Por Wendy Figueroa Morales
En nombre de la “democratización” de la justicia, en 2024 fue aprobada por diputadas y diputados las reformas al Poder Judicial en México, conocidas como el “Plan C”, que han provocado una discusión importante sobre el tema de la justicia en nuestro país. Ante un modelo que ha replicado desigualdades, resulta urgente alzar la voz desde una posición feminista para reflexionar sobre lo que significa transformar la justicia en un país profundamente marcado por la impunidad, la misoginia institucional y la discriminación estructural.
Incluso las medidas que parecen progresistas —por ejemplo, recortar salarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación— no están realmente enfrentando lo que nos aqueja. Ni siquiera reducir los salarios alcanza esta paridad, esta sensibilidad de género, ciertamente no el acceso real a la justicia para mujeres, comunidades indígenas, etc. La austeridad no es sinónimo de transformación estructural.
Una de las propuestas más polémicas es la elección por voto popular de jueces, magistraturas y ministras, llevada a cabo el pasado 1 de junio de 2025. Si bien democratizar la justicia suena deseable, en un país donde la información jurídica es inaccesible para la mayoría y la violencia política es cotidiana, esto podría derivar en un control aún mayor del poder político sobre las decisiones judiciales. Y ya sabemos que un Poder Judicial subordinado al poder de turno nunca ha garantizado los derechos de las personas más vulneradas socialmente y por un sistema patriarcal, las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida.
La autonomía judicial no es un lujo técnico: es una condición para que exista justicia con perspectiva de derechos humanos. Sin independencia, no hay garantías para proteger a quienes históricamente han sido excluidas. En México, lamentablemente miles de mujeres se enfrentan diariamente a la revictimización, la impunidad, la misoginia judicial y a la falta de acceso a la justicia.
Es ahí donde el feminismo propone una vía clara: una Justicia Judicial Feminista. Desde las organizaciones feministas y de la sociedad civil, existen acciones dirigidos a una transformación profunda del sistema judicial. Un ejemplo de ellas es el primer Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género, firmado en febrero de 2022, siendo un esfuerzo colectivo para establecer mecanismos de participación y colaboración ciudadana, fomentado un diálogo horizontal con los Poderes Judiciales locales, los órganos de transparencia y la ciudadanía, promoviendo políticas que garanticen una justicia con perspectiva de género e igualdad.
Más de 54 organizaciones entre ellas EQUIS: Justicia para las Mujeres, A.C y la Red Nacional de Refugios, A.C, 10 Poderes Judiciales y 26 órganos de transparencia nos adherimos a esta iniciativa, que contempla siete líneas estratégicas como la publicación de sentencias, la transparencia proactiva, la capacitación judicial y la generación de datos accesibles. Este pacto es una apuesta concreta por institucionalizar una Justicia Abierta Feminista, que involucre a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la academia y a los propios poderes judiciales en la construcción de soluciones reales y sostenibles.
Por lo tanto, el camino hacia la justicia feminista ya ha comenzado y tiene propuestas claras. Lo que exigimos ahora es que no se retroceda ni se borre el camino recorrido, sino que se consolide con participación, vigilancia ciudadana y compromiso político real.
No se trata solo de añadir mujeres y ajustar el lenguaje, se trata de reimaginar el sistema judicial en su esencia. Para los feministas, la justicia debe significar procesos de selección con participación pública y transparencia, cercanía territorial con las comunidades rurales e indígenas; decisiones judiciales con enfoque interseccional y políticas basadas en evidencia. Y, sobre todo, implica escuchar a las mujeres sobrevivientes de violencia machista, a los movimientos sociales, a las organizaciones feministas que estamos en el territorio.
Desde una mirada feminista, es indispensable que el acceso a la justicia ponga en el centro los derechos humanos, la igualdad, la eliminación de las estructuras de poder e impunidad que perpetúan las violencias y discriminaciones.
Alzamos la voz: para que esta reforma al Poder Judicial y las recién elecciones del 1 de junio no se conviertan en un retroceso en la defensa de los derechos humanos, sino en la posibilidad de construir una justicia verdaderamente transformadora, una oportunidad para exigir transparencia, formación con perspectiva de género, y representación real de las voces históricamente excluidas. Una justicia con nosotras, para nosotras, y desde nosotras. ¡Una justicia feminista!
