Por Isabel Chavarría
A un año y 14 días de haber descubierto más de 166 mil fotografías y videos reales y alterados con Inteligencia Artificial (IA) de más de mil mujeres en el iPad de Diego “N”, las alumnas y ex alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) buscan la primera sentencia en Latinoamérica y el mundo sobre violencia digital a través del uso de Inteligencia Artificial contra su agresor: Diego “N”.
Fue el 6 de octubre de 2023 cuando las estudiantes del Politécnico descubrieron imágenes y videos sexuales reales y simuladas con IA en los dispositivos de Diego “N”, en estos contenidos aparecían algunas de ellas, además de compañeras, ex alumnas y otras mujeres entre 17 y 25 años de edad, el ahora ex alumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del IPN fue expulsado el 16 de octubre de 2023 tras la movilización de las estudiantes.
Hoy se cumple más de un año y estamos más cerca de obtener una sentencia histórica que marcaría un hito en materia de acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia sexual digital gracias a la Ley Olimpia, nunca antes se había sentenciado a alguien por contenidos creados con IA porque se cree que lo virtual no es real en un mundo en el que hay más consumo de Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes y contenidos sexuales que todas las plataformas socio digitales juntas, en donde la mayoría de estos contenidos fueron producidos y grabados sin consentimiento y que los cuerpos de las mujeres pueden ser usados para la diversión y explotación en Internet, sin embargo, la violencia digital en todas sus formas atenta contra los derechos digitales y humanos principalmente de las mujeres y niñas.
Todo comenzó entre el 6 y 17 de octubre de 2023, cuando a raíz del descubrimiento de contenidos sexuales, las estudiantes interpusieron 8 denuncias ante la Fiscalía, se enfrentaron a la revictimización y subestimación de su caso, a comentarios de funcionarios que argumentaban que “no había delito”. Dieron a conocer públicamente su caso, se movilizaron por días en Canal 11, en el casco de Santo Tomás, en la Fiscalía de CDMX, cerraron calles, difundieron boletines de prensa y entregaron pliegos petitorios, se organizaron hasta formar la Asamblea Colectiva de Lucha para el Acceso a la Justicia sobre los Actos de Violencia Digital o Asamblea Colectiva Justicia Digital IPN.
La resistencia y persistencia de las alumnas lograron que el 12 de octubre fueran recibidas por la coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ-CDMX para dar seguimiento a las denuncias y brindar medidas de protección y atención integral.
INEGI estima que en general el 92.9% de delitos no son denunciados o las denuncias no derivaron en carpetas de investigación, esta cifra negra se debe en gran parte a la desconfianza de la población en las Instituciones de acceso a la justicia porque sólo el 39% de cada 100 mexicanos considera que el desempeño de los jueces y ministros es bueno, la desconfianza aumenta más aún si se trata de violencia de género y, en este caso de violencia digital.
En el informe sobre Violencia Sexual Digital (VSD) contra mujeres en México: El papel de Ley Olimpia en la transformación de los mandatos de género que la sostienen (Frente Nacional para la Sororidad: 2024), se mencionan los cambios a nivel social, institucional y empresarial respecto a la prevención, atención y sanción de la violencia digital y, aunque han habido grandes cambios en los mandatos de género que sostienen la violencia digital, la percepción de la sociedad mexicana frente a la violencia digital y aun cuando las instituciones han creado protocolos, campañas y actividades de prevención, no ha sido suficiente, cada día aumentan los casos de agresiones y amenazas en el espacio digital que atentan contra la integridad y seguridad de las mujeres que encuentran otras formas de agredir a través de avatares, la difusión de datos personales, el uso de Inteligencia Artificial y “robots sexuales” por mencionar algunas.
De acuerdo con el Informe, en la Ciudad de México fueron reportadas 2,682 denuncias entre 2019 y 2023, siendo 2021 el año que más denuncias hubo por el delito de violación a la intimidad sexual (Ley Olimpia), no obstante, no hay reportes de sentencias contra los agresores, pero esto no quiere decir que la lucha contra la violencia digital y la tipificación del delito de producción y difusión no consentida de material íntimo ha sido en vano, México cuenta con un sistema de justicia complejo que no beneficia a las mujeres, por ello ha sido necesario sensibilizar, concientizar, visibilizar y movilizar, para que estemos seguras también en Internet.
