LaCostillaRota. Ciudad de México, 13 de noviembre, 2025.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma impulsada por la diputada Anayeli Muñoz (MC), que busca sancionar administrativamente los casos de violencia familiar cometida por personas servidoras públicas que abusan de su poder o cargo para ejercerla. La modificación, que recibió 450 votos a favor, tiene como objetivo principal evitar que el cargo público se convierta en un escudo protector contra la impunidad de la violencia de género.
La reforma se integra a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La esencia de la reforma radica en asegurar que ningún agresor pueda utilizar su posición en el gobierno para evadir la justicia. La diputada Muñoz fue categórica al señalar la universalidad de esta medida:
“Ningún agresor puede utilizar su cargo público para quedar en la impunidad, no importa si es diputado federal, local, alcalde, gobernador o algún funcionario de los tres órdenes de gobierno”, advirtió la legisladora por Aguascalientes.
La aprobación responde a una dolorosa realidad: la diputada Muñoz lamentó que siete de cada 10 mujeres en México han enfrentado algún tipo de violencia (laboral, física, sexual, psicológica, económica, familiar y política), siendo la violencia más frecuente y extrema la ejercida por sus propias parejas.
Una de las adiciones fundamentales a la ley es la obligación de las autoridades de considerar la relación de poder, subordinación y privilegio que el servidor público tiene sobre la mujer, niña o adolescente víctima al emitir las órdenes de protección.
Esta medida busca dimensionar la gravedad del riesgo, ya que el poder institucional del agresor puede ser utilizado para perpetuar el abuso y generar represalias.
Además, para mitigar el temor a las represalias dentro del servicio público al denunciar la violencia de género, el dictamen aprobado obliga a las autoridades jurisdiccionales a activar mecanismos de manera urgente para proteger a las mujeres familiares del servidor, asegurando así su seguridad y justicia.
La Bancada Naranja reafirmó su compromiso de seguir impulsando reformas que permitan combatir la impunidad de la violencia de género, sin importar el nivel de poder del agresor.
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