Por Araceli García Rico
En que momento llegamos a ser un país de primeros lugares, pero en hechos lamentables: homicidios dolosos, pornografía infantil, trata de personas: laboral o sexual, en feminicidios, en embarazo de niñas y adolescentes, en muerte materna y tantos deshonrosos lugares.
Este país, en que nos vanagloriamos de la solidaridad de su gente cuando emerge una tragedia, pero que ordinariamente estamos sumergidos en el ciclo lacerante de la violencia en todos sus tipos y modalidades.
Nadie está a salvo, las únicas personas heroicas son los familiares de las víctimas, principalmente las madres buscadoras, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Pero hoy me referiré a la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, la cual encuentra campo fértil en un país, con instituciones débiles y sin respaldo económico para su operatividad, en este país en la que se aprueban y modifican leyes a diestra y siniestra, pero no las acompañan de un andamiaje integral para su cumplimiento, como lo son: la capacitación, la implementación, la evaluación, los recursos económicos y tecnológicos, pero sobre todo con una perspectiva inclusiva con visión regional, entendiendo los fenómenos latinoamericanos persistentes.
Las redes de trata, crecen al amparo de la corrupción y la impunidad, los carteles en este país han encontrado en este delito la tercera ocupación después del tráfico de armas y el de estupefacientes, por lo tanto la desigualdad social, el desplazamiento forzado, la migración, han sido factores para que a las personas víctimas se les engañe, se les seduzca, se les traslade, se les retenga, se les amenace y se les obligue a hacer cosas contrarias a su libertad y dignidad.
Aunado a que las autoridades en el país no están capacitadas para atender en el marco de derechos humanos este fenómeno, sin revictimizar a las personas, dándoles la debida protección, seguimiento, apoyo legal, medico y psicológico.
México cuenta con 2457 municipios y para la atención a la trata de personas se cuenta con un refugio institucional de la FEVIMTRA y dos de las activistas de la Sociedad Civil, sin duda, insuficientes para el exponencial crecimiento de este delito.
Contamos con la Ley General para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia, sin embargo, NO son efectivos, la sociedad aún no identifica este delito, no existen campañas de prevención, mucho menos capacitación efectiva a las autoridades encargadas de perseguir y sancionar este delito es insultante ver como aun lo señalan como: “trata de blancas” cuando el contexto es más profundo y el termino ya es arcaico. Se deben armonizar las acciones de todas las autoridades involucradas en la trata.
La trata de personas es un delito grave que afecta a todas las personas sin distingo de nacionalidad, se enfrentan las victimas a la persecución, a la amenaza de dañarlas a ellas o a sus familiares dentro o fuera del país, a la estigmatización, a la revictimización, a la falta de compromiso institucional, en un marco idóneo de derechos humanos la atención debe ser permanente atendiendo los aspectos psicológicos, médicos, jurídicos, sin embargo, en este país, las complicidades o amenazas de los Carteles son un fenómeno social, latente y ruin.
Finalmente hacemos un llamado a las precandidatas presidenciales para que tomen en serio este tema que tanto lastima a las mujeres y ejerzan acciones decididas para desarticular las redes de trata de personas.
Foto de doidam10
