Por Angélica de la Peña
La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México fue un hecho trascendental al reconocerse que los derechos de todas y todos son derechos humanos, y como tales son defendidos por una institución imparcial, ante hechos injustos emprendidos desde el ámbito gubernamental.
Estas defensorías del pueblo u ombudsman, como también se les conoce, han ido cobrando una gran relevancia en todo el mundo. Recordemos que en 1809 se origina por primera vez en Suecia la figura del Ombusdman, independiente del gobierno, cuya función es investigar las denuncias de las personas, del pueblo, respecto de los maltratos sufridos por parte de funcionarios públicos.
Jorge Carpizo señaló que la figura del “Ombusdman ha ido de país en país como Hércules de trabajo en trabajo” defendiendo los derechos humanos de la gente. Esta figura es un mecanismo de control frente a las acciones de quienes gobiernan, y que pudiesen afectar los derechos humanos de las y los gobernados. No impide el debido proceso legal derivada de una denuncia en el ámbito jurisdiccional; con sus llamadas de atención o recomendaciones hacia instancias de poder, se enfatiza que quienes gobiernan deben tener autoridad moral, no extralimitarse o abusar de su poder.
México crea la CNDH en 1990. Y en 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, le deroga la obligación de la Suprema Corte de investigar el hecho o hechos que constituyan una grave violación a alguna garantía individual, trasladando esta responsabilidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A la CNDH le otorga la Ley diversas potestades: el observatorio para promover derechos iguales entre mujeres y hombres, el mecanismo para prevenir la tortura, la supervisión de la reinserción social en centros de privación de la libertad y un Consejo Consultivo honorífico de especialistas que acompañan en determinados casos a quien preside la Comisión. Muchas alarmas de incumplimiento en su gestión ha tenido Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH. Una de las más preocupantes, fue la renuncia de todo el Consejo Consultivo con serios señalamientos de incumplir la ley.
Recordemos que la señora Piedra, militante de Morena, llegó a la presidencia de manera tramposa al no haber alcanzado los votos necesarios desde el Senado, para ocupar este cargo. Es un crimen que una institución que se ha ido consolidando en gestiones anteriores, hoy esté desmantelándose e incumpliendo con su obligación de proteger los derechos humanos de las personas respecto de acciones desde el gobierno al quedarse callada ante graves violaciones a los derechos humanos por acciones de López Obrador; por ejemplo las derivadas por la presencia de militares en tareas de seguridad pública, el crecimiento de la desaparición forzada, los asesinatos a periodistas, o la crisis humanitaria que ha provocado la falta de medicinas, particularmente al interrumpir los tratamientos contra el cáncer que sufren niñas y niños.
Ante estas violaciones a los derechos humanos de la niñez la CNDH ha guardado silencio absoluto, cuando esta situación ya denota las características de un crimen de lesa humanidad.
Apenas, la señora Piedra ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se atrevió a decir que la CNDH debe desaparecer porque fue diseñada por neoliberales repitiendo la cantaleta de su jefe. Nadie tenga dudas que para eso fue impuesta el 1 de noviembre de 2019.
Defensora de Derechos Humanos
