LaCostillaRota. Ciudad de México, 11 de Agosto, 2025.- Este 11 de agosto de 2025, feministas y representantes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, se organizaron en torno al Foro Alterno Feminista en el marco de la XVI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ciudad de México.
Mujeres provenientes de 11 países de la región, como México, Colombia, Guatemala, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Brasil, entre otros, discutieron en torno a la agenda de la sociedad del cuidado, tema de la Conferencia Regional de la CEPAL. Coincidieron en la urgencia de avanzar hacia una sociedad del cuidado en la que se reconozca la interdependencia entre las personas, así como entre los procesos productivos y la sociedad: una sociedad del cuidado, dijeron, que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y del planeta, a través del reconocimiento y goce de los derechos humanos para todas las personas y en todas las regiones del mundo.
Recordaron cómo el feminismo ha documentado, analizado y señalado la histórica e injusta organización social de los cuidados que reproduce la desigualdad entre mujeres y hombres, y que representan un obstáculo para la autonomía y desarrollo pleno de las mujeres. Mostraron cómo la sobrecarga de cuidados en las mujeres genera impactos negativos en el goce efectivo de su derecho al tiempo propio (trabajo remunerado, estudio, participación política y social, autocuidado, esparcimiento), y a ejercer su autonomía.
Identificaron al Estado como responsable de garantizar de manera interdependiente la protección de todos los derechos humanos y del derecho al cuidado en sus tres dimensiones (cuidar, ser cuidada y ejercer el autocuidado); garantizar los derechos de las personas que cuidan, reconocer el valor social de las tareas de cuidado y avanzar en la corresponsabilidad del sector privado, las familias y la comunidad, siempre coordinadas por el Estado. Por ello, advirtieron, la necesidad de que los Estados de la región actúen eficazmente para cumplir con las obligaciones ya establecidas por instrumentos como la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Convenio de 1949) y la Convención Belèm Do Parà, entre otros. Consideraron que la celebración de la XVI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en México, es una excelente oportunidad para retomar los compromisos de los Estados ya definidos en dichos instrumentos.
Los trabajos del Foro Alterno Feminista derivaron en la presentación de la Declaración Política titulada La sociedad del cuidado y la igualdad de género sólo son posibles si se garantizan todos los derechos humanos de las mujeres, que fue desarrollada con una mirada crítica y propositiva en torno a los seis ejes identificados por la CEPAL para garantizar una sociedad del cuidado.
Algunas de la propuestas a los Estados:
Los Estados construyan sistemas de cuidados, mediante la redistribución de los recursos, con acciones efectivas de justicia fiscal que detengan la obscena concentración de la riqueza, y destinen los recursos necesarios para el cuidado, comprendiéndolo como un valor comunitario y social. La efectividad de estos sistemas debe garantizar que las personas —en especial, las mujeres— que realizan el cuidado como parte de los vínculos familiares o de solidaridad social no se empobrezcan, no vean minada su salud o truncado su proyecto de vida por esa tarea.
Que los Estados cumplan con las obligaciones contenidas en la CEDAW y en el Convenio de 1949, en el queda de manifiesto que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, debe abolirse.
Garanticen como prioridad la protección y servicios sociales a las niñas y mujeres sobrevivientes de prostitución, pornografía y otras formas de explotación sexual y reproductiva, de manera que tengan la más pronta recuperación de su salud integral, así como el acceso pleno a todos los derechos que las conduzcan a su empoderamiento, como es al trabajo digno, la vivienda y la educación, como parte de los pilares del Estado de bienestar.
Impulsen un orden social y económico, donde el destino principal de la riqueza generada socialmente sea para la vida digna humana y la sostenibilidad de la vida del planeta. Esto significa que los recursos que en la actualidad se destinan principalmente a las fuerzas armadas, a conseguir clientelas electorales, a obras públicas desechables —producto de la corrupción— y a la extracción de los bienes naturales a costa de los ecosistemas fundamentales para la vida en la tierra y en los mares se orienten a favorecer una sociedad del cuidado.
