LaCostillaRota. 03 de julio, 2026.- Tras un mes de exhaustivas investigaciones ministeriales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó de manera científica que los restos localizados en un predio del sur de la entidad corresponden a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La comunicadora, ampliamente reconocida en la región sur del estado como fundadora y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, había sido privada de la libertad por un comando armado el pasado 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital.
El desenlace de la búsqueda fue detallado mediante un comunicado de la FGE, el cual precisó que las pruebas periciales y forenses concluyeron con éxito el proceso de identificación, aportando certeza jurídica y científica al expediente. De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo de los restos derivó de operativos coordinados en un rancho ubicado en las inmediaciones de los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste.
De forma paralela a la confirmación del deceso, las autoridades ejecutaron ocho órdenes de aprehensión otorgadas por un juez de control en contra de personas señaladas como presuntas responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista.
-
Javier Iván «N», alias «Delta 1».
-
José del Carmen «N», alias «Delta 7».
-
Luis Arturo «N», alias «Delta 11» o «El Pelón».
-
Karen Monserrat «N», alias «La Hiena».
Por otro lado, la investigación penal reveló la colusión institucional de la policía de la región. Cuatro agentes adscritos al municipio de Ixhuatlán del Sureste, identificados como Julio César «N», Luis Enrique «N», Juan Carlos «N» e Ismael «N», fueron aprehendidos bajo la acusación de proporcionar recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo delictivo involucrado en la desaparición y asesinato de la comunicadora.
Todos los indiciados ya han sido puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.
Ante el abordaje oficIal de este caso, CIMAC y la Red Nacional de Periodistas se han pronunciado con la exigencia que este caso, donde se señala la presunta participación directa de elementos de seguridad pública en la estructura criminal, sea investigado con perspectiva de género e imparcialidad, bajo el protocolo de feminicidio.
