Por Yolanda Elías Calles Cantú
En un sistema democrático, la gobernabilidad de un Municipio, Estado o País depende en gran medida de la legitimidad de las autoridades emanadas de procesos electorales apegados a los principios básicos de equidad, transparencia, igualdad, legalidad, objetividad e imparcialidad, y esto descansa necesariamente en la confianza ciudadana en la AUTONOMÍA -respecto de los gobiernos en turno- de los organismos encargados de organizar, procesar y calificar las elecciones. De aquí la enorme importancia de garantizar a la ciudadanía la AUTONOMÍA de los Organismos Constitucionales a cuyo cargo está la función de Estado de organizar las elecciones, y no se puede garantizar una autonomía técnica, ni de gestión y mucho menos política si antes no se cuenta con AUTONOMÍA FINANCIERA.
El financiamiento de Estado en materia electoral se divide en dos vertientes:
- Por un lado, está el financiamiento a Partidos Políticos, que se calcula anualmente a nivel federal y estatal mediante una fórmula que incluye factores como la votación obtenida en la elección inmediata anterior y el Padrón Electoral. No está sujeto a negociación, simplemente el poder legislativo aplica la fórmula y el recurso se asigna. Los presidentes de los partidos no tienen que justificar la necesidad del recurso, ni acudir a ninguna oficina a presentar su solicitud, ni presentar un plan de gastos ni nada. Además, los partidos políticos tienen un amplio margen de discrecionalidad para la manera en que se ejerce el presupuesto, aunque están sometidos a la fiscalización de las autoridades electorales.
- Por otro lado, está el financiamiento a los Organismos encargados de organizar y calificar las elecciones (INE, OPLES, TEPJF, Tribunales Electorales Estatales), que en el caso de INE y OPLES se utiliza para el cumplimiento de funciones tales como Integración del Padrón Electoral, emisión de Credenciales de Elector, instalación y equipamiento de casillas, impresión de boletas electorales, monitoreo de medios de comunicación, fiscalización a los Partidos Políticos, Oficialía Electoral, operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, difusión de la cultura cívica, organizar y desahogar ejercicios de participación ciudadana como la Consulta Popular, etc. Este recurso se solicita anualmente ante la autoridad correspondiente (generalmente a través del Poder Ejecutivo para que este lo incluya en su proyecto de Presupuesto), y cada año se hace necesaria una especie de justificación y negociación para la obtención de un recurso que está destinado al cumplimiento de una obligación constitucional, es decir, no es opcional el hacerlo o no. Generalmente, el gobierno se queda “corto” en la asignación del recurso solicitado, y conforme avanza el año va asignando ampliaciones presupuestales que permitan el cumplimiento de las obligaciones institucionales. Con estas prácticas se somete a las autoridades electorales a una constante necesidad de solicitar y justificar recursos.
De esta manera, el financiamiento anual de los Organismos Electorales se ha convertido en un instrumento de presión política por parte de los gobiernos estatales y federal, y esta presión no deja de tener un elemento adicional de desventaja para las mujeres, ya que en el caso de presidentas de los organismos electorales, muchas veces se topan con barreras de negociación de origen patriarcal, como son el uso todavía vigente entre algunos funcionarios de gobierno de llegar a acuerdos en lugares fuera de las oficinas o en horarios extendidos.
Justamente en estos días, ya avanzado el Proceso Electoral 2023-2024, los OPLES de Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas se encuentran en una situación de insuficiencia presupuestal que les impide cumplir con las obligaciones reglamentarias, legales y constitucionales, lo que pone en riesgo la calidad de las elecciones.
Esta circunstancia no es nueva, y a principios del 2014 la Asociación de Presidentas y Presidentes de Instituciones y Comisiones Electorales de las Entidades Federativas de la República Mexicana (APPICEEF) presentó ante la Cámara de Diputados una Propuesta de Reforma Electoral en la que se incluían cambios a la manera en que se asignan los recursos: Que se establezca una fórmula que tenga como eje el Padrón Electoral de la demarcación correspondiente y el Poder Legislativo Federal o Estatal la aplique para determinar el recurso que deberá ser incluido en el presupuesto anual, con lo que se quita la necesidad de negociar anualmente el presupuesto institucional. Así mismo, se refuerzan y amplían las facultades de auditoria de la institución correspondiente para la revisión y control del gasto presupuestal del INE y los OPLES.
Con una medida de esta naturaleza, se desmantelaría un perverso instrumento de presión política y se avanzaría hacia una verdadera AUTONOMÍA de los organismos electorales del país, con lo que no solo se abona a la legitimidad de los resultados electorales, sino que se fortalece la Democracia Paritaria.
“LA DEMOCRACIA SERÁ PARITARIA O NO SERÁ”
Especialista en temas electorales
Presidenta en funciones de la RNMDPT