Después de las denuncias y movilizaciones, el 16 de octubre de 2023 la Asamblea Colectiva Justicia Digital IPN hizo público en redes sociales el caso de Diego “N”, después de haber denunciado y encontrar apoyo entre mujeres activistas, estudiantes, psicólogas, abogadas, amigas, madres y padres, lanzaron un comunicado especificando que fueron 166 mil imágenes con 20 mil videos utilizados con fines de explotación sexual digital y comercializados en grupos de Telegram, ante esta declaración y presión pública, el IPN expulsó a Diego “N” de la Institución y así concluyó la primera parte de esta lucha; el 26 de octubre, Diego “N” fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) mediante una orden de cateo en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón, se le dictó prisión preventiva y el 29 de octubre el juez dictó su vinculación a proceso, iniciando así, otro camino más cerca de la justicia y reparación del daño.
La fuerza y valentía de las compañeras estudiantes siguió con las movilizaciones en las calles, en las marchas, en la escuela y en las redes sociales, desde el 18 de noviembre siguieron manifestándose en la ESCA hasta que en febrero de 2024 continuaron las audiencias, este otro camino complejo hacia la justicia ha estado lleno de incertidumbre, han sido casi 14 meses en los que las denunciantes han tenido que faltar a la escuela, a sus trabajo, e incluso perdido oportunidades académicas de intercambio.
Las jóvenes víctimas de violencia digital experimentan consecuencias que atentan contra su salud física y mental como ansiedad, ataques de pánico, depresión y pensamientos suicidas que llevaron a Julissa a quitarse la vida en Coahuila y a Belém San Román en Argentina, dos jóvenes que más que suicidarse fueron asesinadas en cada like, en cada grupo de WhatsApp y en cada comentario culpándolas de haber sido víctima de violencia digital.
En el Informe sobre Violencia Sexual contra Mujeres, se estima que el 38.49% de las mujeres que ha hecho sexting no lo volvería a hacer después de conocer los riesgos a los que son expuestas, pues no hay sexting seguro en un Internet patriarcal, hoy en día no hay forma de garantizar que los contenidos sexuales se bajen totalmente de Internet o que no vuelvan a ser publicados, pero además del sexting, ya no es necesario mandar fotografías íntimas, la Inteligencia Artificial, el robo de datos y la suplantación de identidad complejizan aún más los riesgo a los que las mujeres estamos expuestas, se pueden generar identidades falsas y contenidos editados o simulados con Inteligencia Artificial; las llamadas “Deep fakes” de las que las estudiantes del politécnico fueron víctimas.
El uso de la identidad y los cuerpos de las mujeres con fines sexuales atenta contra la integridad de las de quienes son víctimas ya que, en este sistema patriarcal, son ellas quienes deben cargar con el estigma y aislamiento social y digital, además, quienes deben hacerse cargo de obtener su propia justicia.
En 9 febrero de 2024, aún en prisión preventiva, la defensa de “Diego “N” amenazaba con conseguir una audiencia para que juez permitiera llevar su proceso en libertad la cual fue suspendida, las estudiantes continuaron con las movilizaciones e informando los avances del caso, hasta que, el 9 de marzo, su agresor es procesado por su implicación en el delito de trata de Personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico de personas menores de edad realizando actos sexuales, es decir, ya no sólo sería juzgado por la Ley Olimpia sino por un delito más que atenta contra la víctimas menores de edad.
El 15 de marzo se unificaron las 8 denuncias que podrían beneficiar a Diego “N” pero también a las víctimas pues su agresor sería sentenciado por cada una de las imputaciones. El proceso continuó con la presentación y depuración de los medios de prueba, la fecha para el inicio del juicio oral parecía incierta hasta que el 6 de noviembre se llevó a cabo el primer juicio oral en el Reclusorio Oriente de la ciudad, se desahogaron todas las pruebas, se movilizaron las y los estudiantes, se organizaron las activistas del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, y los padres y madres de familia y acudieron a acuerpar miembros de otras colectivas feministas.
Hoy, es un día histórico para la lucha feminista latinoamericana contra la violencia sexual digital, Diego “N” no estará libre, será la primera sentencia por producción, difusión y venta de contenidos íntimos generados con Inteligencia Artificial, Diego “N” robó fotos de redes sociales de compañeras de la Institución para modificarlas y hacer que parecieran desnudas a través de Inteligencia Artificial con la finalidad de comercializarlas, no será primero ni el último porque existe la Ley Olimpia.
