Por Mónica Mendoza Madrigal
Una cosa es el desdén institucional para no comprometerse con la agenda de las mujeres, y otra, el claro desprecio que en solo cuatro años y medio se ha convertido en misoginia de Estado. En Veracruz gobernó ininterrumpidamente el PRI hasta 2016, cuando con un bienio se tuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal a un gobierno emanado de un partido de filiación distinta y, desde 2018, una aparente izquierda hizo su arribo al gobierno.Desde entonces, el debilitamiento institucional, la falta de políticas públicas en la materia y la ausencia de acciones específicas para atender la agenda de las mujeres ha ido de mal en peor.
Hace 17 años se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres luego de un profundo proceso de reforma impulsado desde el Legislativo y fortalecido por la participación activa de una sociedad civil constituida por mujeres que propusimos una agenda de trabajo, que acompañamos a su realización.
De esa dependencia que significaba un avance en materia de institucionalización de la perspectiva de género, hoy no queda nada. No tan solo se insiste con necedad absurda en no iniciar el proceso para emitir la convocatoria correspondiente para nombrar una directora, sino que el presupuesto con el que opera la dependencia es cada vez más reducido y sus acciones, menos incidentes.
Ni qué decir de la acción transversal en dependencias que lo que sí han hecho es convertirse en auténticas cuevas de acosadores que, pese al mandato de ley que obliga a aplicar el protocolo contra el acoso para poner fin a esas prácticas, los agresores están protegidos desde el más alto círculo del morenato veracruzano, por lo que siguen impunes.
Y qué se puede esperar, cuando es el propio mandatario el que un día sí y otro también emite declaraciones para agraviar opositores en general y mujeres en particular, perfil que comparte con su secretario de Gobierno, que hace malabares para no ser sancionado por violentador político. Y no porque verdaderamente le importe no ser reconocido como tal, sino porque ello pondría en riesgo sus aspiraciones de buscar un cargo de elección popular ahora que usurpa la identidad afrodescendiente en una entidad que se honra de su tercera raíz, rasgo cultural que no representa pese a su color de piel, con el que únicamente lucra y se victimiza.
Las mujeres no estamos seguras, lo sabemos. Y no me refiero solo a las que han sido víctimas de feminicidios, cifra que crece alarmante junto con otra más numerosa aún: la de las desaparecidas. Y mientras esa realidad nos golpea sin una sola acción contundente para frenarla, hoy además las periodistas, las activistas y en general las opositoras somos perseguidas por no acatar los mandatos patriarcales de estos personajes.
Todo México sigue aún sin dar crédito de la persecución emprendida desde el Poder Ejecutivo de una entidad en contra una integrante del Poder Judicial estatal. Y es que la persecución a la jueza Angélica Sánchez no es solo una coacción contra ella, sino también un ataque para doblegar a un Poder ante la complicidad de sus pares, que están sumándose a esta barbaridad creyendo ingenuamente que al obedecer esta inmundicia, recibirán protección y cobijo. ¿Qué parte del infierno no están viendo?
Nadie está a salvo y eso ya deberían saberlo. El servilismo lacayuno es en vano, pues ni les darán las gracias, ni quedarán impunes. Valdría más conservar la dignidad aplicando la ley, que no porque hoy la ignoren, será letra muerta para siempre.
Sí, sus acciones infunden miedo y hay quienes con el miedo callan.
Pero hay quienes no estamos dispuestas a vivir con miedo.
Feminista
