Por Claudia Espinosa Almaguer
Un fenómeno que ha acompañado al feminicidio desde que comenzó a ser socialmente relevante al norte del México es la desaparición de las mujeres, el Estado Mexicano ha informado a Naciones Unidas que desde 1992 a 31 de diciembre de 2019, se registraron 63,014 mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas o no localizadas de las cuales 15,866 no han sido localizadas o se desconoce su paradero; 47,148 han sido localizadas: 46,387 con vida y 761 sin vida.
Desafortunadamente si el sexo juega en contra de más de la mitad que somos en el país en tanto funge por sí sólo como categoría de riesgo, también lo hacen los estereotipos y la misoginia de quienes tienen el trabajo de buscarnos y con ello me refiero a los cuerpos policíacos de investigación cuya tara también es histórica.
En el dictamen de Marcela Lagarde sobre el Caso González y otras, evidencia el enorme obstáculo que representó este sesgo machista al momento de llevar a cabo el trabajo por parte de la autoridad, al punto de crear una situación de impunidad específica que se arrastró durante años generando recomendaciones e instrumentos cuya aplicación no consiguió darse ni con un mínimo estándar de eficacia sino por el contrario, la omisión y los usos discriminatorios fueron elementos de una violencia institucional de los agentes en relación a los familiares de las víctimas por no informar de las investigaciones, por realizar declaraciones que culpaban a las mujeres desaparecidas y no protegerlas de los actos de intimidación que se dieron a partir de las búsquedas que hacían por cuenta propia.
Estaba claro desde entonces que la demanda a los policías era tener perspectiva de género, es decir, un enfoque feminista, en tanto desde allí se reconocía la violencia sistémica contra las mujeres, los patrones de migración y pobreza que haçian más vulnerables a las víctimas y que al desaparecer se trasladaba a su familia dado que las madres buscadoras abandonaban su proyecto de vida ante la falta de respuestas. Precisamente como sucede en la actualidad. ¿Qué decía entonces la autoridad?
“Las frases repetidas incansablemente por los agentes judiciales y de investigación ministerial, no sólo en Ciudad Juárez, sino en múltiples lugares del país, sobre la negación de la actuación de las autoridades para proteger los derechos de las mujeres bajo el supuesto de que ellas están desaparecidas voluntariamente por razones vinculadas a su sexualidad: “seguro está con el novio” “seguro anda de volada” son una clara muestra de conductas discriminatorias y violentas contra las mujeres”
Coincide en ello Julia Monarrez en su propio dictamen sobre el mismo caso, quien de hecho destinó un apartado concreto para abordar el asunto del manejo de la autoridad al informar sobre las niñas y mujeres que desaparecieron en Ciudad Juárez y de las que fueron asesinadas. En su planteamiento la impunidad se reproduce a conciencia al negar, ocultar, minimizar y naturalizar el feminicidio. Recuerda así al ex gobernador Francisco Barrio quien en 1998 declaró que las mujeres se movían “en ciertos lugares” y frecuentaban a malvivientes, un discurso que encontró eco en el sector más privilegiado de ese Estado que buscaba no perder inversión extranjera.
“La respuesta dada por las autoridades y los grupos dominantes que el feminicidio es un «mito» (Cruz, 2007) reinstala la impunidad del feminicidio y la tolerancia a la desaparición forzada de jóvenes mujeres al servicio de la imagen de la ciudad como un destino atractivo para la inversión extranjera basada en salarios magros y empleo precarios con el fin de explotar a la población marginal”.
Cifras actualizadas se publicaron el pasado 8 de marzo por la ex comisionada Nacional de Búsqueda: de las 114 mil personas no localizadas que están en el registro oficial, el 23% son mujeres y entre 2008 y 2023 desaparecieron 18 mujeres cada día, más de la mitad tienen entre 10 y 30 años pero un número relevante cuenta está entre los 15 y los 19, es decir son niñas y adolescentes.
También de manera oficial el gobierno respondió a sus compromisos en este tema, señalando que se publicó el Protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada de personas y cometida por particulares, que contempla la recepción de la noticia criminal y el proceso de actos de investigación; apunta que familiares puedan opinar, aportar evidencias y solicitar diligencias al Ministerio Público; busca conocer el móvil y motivos de la desaparición; mejora procesos de investigación en fiscalías y procuradurías por estos delitos y aunque se debe trabajar en convergencia con el protocolo Alba, apenas una veintena de entidades cuenta con el.
Es decir, quince años después de saber que para hallar a una mujer desaparecida estorban gravemente los prejuicios de los policías por lo menos, y por lo más, sabiendo que cientos de madres buscadoras se hallan ahora mismo en tierra de nadie haciendo el trabajo por el que ellos cobran, al gobierno federal no le corren las prisas, en 2020 exhortó a las fiscalías para que cuenten con protocolos, formen a sus operadores y eliminen la espera de 72 horas para iniciar la búsqueda, también pidieron a los gobernadores que por favor, por favor, puedan crear Comités Interinstitucionales especializados. Pregunte a cualquier policía de su entidad lo que cree que pasa cuando desaparece una mujer, él hace prueba plena de que nada ha cambiado.
Claudia Espinosa Almaguer
Foto Captura de Pantalla desde X con edición de LCR
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