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Por Lorena Villavicencio Tacuri, Sara Mantilla Pacheco y Danna Urdaneta
Desde el año 2017 la penetración del crimen organizado en las instituciones derivó en una creciente ola de violencia y la profundización de la crisis carcelaria, lo cual debilitó la seguridad ecuatoriana. El presidente Daniel Noboa mediante Decreto Ejecutivo Nro. 111 del 9 de enero de 2024 calificó a veinte y dos grupos delincuenciales como actores no estatales beligerantes o grupos armados organizados.
Para Isabela Raquel Bermeo Sandoval del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito “Ecuador, sin lugar a duda, padece en la actualidad de un contexto de crimen organizado. Este desafío se manifiesta a través de actividades relacionadas con la delincuencia transnacional, que se elevan al ámbito de aplicación de la Convención de Palermo. Estas actividades ilícitas afectan las condiciones políticas, sociales y de seguridad del país, pero no han generado las condiciones necesarias para recaer dentro del marco de un Conflicto Armado No Internacional (CANI)”, es decir, un conflicto armado interno.
La caracterización de la violencia en Ecuador es un debate abierto que marca líneas grises en la implementación de las políticas y el accionar de la Fuerza Pública. En cuanto a la violencia estructural el Boletín Técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos N° 02-2025-ENEMDU Pobreza y desigualdad publicó que la Tasa de Pobreza Multidimensional Moderada en diciembre de 2024 llegó a 71,2 % en el área rural y a 26,6 % en el nivel urbano. Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) la población ocupada en el sector informal llegó a 58 % en la misma fecha. Además, el 2024 cerró con 6987 homicidios intencionales según el Ministerio del Interior, lo cual hace de este año el segundo más violento de su historia.
En cuanto a la desigualdad y el conflicto emerge de las diferencias económicas, valores en pugna y desequilibrios de poder. En el caso de la seguridad, esto se traduce en territorios donde el crimen organizado llena los vacíos dejados por el Estado en comunidades donde la falta de oportunidades empuja a los jóvenes hacia economías ilícitas y en el sistema judicial no logra operar ni garantizar la tutela efectiva de derechos.
Más allá de las respuestas punitivas y de mano dura es urgente repensar las causas estructurales del conflicto social. La prevención del delito mediante educación, empleo y cohesión social debe convertirse en un pilar de la estrategia de seguridad. No podemos construir la paz sin atacar las causas que generan la violencia.
La violencia de género es una herida abierta
Independientemente de estas y otras caracterizaciones políticas y jurídicas, en los hechos la violencia de género es una fisura no considerada en materia de seguridad. María Fernanda Noboa, coordinadora de la Red Amassuru Ecuador, escribió en enero de 2024 para esta columna que el escenario actual a su vez configura otros escenarios complejos de violencia de género que deben ser prioridades estratégicas en seguridad y que son alertas tempranas respecto de la variables críticas y factores que incidirán en las tipologías de violencia.
Para Noboa la disolución de la población femenina es una estrategia de grupos criminales mediante:
- La violación sistemática y homogénea de mujeres provocando estados de vacío de la pertenencia simbólica y generando funcionalidades forzadas en medio de prácticas de gobernanza y soberanía criminal.
- Potenciales masacres y posesiones de los cuerpos de las mujeres que construyen analogías de dominación con los territorios más empobrecidos.
Además, Noboa considera que poco o nada se reflexiona en torno a la multiplicación de tipos de violencias que van más allá de la soberanía y el control territorial.
Impedimentos para la paz
El Estado ecuatoriano está marcado por factores que se constituyen como los mayores impedimentos para las conexiones hacia la paz:
- Las distintas manifestaciones de la violencia estructural.
- La corrupción institucionalizada.
- La desconfianza por la debilidad institucional.
- El miedo generalizado producto de las acciones del crimen organizado.
- La ausencia de mecanismos de clasificación que definan criterios y procesos para identificar diferentes tipos de conflictos.
- La escasez de información disponible limita establecer el vínculo entre los grupos identificados en el decreto y un posible o eventual conflicto armado.
- La ausencia de formación estratégica y de anticipación que rebasen las miradas cortoplacistas, que dirijan una solución que priorice la autonomía económica de las mujeres y la justicia con enfoque feminista, étnico e interseccional. Para ello la Red Amassuru publicó el libro Estudios Feministas de Seguridad desde América Latina y el Caribe, coordinado por Alessandra Jungs de Brasil.
El debate invisible sobre la corrupción
La corrupción es un desafío persistente en la ejecución de políticas públicas en Ecuador. La incursión del crimen organizado en todos los ámbitos, sin dejar de lado el área judicial y penitenciaria, nos pone a reflexionar sobre la necesidad de abordar directamente este problema para lograr avances significativos hacia la paz y la estabilidad.
La normalización y el enquistamiento de la corrupción hace que su discusión pública sea invisibilizada. En 2024 Encuesta sobre Corrupción en América Latina de Miller & Chevalier señalan el crecimiento de leyes de anticorrupción nuevas y más estrictas donde la jurisdicción ecuatoriana es un referente. Por ejemplo, en febrero de 2021 se reformaron “las disposiciones anticorrupción de su código penal para introducir nuevos delitos como corrupción en el sector privado, obstrucción de la justicia y sobreprecios en la contratación pública; modificar las sanciones”, entre otros.
A pesar de los esfuerzos normativos Ecuador sigue en la lucha por ir hacia la real aplicación de las leyes. La misma encuesta señala que el 70 % considera que la corrupción es un obstáculo importante, incluso identifica deficiencias a nivel judicial donde la falta de confianza a este nivel subió al 72 %. La corrupción trasciende hasta los medios de vida de los ciudadanos, el 56 % de las personas encuestadas dijeron que habían perdido negocios debido a este flagelo.
La ineficacia institucional se da en todas las funciones del Estado y se manifiesta por la no estructuración o concreción de objetivos, lo cual genera desconfianza ciudadana por la permeabilidad de la estructura orgánica institucional. Una política de mano dura puede reforzar la percepción ciudadana de confianza porque “las cosas se están haciendo bien”, al mismo tiempo que trae consigo importantes impactos humanitarios y acarrea el desgaste de las fuerzas del orden.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto Imagen Generada con IA por LCR
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
LORENA VILLAVICENCIO
Cuenta con amplia experiencia en el sector de la defensa, habiendo trabajado en el ámbito del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Su labor se enfoca en la integración de las perspectivas civil y de género, con el objetivo de desarrollar estrategias más inclusivas y efectivas en este campo. Además, es miembro activo de la Red Amassuru en Ecuador.
SARA MANTILLA
Es experta en mediación y capacitación, dedicada a fortalecer habilidades socioemocionales para la resolución pacífica de conflictos. Licenciada en Ciencias de la Educación (UTE) y Magíster en Educación y Proyectos de Desarrollo con Enfoque de Género (UCE), actualmente cursa una maestría en Mediación y Gestión del Conflicto (VIU).
Certificada por la Procuraduría General del Estado y habilitada por reconocidos centros de arbitraje en Ecuador, es docente universitaria y formadora de mediadores. Su enfoque innovador impulsa proyectos de convivencia escolar y educación en cultura de paz, consolidándola como referente en su campo.
DANNA URDANETA
Es venezolana, feminista, periodista, investigadora del genocidio y la paz en Colombia, cubre el proceso de paz con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y hace seguimiento al proceso de paz total con las FARC-EP y la Segunda Marquetalia. Actualmente es coordinadora de los Spaces en X de la Red Amassuru: Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe.
