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Por Sonia Cardona
El microtráfico, la extorsión y los préstamos gota a gota, son rentas criminales que acoplan a su alrededor diversas formas de criminalidad y violencia y son un foco de inseguridad al que se enfrentan las nuevas alcaldías.
Combatir estas rentas criminales es un reto de la política de seguridad porque debe implicar un trabajo articulado entre la nación y la ciudad y en la ciudad entre diferentes carteras en la que las secretarías de desarrollo económico juegan un papel importante. Las secretarías de salud y de educación son otro pilar.
Cuando supeditamos la seguridad a la Policía le quitamos capacidad de agencia a las alcaldías. La Constitución Política de 1991 otorgó competencias, funciones y atribuciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana a las autoridades político-administrativas de las entidades territoriales. La Ley 62 de 1993 estableció lineamientos de subordinación de la Policía Nacional y asigna responsabilidades a alcaldes y gobernadores frente a los consejos de seguridad y los planes y estrategias integrales de seguridad. Por su parte la Ley 2197 de 2022 establece que le corresponde al alcalde “dirigir y coordinar las autoridades de Policía en el municipio o distrito” y hay otras normas que se constituyen en marco para las decisiones en materia de seguridad y convivencia en los territorios. Asimismo, la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana 2022-2026 como lineamiento nacional, hace parte de este marco.
No obstante este marco normativo y los lineamientos nacionales, las voces locales en cabeza de candidatos y candidatas, hoy alcaldes y gobernadores, han estado poniendo el énfasis de sus narrativas en la responsabilidad del Gobierno nacional y la Policía, que si bien son aliados fundamentales, no son quienes deben garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia en los territorios.
En las ciudades se camuflan las organizaciones multicrimen y ello exige un modelo de gestión y coordinación con entidades del orden nacional. Así que, señoras y señores gobernadores y alcaldes, es prioritario avanzar y diseñar planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana de manera urgente, que convoquen el conocimiento y experiencia de los organismos como la Policía Nacional, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el INPEC, Migración Colombia, la Rama Judicial, la Procuraduría regional y el ICBF.
En lo territorial, hay que convocar a organizaciones que monitorean y trabajan en la prevención de violencias hacia las mujeres, los sectores LGBTIQ+, las y los niños, los grupos étnicos, los grupos vulnerables de especial protección y a la ciudadanía y el sector privado, para trabajar desde los enfoques de género, diferencial, interseccional, multicultural y de
derechos humanos.
La seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia demandan del liderazgo de gobernadores y alcaldes.
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
Foto de jkradt5, composición creada con IA por LCR
