Por Claudia Espinosa Almaguer
El 31 de marzo del año 2021 se publicó el Decreto 1144 en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí correspondiente a la Elección y nombramiento de integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 1 de abril de ese año al 31 de marzo de 2025.
De acuerdo a la exposición de motivos de la ley, además de ser un espacio de carácter consultivo, las modificaciones respecto de sus facultades tuvieron la intención de que se constituyese como parte del órgano de gobierno, representante de la sociedad civil para la discusión, guía, decisión y supervisión de las políticas en la materia conservando su carácter honorífico. A cita indica:
“Al constituir el órgano de gobierno por el Consejo Ciudadano y la Presidencia de la Comisión, ambas partes, se obligan a colaborar a través del consenso democrático y transparente, así como, en relación con los representantes ciudadanos, lo que garantizará la eficaz rendición de cuentas”.
Es así que en el desarrollo de la convocatoria por parte del Congreso del Estado se divulgaron tanto las reseñas curriculares que pueden todavía verificarse en el sitio de internet:
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/Banners/DERE/CV%20ASPIRANTES%20CONSEJO.pdf como las entrevistas públicas de las y los aspirantes visibles en dos video del canal del poder legislativo: https://www.youtube.com/live/5Gl9vf7TpiM?si=4g-hdLB3tIIcUbrC y https://www.youtube.com/live/k4Y4K_lkfrQ?si=W2LIXNG7z1x2YXaK.
De tal modo fuimos elegidos hombres y mujeres como Consejeras y Consejeros titulares y suplentes que de acuerdo a la legislación acreditamos una trayectoria de conocimiento y experiencia en materia de Derechos Humanos pero principalmente un interés de involucramiento y participación ciudadana en un tema no menor, considerando la meta de alcance al que apuntan los derechos fundamentales para nuestra comunidad, protegidos a través de la propia Constitución Mexicana y las Convenciones vinculantes.
En este periodo que lleva el actual Consejo, ya tuvieron lugar dos cambios de integrantes varones y la salida de las activistas Catalina Torres Cuevas y Edith Pérez Rodríguez el 23 de junio del presente año, dio pie a la sesión de este 31 de agosto en el pleno del Congreso en donde hemos entrado dos mujeres, no por razón de “género” sino bajo el principio de paridad de mandar llamar a dos suplentes del mismo sexo de quienes salieron.
En una lectura política amplia respecto del contexto de ese día en San Luis Potosí, horas antes de que la Presidenta de la Directiva indicase el discurso de la toma de protesta de “Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar fielmente el cargo de consejeras titulares de la Comisión a partir de ese día y de así no hacerlo que el pueblo de San Luis Potosí se los demande”; la ex Consejera Catalina Torres estaba siendo objeto de un reproche público fuera de escala por su defensa de la preservación del patrimonio del Barrio de San Miguelito en el cual de hecho habita.
Si cada entidad federativa del país tiene una dinámica social, jurídica y política de particularidades únicas como resultado de su historia y de sus luchas, San Luis Potosí no puede y no debe reducir la suya siendo que es cuna de la transparencia, de la causa por una vida democrática de calidad, de libre expresión de las ideas y del posicionamiento fundamentado y motivado por la justicia, la libertad y los derechos. Encima de todo esto, se nos ha enseñado, no debe haber nada, porque la dignidad de las personas está primero.
De ahí que las autoridades, reconociendo su poder ante el gobernado y su capacidad de difusión, debe asumir la responsabilidad de disentir de manera respetuosa, precisamente porque la crítica genera contrapesos deseables y mueve a observar un conflicto de modo distinto, a mirar como lo hace la ciudadanía de cara a las decisiones que afectan su esfera de vida, sea la falta de acceso a derechos como sucede con las mujeres, como los fenómenos de discriminación hacía grupos vulnerables, el acceso al agua, o a la seguridad, el derecho a la ciudad, el arrebato de espacios naturales y ejidales, hasta las más extremas situaciones de criminalidad, como los desaparecidos o la violencia feminicida. En cada asunto público hay discusiones, debe haberlas para evitar el estancamiento y la inmovilidad. “Guardar y hacer guardar” de esto se trata. Seguimos.
A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
