Por Angélica de la Peña
A pesar de las reformas que gradualmente se han ido concretando desde los años 90 del siglo pasado; a pesar de las reformas a la Constitución Política, las nuevas leyes, la creación de los mecanismos para el adelanto de las Mujeres, de la creación de Unidades, Comités, Consejos, Institutos y Secretarías, a pesar de todos estos avances, los machistas que violentan mujeres en su familia, en el trabajo, que no le cumplen sus alimentos a sus hijas e hijos, siguen saliéndose con la suya.
Se imagina usted la actitud de prepotencia de algunos señores cuando sabiéndose controlador y opresor de las mujeres con las que se relaciona en su vida, ocupa una y otra vez, posiciones de poder y de decisión en los ámbitos públicos?
Y alrededor suyo hay quienes coinciden que la Ley sea letra muerta. Hay quienes creen que no es su asunto, y se hacen de la vista gorda. ¿Por qué comprar una bronca que no es suya?
También hay hombres que no están de acuerdo con esos machismos, pero esperan que las mujeres se inconformen. Todavía falta mucho para que en la sociedad y en las familias haya tolerancia cero contra estas violencias. Por eso las mujeres no quitamos el dedo del renglón y somos escrupulosas en que no haya retrocesos en lo ganado.
En mayo pasado se reforma la Constitución en su artículo 38 en materia de 3 de 3 contra la violencia en materia de suspensión de derechos para ocupar empleo o cargo público si se está en cualquiera de los tres siguientes supuestos: violentador en su casa, hostigador de mujeres en su trabajo, o que incumple con los alimentos de su prole. La consigna “ningún agresor al poder” repercutirá en la próxima elección. Las mujeres de prácticamente de todas las organizaciones y partidos se unirán en una sola voz.
Por eso es necesario señalarle al Consejo General del INE una preocupación. Hace unos días aprobó los Criterios Aplicables para el Registro de Candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Además de los requisitos de ley, para esta elección se establece en el Criterio Cuarto, que se deberá revisar que ninguna “persona” que pretenda una candidatura a una diputación o senaduría federal, ya sea por mayoría relativa o representación proporcional, esté inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, porque de ser el caso, no podrá asumir esa candidatura. El INE señala que “deberá realizar la verificación correspondiente” y “valorar si en el contexto particular ello constituye un impedimento” para esa candidatura. Sorprende que en lugar de señalar que, al verificar que alguien está en ese registro de personas sancionadas, se debe negar el registro, el INE se arrogue la facultad de “valorar” si aplica o no, la norma; lo que sugiere ese Criterio es discrecionalidad de una valoración.
La ley no se valora si se aplica o no. Simplemente se acata. Ese Registro tiene como objetivo alertar sobre quienes actúan impunemente y los partidos lo permiten al registrarles en una candidatura. La autoridad electoral debe corregir ese Criterio y establecer que ningún violentador puede ser candidato
Interpretar una norma, a veces de buena fe, no ayuda al cambio radical que se propone en la misma. La próxima elección será histórica por la presencia de mujeres en la misma, también lo debe ser porque los machos violentos no se saldrán con la suya.
