LaCostillaRota. 15 de diciembre, 2025.- Una menor víctima de abuso sexual lleva más de siete años sin justicia, pese a que la carpeta de investigación iniciada en 2018 contiene evidencia médica, psicológica y testimonial que acredita la agresión por parte de su padre, Ernesto «N». A la fecha, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha judicializado el caso, provocando un estancamiento que la madre de la menor, Ayari, califica como “violencia institucional”.
La investigación, abierta hace más de un lustro, documenta la agresión. Documentos oficiales señalan que la menor, entonces de tres años, presentó una prueba física concluyente de abuso sexual infantil. A esta prueba física se añaden más de 111 sesiones psicoterapéuticas, entrevistas especializadas y valoraciones clínicas que registran síntomas consistentes con víctimas de violencia sexual. A pesar de la solidez de la evidencia inicial y el sufrimiento documentado, la investigación permanece detenida y no existe imputación alguna contra el presunto agresor, Ernesto «N».
La madre de la niña denuncia que la inacción no ha sido pasiva, sino activamente obstructiva. A lo largo de siete años, peritajes psicológicos elaborados por la propia Fiscalía han presentado «contradicciones metodológicas, conclusiones opuestas y errores técnicos», que han servido para justificar la inacción. En un revés para la víctima, la autoridad ministerial emitió dos determinaciones de no judicialización (en octubre de 2023 y enero de 2025), cuando la carpeta contiene pruebas suficientes para que Ernesto «N» sea citado a comparecer ante un juez de control.
Para Ayari, el proceso se ha convertido en un “vía crucis interminable” donde su hija ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos de manera reiterada. La madre acusa que ha enfrentado entrevistas repetidas, valoraciones duplicadas y una clara falta de transparencia por parte del Ministerio Público.
“No fue solo el delito. Fue la indiferencia de las autoridades lo que más ha dañado a mi hija,” afirma Ayari.
Denuncia que las autoridades han intentado minimizar la evidencia y omitido una investigación seria sobre los hechos.
La falta de avances ha escalado hasta el más alto nivel. El 16 de mayo de 2025, Ayari solicitó formalmente una audiencia personal con la titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde, para exponer la gravedad y el estancamiento de la investigación. Hasta el 11 de diciembre de 2025, han transcurrido 209 días sin que la Fiscal General atienda la petición, sin respuesta institucional ni fecha asignada. Funcionarios de menor rango han reconocido que la carpeta no avanza porque carecen de instrucciones directas de la titular, manteniendo a la menor en un estado de completa indefensión y violencia institucional.
Organizaciones de la Sociedad Civil y especialistas consultados coinciden en que el caso revela violaciones a los estándares de debida diligencia reforzada aplicables a delitos sexuales contra niñas y niños. La inacción contraviene los compromisos de México ante instrumentos internacionales clave como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará. La continuidad del caso sin avances judiciales es calificada por los expertos como «una violencia ejercida contra la víctima por parte del Estado».
La madre de la niña, colectivos feministas y organizaciones exigen que se revise la carpeta de inmediato, se subsanen las omisiones y se presente el caso ante un juez. La falta de acceso a la justicia ha generado una afectación irreparable en el desarrollo de la menor.
“Lo que pedimos no es excepcional: pedimos justicia. Mi hija merece ser escuchada y protegida. Estoy cansada de pelear sola en contra de un sistema al que no le importamos las mujeres ni las niñas”, concluye la madre, haciendo un llamado desesperado a la intervención institucional.
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