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Por Carolina Duque
Hace unos meses asistí a la conmemoración del fallecimiento de un gran constitucionalista latinoamericano, donde se realizó un debate sobre filosofía del derecho y poder judicial. Fue muy enriquecedor pero las voces predominantes eran hombres.
No estoy en contra que hombres juristas promuevan espacios de discusión pero era un encuentro más de alto nivel jurídico donde no hay presencia de la mujer, o se invitan a mujeres a hacer intervenciones sobre temas de género. Tampoco estoy en contra de los análisis jurídicos sobre género, sin embargo, es evidente que aún falta mayor presencia de mujeres juristas en los debates filosóficos del derecho, así como en la administración de justicia como su fin último.
Lo anterior, conduce a la pregunta ¿si existiera una rápida transformación del papel secundario que tiene la mujer en el derecho y la justicia, podría incidir en un cambio en su concepción, y en una eficaz administración de justicia, por ejemplo, en la justicia penal para la reducción del delito y la violencia?
Esta pregunta no pretende predecir el futuro de la justicia. Es un llamado urgente a que una de las principales reformas de la justicia consiste precisamente en darles el lugar a las mujeres, un rol principal en las altas esferas de la educación y discusión jurídica y la administración de justicia penal.
En los países de Latinoamérica existen abogadas con trayectorias y conocimientos importantes pero por el sesgo histórico de género y no poder romper el techo de cristal no llegan a los altos niveles de la administración de justicia y no son visibles en los debates jurídicos[1].
Entre números y cuotas
En Latinoamérica como una forma de cerrar la brecha de género en la justicia se expidieron leyes para una participación equitativa de la mujer, a través de la reglamentación de cuotas en los cargos públicos.
Una real participación de las mujeres en la justicia no sólo se define por cuotas sino por tener poder de decisión en los altos tribunales, ocupar los primeros asientos en la educación jurídica. “La adopción de cuotas puede también generar riesgos que deben ser enfrentados, como el reto de que se conviertan en techos de cristal para las mujeres. Esto es, que se consideren como la meta última a la que pueden llegar, y no un paso más hacia la paridad” (CIDH, 2011 en Guzmán, 2012, p. 9).
Sin demeritar, reconociendo el logro importante de muchas mujeres que ocupan cargos judiciales, es determinante reconocer que urge una reforma de la justicia desde arriba-donde se toman decisiones, generan precedentes judiciales y las agendas de persecución penal- lugar donde están posicionados los hombres. “Las mujeres ocupan un porcentaje desproporcionadamente bajo en la jerarquía de los sistemas de justicia” (ONU, 2021, p. 13).
¿Dónde están las Mujeres fiscales, procuradoras y magistradas?
En Latinoamérica la justicia ha sido administrada mayoritariamente por hombres en toda su historia. La proporción de mujeres ministras en el máximo Tribunal de Justicia o Corte Suprema sólo es de un 30,4%, la más alta participación en Guatemala 58,3% y Panamá 55,6% (Observatorio de igualdad de género, CEPAL, 2021).
En Colombia hasta el año 2024 no se había elegido una mujer fiscal[2] general de la nación desde 1991, año de creación en la Constitución Política. En la Corte Suprema de Justicia desde 1991 se han posesionado 119 magistrados, sólo 18 son mujeres, 15% de participación y apenas cuatro 4 mujeres han integrado la sala penal (Corporación Excelencia en la Justicia- CEJ, 2021), es decir, han pasado 31 años de historia en Colombia, donde la investigación y la justicia penal ha estado en cabeza de sólo hombres.
En el año 2023 en Argentina, el Mapa de Género de la Justicia de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia evidenció que el sistema de justicia estuvo compuesto por 130.880 personas y el 57% eran mujeres. Sin embargo, ellas conformaron sólo el 29% de las máximas autoridades (Ministras/os, Procuradoras/es Generales, Defensoras/es Generales). El conjunto de jurisdicciones de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo compuesto por 19.594 personas y el 56% eran mujeres. Sin embargo, sólo 1 de los 28 cargos de Procurador/a General fue ocupado por una mujer (en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba) (OM – CSJN, 2023, p. 14, 51).
¿Y la justicia penal?
La justicia penal es uno de los componentes centrales del Índice Global de Estado de Derecho 2023[3], el panorama en Latinoamérica no es alentador. En el ranking global entre 142 países Colombia ocupa el puesto 115, en LATAM el puesto 22 de 32 países. En los sub factores: Efectividad del sistema de investigación penal, se ubica 138/142 países, en LATAM se ubica 29/32; Ausencia de corrupción en el sistema penal, se ubica 103/142, LATAM 22/32; Imparcialidad del sistema penal, se ubica 120/142 global y 24/32 LATAM. México se ubica 130/142 en el ranking global de ausencia de corrupción en justicia penal; Argentina en la efectividad y celeridad en impartición de justicia se ubica 123/142 a nivel global y 20/32 en LATAM.
Latinoamérica presenta desafíos complejos para la contención de la violencia criminal, del crimen organizado y una justicia penal eficaz y transparente.
Se convoca a una reforma urgente que empiece por reconocer el liderazgo de las mujeres en los estrados judiciales. “El machismo a ultranza me quitó un derecho que yo tenía adquirido por antigüedad” (El Heraldo, UNAL) fue la respuesta de la jurista colombiana Aydée Anzola, primera mujer magistrada cuando perdió por un voto la elección como presidenta del Consejo de Estado en el año 1987. Esta propuesta de reforma no es reduccionista como argumentan los críticos por el hecho de ser mujer, es un reclamo histórico de un derecho, es una asignatura pendiente en el debate filosófico jurídico.
Referencias
Asamblea Naciones Unidas. 2021. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Participación de la mujer en la administración de la justicia. Diego García-Sayán.
Corporación excelencia en la justicia. 2021. Paridad de género en las altas cortes de Colombia.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 2023. Mapa de Género de la Justicia. Oficina de la Mujer.
Guzmán, D., Molano, P. 2012. Ley de Cuotas en Colombia: avances y retos. Diez años de la Ley 581 de 2000. Dejusticia.
[1] “Según la Federal Glass Ceiling Commission 53, se entiende por techo de cristal aplicable a los sistemas de justicia aquella barrera invisible pero infranqueable que impide a las minorías y a las mujeres ascender a los peldaños superiores del sistema judicial, independientemente de sus cualificaciones o logros” (ONU, 2021, p. 13).
[2] El nombramiento de la fiscal Viviane Morales (2012) fue anulado por el Consejo de Estado argumentando un vicio de procedimiento de no tener la mayoría establecida por la Constitución de 1991 en la elección de la Corte Suprema de Justicia.
[3] https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2023/Criminal%20Justice/
Foto de KATRIN BOLOVTSOVA desde Pexels. Composición LCR
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
