y violencia económica en los procesos del fuero familiar.
A pesar de que la jueza asumió el cargo tras la elección judicial bajo el compromiso de agilizar la impartición de justicia y velar por el interés superior de las infancias, las afectadas sostienen que la realidad al interior de su juzgado ha sido contraria. Las manifestaciones encabezadas por integrantes del movimiento, entre ellas Maha Schekaiban, Rosa Garduño, Mailys Guibert y Marion Martínez, pusieron en el centro del debate cómo la inacción y la dilatación de las resoluciones favorecen a los progenitores demandados, aun cuando existen señalamientos de agresiones o de incumplimiento en las obligaciones básicas de manutención. Las manifestantes confirmaron que, al menos 17 madres se han articulado en torno a este reclamo tras identificar que sus expedientes, todos radicados en el Juzgado Quinto de lo Familiar, comparten un mismo patrón de actuación judicial que vulnera a sus familias, lo que demuestra la dimensión colectiva de la problemática.
Desde la perspectiva de la violencia vicaria, el obstáculo en la restitución de los menores y la paralización de las demandas de patria potestad o convivencia no representan meros retrasos administrativos, sino mecanismos donde el aparato de justicia es utilizado para prolongar el sufrimiento de las madres y afianzar la separación de sus hijas e hijos. Las denunciantes enfatizaron que el actuar del Juzgado Quinto ha frenado procesos que llevan años en litigio, congelando medidas de protección y dejando a las mujeres en un estado de indefensión frente a los padres agresores.
Asimismo, la protesta expuso el componente de clase y de violencia económica con el que operan los incumplimientos de pensión alimenticia. Las madres señalaron que, aun tratándose de empresarios o personas con probada solvencia económica que justifican el impago bajo la premisa de priorizar sus inversiones personales, el tribunal ha omitido aplicar las sanciones e instrumentos legales necesarios para garantizar el sustento de las infancias. Esta tolerancia institucional, denunciaron, termina por condonar el abandono paterno y sobrecargar a las mujeres con el cuidado y sostén exclusivo de los hogares.
Tras sostener una mesa de trabajo con Laura Mejía, representante de los tribunales familiares del TSJCDMX, la representación de las manifestantes confirmó que escalará la exigencia directamente ante el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. A la par, las quejas y solicitudes de destitución serán canalizadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano competente para investigar las omisiones de la jueza y determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Las activistas recalcaron que la exigencia de justicia continuará hasta que las instituciones dejen de ser espacios de impunidad para los deudores y agresores.
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