Por Angélica de la Peña
El asesinato de Carlos Marzo el 1 de diciembre pasado evidenció, una vez más, el desastre en materia de seguridad pública, en los tres órdenes de gobierno, que se encuentra en una distancia fenomenal respecto del control que las bandas delincuenciales tienen en gran parte del territorio mexicano.
También evidenció otro grave problema, miles de niños, niñas y jóvenes enganchados en las drogas: el asesino de Carlos Manzo tenía 17 años y se informa era adicto a las metanfetaminas.
El consumo de cristal desde la niñez supera al alcohol y a la mariguana; el número de chicos en tratamiento a su adicción del 2017 se triplicó en 2025. Y los adictos son presa de la delincuencia precisamente por su dependencia. No es de extrañar entonces que aparezcan adolescentes como autores materiales de hechos criminales.
La vulnerabilidad en que se encuentra este segmento de la población nos obliga a analizar si lo que se ha hecho hasta hoy corresponde, por cierto, al fundamento de las leyes que obligan al Estado a prevenir, promover y proteger todos sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes deben tener espacios fiables para ser escuchados, para que expresen cuando sufren, cuando no saben cómo remontar la discriminación y exclusión social y la falta de amor por parte de sus familias; y cómo empiezan a consumir alguna droga porque se las ofrecen en las escuelas y en los barrios.
El más reciente informe de la Secretaría de Salud sobre la situación mental y el consumo de sustancias en México señala que, en los últimos 10 años, las metanfetaminas pasaron a representar de 9.5 por ciento del consumo en 2013, al 49.1 por ciento en 2023; hubo un aumento de 416 por ciento en los casos de las personas consumidoras.
El cristal es sumamente adictivo y más barato que cualquier otra droga. Los datos de las clínicas de tratamiento de la drogadicción reflejan casos de niños desde los 10 y 11 años, la mayoría sufre violencia familiar, pobreza o abandono; no tienen otras opciones, ni oportunidades y menos espacios seguros en sus barrios, pero tampoco en las escuelas. Así que no nos debe sorprender que, entre los riesgos que enfrentan, también esté el ser utilizados por el crimen organizado y luego dejados a su suerte como papel desechable.
Los adolescentes involucrados en afrentas a la ley penal no nacieron delincuentes: se hicieron en el medio donde crecen y a partir del maltrato que reciben. Sus carencias les lleva a involucrarse con otros iguales por la empatía que no tienen con sus familias, de las que muchas veces huyen.
La ley señala que padres, madres, tutores y custodios tienen la obligación de garantizar todos los derechos de las niñas y los niños. Señala también que el Estado debe proveer todo lo necesario para asegurar sus derechos humanos de manera integral y holística. Cuando un niño o niña se engancha en las drogas debemos preguntarnos cómo ocurrió y cuál fue el entorno que lo propició, incluso el escolar donde los y las maestras no tienen condiciones estructurales para evitarlo. Solo observan cómo se van perdiendo hasta que ya no regresan al aula.
El asesino de Manzo fue usado y desechado. Como miles. En alguna etapa de su vida debió optar por la reinserción social en lugar de tener un arma en la mano y matar a una buena persona. Pero no pudo porque las instituciones gubernamentales no han asumido su responsabilidad de prevenirlo.
Defensora de derechos humanos
