#LaAgendaDeLasMujeres | Por Mónica Mendoza Madrigal
Desde el proceso electoral 2021, entró en vigor el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, base de datos pública que contiene los nombres y cargos de a quienes se les sanciona por haber cometido este delito, nuevo en la Ley, pero tan viejo como la práctica política misma.
¿Es igual la violencia que se ejerce en política hacia hombres que hacia mujeres? No. Y la razón estriba en la situación de desigualdad en que viven las mujeres y que las hace (nos hace) más vulnerables al momento de ser violentadas y sus consecuencias merman la calidad de la democracia, pues esos actos acaban por limitar el ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales, despolitizándonos.
Por eso una forma de reconocer este fenómeno específico es dándole un nombre que haga visible esta forma particular de violencia.
Pero no es tan solo la exhibición pública la sanción a que se hacen merecedoras las personas que cometen estos actos, sino que en algunos casos esto viene acompañado del impedimento de participar con una candidatura por un tiempo determinado, de acuerdo con la sanción impuesta por parte de la autoridad electoral que así lo determina.
De que este tipo de delito entró en vigor al día de hoy, hay 374 registros en este padrón y han sido sancionadas 328 personas, de las cuales 63 son mujeres y 265 son hombres, dato revelador que pone de manifiesto que lo que se sanciona es la conducta, misma que aun cuando quien la comete llegan a ser mujeres, la cifra se cuadruplica cuando se trata de hombres, reiterando el ejercicio desproporcionado de poder que éstos ejercen en contra de mujeres, a quienes se considera más vulnerables.
Es muy relevante conocer quiénes son las personas que hasta ahora han sido sancionadas, siendo que la mayor parte de las y los violentadores ejercen el cargo de presidentes o presidentas municipales, poniendo con ello claramente de manifiesto que el riesgo mayor en la comisión de esta forma de violencia se sitúa en el ámbito local, foco rojo que debe motivar acciones preventivas inmediatas.
Aun cuando el segundo lugar de incidencias en la comisión de este delito lo ocupan ciudadanos y ciudadanas, la mayor parte de las personas cuyos nombres están contenidos en el registro ejercen algún cargo público tanto a nivel municipal como en el plano legislativo, situando justo detrás de ellos a directivos de medios de comunicación y comunicadores.
Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en este registro de violencias con 47 personas sancionadas, de las cuales siete son mujeres y el resto hombres; una de estas personas incurrieron en la VPGM en el ámbito estatal y las 46 restantes en el ámbito municipal, lo que reafirma que el local es el terreno más peligroso para las mujeres.
En un análisis de los cargos y ocupaciones de quienes incurren en estas conductas, en 27 de los 47 casos se trató de violencias ejercidas por quienes ocupaban la presidencia municipal, cifra dentro de la cual se sitúa el caso de un ex alcalde de Altotonga, quien en 11 ocasiones fue denunciado y encontrado responsable de Violencia Política en contra de una ex regidora de ese Cabildo –el mayor reincidente de violencia política en todo el país– y quien a pesar de que permanecerá impedido de ser candidato hasta el 2028, lo increíble es que no se le haya retirado el modo honesto de vivir, lo cual pone de manifiesto los abismos legales que aún subsisten y sobre los que sí es necesario legislar, aunque para ello falta quien esté en disposición de asumir el costo político que ello representa, ya que esta propuesta se la presenté a algunas personas legisladoras locales actuales, cuando recién iniciaban gestión, y la respuesta fue que “se quedarían sin candidatxs” si legislaban en esa materia.
Las conductas en las que en Veracruz se ha incurrido mayormente son variopintas, aunque una clara mayoría tienen que ver con omisiones cometidas en el ejercicio de la labor edilicia, específicamente generando omisiones a las convocatorias a Cabildo o bien, no entregándoles la documentación completa para que puedan generar votaciones reflexivas; aunque también ha habido denuncias por acoso sexual, por trato diferenciado a partir de objetivaciones sexuales y por la difusión de materiales ofensivos, ya sea en medios impresos o en redes sociales.
A todo ello, las y los violentadores políticos han merecido siete amonestaciones públicas, ocho multas económicas, dos remociones del cargo y en 31 casos no ha habido ninguna sanción, lo que es terrible pues les manda el mensaje de que sus acciones no tienen consecuencias.
El último aspecto que referiré derivado del análisis de los generadores de violencia política en Veracruz es que el tipo de violencia que más se ha cometido, de acuerdo con las denuncias presentadas por las víctimas, es la violencia simbólica que de ninguna manera es menor, ya que ésta genera daños irreversibles emocionales en la víctima y provoca un daño enorme a su reputación pública, generando afectaciones que alcanzan incluso a sus familiares y lesionando la percepción de la ciudadanía hacia ellas.
No extraña pues que Veracruz sea el segundo estado a nivel nacional en violencia política, pues sus elevados índices tanto en la comisión de otras formas de violencia contra las mujeres –como lo es el feminicidio– y la alta impunidad que existe, cobijan la comisión de más y más delitos que terminan por descomponer el equilibrio social, en donde es muy fácil agredir o violentar a una mujer. Porque aquí, simplemente no pasa nada.
Foto de Matt Gush desde Getty Images