Destinen los recursos financieros, estructurales y humanos adecuados y suficientes para operar y evaluar las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, en donde el eje central sea modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en estereotipos sexistas. En este rubro, las instituciones educativas tienen un papel prioritario.
Consoliden las garantías especializadas para un adecuado acceso a la justicia en los casos de violencia contra las mujeres en cualesquiera de sus tipos y modalidades que se han reconocido. Esto implica la operación de la debida diligencia en todas las materias jurídicas[1], a través de procedimientos especializados, medidas de protección y sanciones efectivas y amplias, así como la reparación del daño integral y transformadora del contexto de discriminación que causan y sostienen dicha violencia.
Actualicen las leyes y las políticas públicas para prevenir y abolir toda forma de esclavitud, entre las que se debe incluir la esclavitud sexual, principalmente contra las mujeres. La abolición de estos tipos de esclavitud, servidumbre y prácticas análogas, como los matrimonios forzados, la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y la servidumbre por deudas —entre otras— deben estar acompañadas de programas permanentes y sólidos que garanticen la rehabilitación y reparación de los daños individuales y comunitarios, siempre en forma integral y transformadora.
Garanticen los apoyos a las familias que buscan justicia para las víctimas de feminicidio, así como para las víctimas de tentativa de feminicidio, que implica la rehabilitación y reparación del daño, que incluya la atención por la afectación de la violencia institucional y la impunidad que todavía acompaña a este tipo de violencia extrema.
Eliminen las prácticas que consideran a las mujeres útiles, por ser mejores cuidadoras, pues lo hacen bien y gratuitamente[2], o que se prostituyen o rentan su vientre, frente a la desigualdad económica estructural que les impide acceder a otros medios de subsistencia; por igual están las clientelas electorales o las militantes de los partidos políticos en condiciones precarias de ingreso, expuestas a la violencia y discriminación por ser mujeres.
Se detengan los intentos de eliminar el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos. Esta premisa incluye atender a todas las esferas, donde su borrado está sucediendo en leyes, políticas públicas, espacios públicos, espacios institucionales, etcétera.
Se regule estrictamente, de acuerdo con criterios científicos probados —dentro del marco de los derechos humanos y con los principios de interés superior de la niñez y la autonomía progresiva en la adolescencia y juventud— los tratamientos ante la disforia de género, de manera que se priorice la no mutilación genital y la no dependencia a fármacos hormonales.
Protejan —de manera efectiva— la vida de las defensoras de derechos humanos,
Los Estados deben hacer una revisión de su legislación interna a la luz de la interdependencia de los derechos humanos, para reformar la legislación vigente que prioriza la explotación, extractivismo y depredación de sus recursos naturales, ya sea por el propio Estado o por empresas privadas que trasgreden los límites de lo sustentable, que contaminan las aguas, tierra y mares y que no reparan los daños que causan en el medio ambiente. La legislación y los programas deben priorizar la vida en el planeta
El Foro Alterno Feminista fue convocado ante lo que denuncian como un acto de censura operada por parte del Foro Feminista oficial, que en su convocatoria y después en la selección de las participantes, excluyó a quienes no promueven la reglamentación de la prostitución, nombrándola como trabajo sexual, ni se suman a borrar y excluir a las mujeres, bajo el argumento de inclusión de las personas transexuales.
Concluyeron con las consignas:
¡No más violencia hacia las mujeres!
¡Basta de retrocesos en nuestros derechos humanos!
¡Por una cultura feminista abolicionista en México!
¡No al Borrado de las Mujeres!
¡Por la vida y la libertad de las mujeres!
[1] Administrativas, laborales, civiles, familiares y penales.
[2] abuelas que cuidan, trabajadoras que necesitan flexibilidad laboral y por tanto aceptan trabajos precarizados.
