Por Claudia Espinosa Almaguer
A punto de darse otro 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, la reacción de las mexicanas se va a caracterizar en una entidad particular: San Luis Potosí. Ubicada en el centro norte del país con una población de casi tres millones de personas de las cuales más de la mitad son mujeres y niñas, antes de la pandemia medio millón declaró al INEGI haber sido víctima de violencia, a lo que se añadieron varios feminicidios en la zona huasteca, una región rica en recursos y dejada a su suerte ante el fenómeno del crimen organizado.
Es decir, teníamos los ingredientes para declarar Alerta de Violencia de Género, como se hizo en 2017 a raíz de la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que ahora avaló su retiro en 3 municipios sumamente peligrosos: Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. De este modo, sin ser nuestra voluntad protagonizar la protesta colectiva, San Luis fue elegido para comenzar a experimentar el desmantelamiento de este mecanismo en México sin motivos razonables.
Alcanzamos a identificar una necedad del Gobierno Federal y el partido en el poder en forzar en la titular del Ejecutivo un feminismo que es incoherente con los gestos que ha tenido a lo largo de su trayectoria como política, al parecer se ve mal un país donde habiendo una mujer impere la violencia feminicida, por ello es necesario desvanecer la idea de que al resto nos matan impunemente y nos tiran a la basura en todas partes.
Además, este año México será sede de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en agosto, “como en 1975” dicen desde la Secretaría de las Mujeres, recordando que fue anfitrión de la primera conferencia llevada a cabo en Tlatelolco, una acción respondida desde el movimiento feminista con el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeresconvocado del 4 al 8 de marzo de 1976 en el que Simone de Beauvoir dijo:
“Considero este encuentro como un gran acontecimiento histórico. A diferencia de México, donde las mujeres, dirigidas por sus partidos políticos, por sus naciones, sólo buscaban integrar a la mujer en una sociedad masculina, vosotras estáis reunidas aquí para denunciar la opresión a la que se ve sometida la mujer en esta sociedad”.
Sus palabras se hacen vigentes, a nivel internacional nuestro país presume un incontable número de acciones que carecen de respaldo con la realidad que atravesamos 64 millones de mujeres, siendo que las potosinas fuimos escogidas, usemos el deplorable estado de las reformas jurídicas que se han legislado o que se discuten para demostrar que nos han cambiado los derechos por un cúmulo de ocurrencias inoperantes.
- El derecho a decidir
Luego de casi treinta años de lucha feminista, la ILE de Ciudad de México de 2007 tuvo como reacción negar el acceso al aborto seguro en 19 estados de la República, de San Luis se hizo cargo en 2009 la Quincuagésima Octava Legislatura, que votó por mayoría un cambio al artículo 16 de la Constitución local para proteger “la vida desde el momento de la concepción”.
A partir del criterio de la Corte de no poder continuar sancionando este tema en términos absolutos, vindicar el derecho a decidir de las potosinas exigía producir una reforma racional y proporcional en el derecho penal y en la ley de salud, creando un plazo de 12 semanas para la interrupción legal del embarazo. Era suficiente votar a favor de una de muchas iniciativas entre las que fueron rechazadas por los legisladores, al no haberlo hecho hemos obtenido una deformidad jurídica.
La determinación que provocó el cambio, la resolución de amparo 765/2024 no fue pensada en coherencia al derecho penal. Una organización estableció como actos reclamados los artículos del código donde se sancionaba el aborto y se definía, además de la excluyente para cuando corriera peligro la vida de la mujer, ante ello el Juzgado Tercero de Distrito “razonó” para esta última:
“Dichos dispositivos coadyuvan nocivamente a que subsista una noción de criminalidad en relación con la acción de abortar aún, tratándose de supuestos en los cuales la concepción se dio en un marco de ausencia de consentimiento de la mujer, como lo es el aborto por violación, o bien se pretende dar cobertura y protección a la salud (aborto por peligro en la salud de la mujer embarazada). Es decir, su inconstitucionalidad radica en que las disposiciones califican como delito el actuar de la mujer o persona gestante como un crimen, contribuyendo negativamente al derecho de decisión”.
Así, para el Juez Federal las excluyentes (de responsabilidad) son peores que la vigencia misma del delito entero cuya tipificación al interior de una norma punitiva es en esencia la “noción de criminalidad” de la que se dolían quienes impulsaron el amparo, de tal suerte tenemos, y esto es un ejemplo para el resto de México, una figura despedazada que provoca efectos contrarios a los deseados, hay una falta de certeza y claridad jurídica además de que cualquier interrupción hecha para salvar la vida de las mujeres en riesgo de muerte, serían sancionables para el personal médico desde la entrada en vigor de la reforma, es decir desde el 12 de noviembre de 2024.
- El derecho a una vida libre de violencia
La caracterización de la violencia feminicida en San Luis Potosí, además de darse en las cifras de desapariciones y asesinatos, se constituye a través de otras formas de agresión, de enero a diciembre de 2024 hubo 12 feminicidios, 32 homicidios dolosos, 66 culposos, 12,335 carpetas de investigación iniciadas por los delitos de lesiones, violencia, trata, corrupción y violación, además de 14,574 llamadas a 911 por actos de agresión contra mujeres. Estos fenómenos delictivos no han disminuido desde 2006 en ningún momento.
Sin embargo, en lugar de continuar creando estrategias coherentes para atender el problema el gobierno se ha dedicado a negarlo, una ideología inserta desde hace tres años que nos devuelve a mirar la violencia contra las mujeres como un asunto de “familia” cejó todos los esfuerzos por integrar un enfoque moderno a la prevención, atención y sanción de estas prácticas. Algunas iniciativas en el Congreso son muestra de que tan en serio se toma el Estado los delitos contra la vida, la integridad y la libertad sexual de las mujeres:
En 2019 se introdujeron dos propuestas para sancionar con mayor severidad las lesiones por sustancias, lo cual degeneró en el actual tipo penal denominado “lesiones por razón de género” mediante el cual los juzgadores pueden hoy día disminuir hechos que tendrían que perseguirse como tentativa de homicidio o feminicidio, debido al riesgo concreto en que se pone la vida de las mujeres en cada caso.
Parece que resolverlo ha caído de nuevo en la usura de proponer reformas desde varias entidades nombradas como “tentativa de feminicidio” incluida la nuestra, olvidando que dicho alcance en la ejecución debe ser tipificado de forma general y abstracta porque aplica para todos los delitos y que cualquiera de estos amerita un análisis del capítulo entero que le contiene a fin de evitar como ahora, que existan supuestos duplicados con penas distintas.
Mismo caso, en cuanto a producir iniciativas desvinculadas de los derechos fundamentales de la Constitución yace desde abril de 2023 cuando se propuso por parte del poder Ejecutivo una reforma al Código Penal a fin de integrar como “medida de seguridad” la castración (física y/o química), hasta ahora nadie ha tenido el valor de desecharla por el contrario, la legislatura que la recibió, dio su apoyo absoluto desde el partido actual del gobernador, el Verde Ecologista, pero también del PT, del PRI y del PAN hubo interés en adherirse. Sabemos que todo lo que se discuta al respecto es una pérdida de recursos, de tiempo y de dinero, pero que entretiene con tal de no responsabilizarse de la seguridad de ninguna ciudadana.
- La protección a la explotación, la trata y la esclavitud
La invitación que hiciera en 2021 la Suprema Corte para sumarse a la explotación reproductiva de las mujeres y a la venta de niños y niñas ha tenido repercusiones, cuando en ese mismo año acudió al Congreso Federal la abogada Núria González López manifestó:
“No hay argumento posible, que sea compatible con los derechos humanos que acepte esta práctica en donde las personas dejan de ser sujetos de derecho para ser objetos de contrato. Aquí no se está ante una técnica de reproducción asistida en tanto los vientres de alquiler no curan la infertilidad de nadie, es un contrato en donde la mujer se obliga a entregar un hijo con determinadas características y sano, de lo contrario se puede devolver. Y cuando se abre la puerta a un mercado blanco, a una industria legal de los vientres de alquiler, así mismo se hace a un mercado negro”.
En San Luis, no es un tema nuevo, en 2016 se realizó un panel al respecto cuyo video muestra a grandes personajes locales hablando de las mujeres como animales de crianza, más adelante en 2023 se integró como parte del Tercer Parlamento de Mujeres “Matilde Cabrera Ipiña” una propuesta dirigida a regular los vientres de alquiler, pidiendo la remoción del artículo del código familiar que actualmente prohíbe el reconocimiento de la maternidad por parte de otra persona distinta a la mujer que pare.
Ante los intentos reiterados de acceder al uso de los cuerpos de las mujeres habíamos advertido que lo primero que se legisla es el aborto y lo segundo es esta forma de trata contra las madres y para sus hijos e hijas, que entran, con la excusa de un derecho inexistente a la reproducción del material genético del comprador, en una condición de objeto.
Pero se insiste, el 25 de febrero pasado el “Colegio de Abogadas de San Luis Potosí A.C.” realizó una mesa denominada “Gestación subrogada, Factores Sociales y Avances Legales” donde participaron Graciela Treviño Rodríguez, secretaria general del Supremo Tribunal, Mónica Kemp Zamudio, coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres y Miriam Castillo promovente de la iniciativa a favor de la regulación. Allí han opinado que es un tipo de embarazo “diverso” al común, que es un avance de la ciencia a lo que la diputada priista Frinee Azuara dijo que debe legislarse esta “nueva forma de familia” para llevar a cabo el “milagro de la vida” y demás retórica pronatalista al costo de quien pueda pagarla.
- El reconocimiento y protección a la dignidad humana
El odio del Estado contra sus ciudadanas finalmente fue sacado del closet en enero, a raíz del traslado de 40 mujeres privadas de su libertad que estaban recluidas en el Cereso de la Pila, al de Xolol en el municipio de Tancanhuitz, lejos de su familia y en condiciones de grave hacinamiento y abandono lo cual fue dado a conocer por sus familias quienes no fueron notificadas de esta decisión que habrían tomado desde la autoridad penitenciaria con el aval del Poder Judicial.
De acuerdo a la información de la reportera local Marcela del Muro, prevalece en las mujeres una grave afectación a la salud física y mental al grado de la ideación suicida, es decir no se trata sólo de la distancia a la que ahora están del entorno que les permitiría impulsar su reinserción, sino que se carece de condiciones dignas, han denunciado estar sin luz, agua limpia o recursos para el aseo personal y la menstruación, vivir entre alimañas y ser objeto de palizas, lo cual se ha explicado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es un esfuerzo por cumplir con la Recomendación 73/2019 de la CNDH.
Desde luego ese documento no indica que para proteger a las mujeres es válido violar los mismos derechos humanos que dieron fundamento y motivación a la recomendación, allí se aborda la solicitud al Estado de construir un centro femenil de reinserción social designando una partida presupuestal específica para ello, ampliar la plantilla de personal directivo, técnico y operativo de los 6 Ceresos de la entidad para que se contrate a mujeres para atender a las que están en prisión e implementar cursos de capacitación en materia de derechos humanos, interés superior de la niñez y perspectiva de género al personal encargado de la dirección y operación del sistema penitenciario.
La decisión del traslado prueba en el corto plazo que esos cursos nunca se dieron, pero además muestra la crueldad con la que se actúa y la escasa defensa que pueden oponer las mujeres más vulnerables cuando el Estado las pone de ejemplo para el resto.
El sábado vamos a marchar, aun cuando ya han iniciado las amenazas para la protesta, pensar que sería sencillo usar a San Luis Potosí, a las mujeres que habitan aquí para silenciarlas y proveer a su sometimiento es no conocer nuestra historia. Seguimos.
Foto de Andy Pozos: https://www.pexels.com/es-es/foto/gente-calle-multitud-muchedumbre-11861981/
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