Por Soledad Jarquín Edgar
Cinco años de exigir el derecho de acceso a la justicia al Estado Mexicano, donde existe amplia evidencia de complicidad e impunidad de funcionarias/funcionarios estatales y federales para no esclarecer un triple asesinato y otros delitos.
A pesar de las denuncias por los delitos cometidos en contra de María del Sol: el feminicidio, el robo de su equipo y el delito electoral que la llevó a situarse el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, municipio en el que no debía estar, así como las omisiones, dilaciones y actos de corrupción cometidos para proteger a los autores intelectuales y materiales, desde políticos y funcionarios/as públicos, delincuentes de cuello blanco y sicarios, que salpican a dos administraciones públicas, la de Alejandro Murat y la de Salomón Jara, como responsables de procurar e impartir justicia.
Este emblemático caso, como lo hemos demostrado con Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca en su tenaz acompañamiento que agradezco, puede situarse entre el 7 por ciento de delitos que se denuncian en México y entre 94.8 por ciento de los delitos que no se resuelven, es decir, que concluyen en IMPUNIDAD, de acuerdo con datos de la organización México Evalúa (1). En Oaxaca los índices de impunidad acumulados entre 2015 y 2021 es del 100 por ciento en feminicidios y homicidios dolosos, como señala Impunidad Cero (2).
Los feminicidios de María del Sol y de Pamela Terán Pineda, son dos ejemplos de las dos mil 12 mujeres asesinadas en los últimos 24 años y seis meses, cuatro sexenios -José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat- y lo que va de la actual administración de Salomón Jara.
Hoy, cómo hace cinco años, nada ha cambiado, quienes cometieron diversos delitos han sido protegidos por el Estado, diversas estructuras que abonan a la impunidad y corrupción en el cuerpo social donde crece un cáncer que corroe las entrañas de una nación que sangra por las venas rotas de nuestras hijas.
Un funcionariado, los Judas Iscariote de los tiempos actuales, que venden la justicia al mejor postor, que sobreponen la verdad a sus intereses político-económicos, intereses del poder patriarcal.
No sobra decir sus nombres, porque a través de su actuación, ellos son los autores intelectuales y materiales del delito de impunidad, corrupción, la negación de justicia, la complicidad y el consecuente daño a la comunidad, a la sociedad entera, que sabe que todo crimen sin castigo, se repite. Así que reitero sus nombres como una forma de justicia social, esa que no pueden negarme o arrebatarme.
Dos extitulares de la Fiscalía General de Justicia:
Rubén Vasconcelos Méndez, autor fundamental de los actos de la putrefacción, la farsa perfecta de una investigación que no realizó por obedecer el mandato del poder superior ordenado desde el cacicazgo político del exgobernador José Murat Casab y de su hijo el también exgobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Arturo Peimbert Calvo, conoció las irregularidades y omisiones en las que incurrieron el exfiscal de Oaxaca Vasconcelos Méndez y un puñado de agentes investigadores, ministerios públicos, así como vice fiscales de la región del Istmo y de otras instancias de la institución, pero que no hizo lo correspondiente, a pesar del dolo con el que actuaron para negar la justicia a las tres víctimas directas: María del Sol Cruz Jarquín, Pamela Itzamaray Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra, y que dieron lugar al sobreseimiento parcial de la carpeta de investigación el 22 de noviembre de 2021.
El exfiscal Peimbert no realizó las investigaciones correspondientes, tal y como se instruyó por el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales. Instrucción que también se dio a la visitadora general del Estado de Oaxaca, Jenny de los Ángeles Gamboa Velázquez, y al titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro. Ni los anteriores ni los actuales responsables de esas instituciones han dado resultados.
Mismo ordenamiento se hizo al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez. En este caso, no es extraño si recordamos que desde 2019, el funcionario tuvo conocimiento, por una denuncia interpuesta, de actos perpetrados por personal de la Fiscalía para obstaculizar la impartición de justicia, pero evitó actuar, fundamentalmente en contra del fiscal Vasconcelos Méndez y de la fiscal “Especializada” en Delito Electoral, Esther Araceli Pinelo López, su ahijada política.
Esther Araceli Pinelo López, como parte de esta cadena de complicidades, fue omisa ante un evidente delito electoral por parte del entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado de Oaxaca, Francisco Javier Montero López y el beneficiario de los recursos públicos su hermano, el entonces candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López.
La aún fiscal electoral no reconoció mi carácter de víctima indirecta, lo que ha dado como resultado que esa carpeta de investigación esté hoy en el limbo judicial, su destino ha dependido de la voluntad o falta de voluntad de un exconsejero y una consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca –Gustavo Meixueiro Nájera y Elizabeth Sánchez González, respectivamente-. Quienes, en tiempos distintos, pero por la misma razón, no actuaron ni actúan en consecuencia como “representantes de la ciudadanía” oaxaqueña en la comisión del delito, que a la postre costó la vida de mi hija María del Sol.
Un entramado de complicidades que incluyó al sentenciado por el delito de robo agravado en la persona de Heliodoro Altamirano Charis, exdirector de Planeación y Gestión para el Desarrollo Comunitario, de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quien enfrentó el proceso judicial en su contra en libertad, dos años y seis meses después de cometer el robo. Sentenciado con la pena máxima de 13 años cuatro meses de prisión, Altamirano Charis quien se robó el equipo fotográfico, de video y computadora, así como su contenido, el trabajo de años de María del Sol, sigue hoy disfrutando de libertad, pese a la sentencia emitida en septiembre de 2022.
Complicidades que alcanzan incluso al Legislativo y al Poder Judicial. El Legislativo por permitir, mediante su voto, el ejercicio público de la justicia como una respuesta a componendas políticas y no de capacidad y eficiencia, el resultado es una lacerante impunidad que daña y castiga a las víctimas directas y sus familias. En tanto el Poder Judicial duerme el sueño de los justos, emite resoluciones que la Fiscalía incumple.
Dos titulares de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo y Bernardo Rodríguez Alamilla, hoy Fiscal de la entidad. Ninguno de los dos emitió recomendaciones a las autoridades responsables de procurar la justicia y guardaron silencio frente a las atrocidades que hicieron ganar terreno al abuso de autoridad.
Frente a esta situación tuvimos que acudir a la denuncia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aceptó el caso que hoy sigue su curso y donde solo puedo decir que son lamentables las respuestas expuestas por el Estado mexicano que pretende desvirtuar la lucha por la justicia pese a la evidencia de impunidad.
Agradezco infinitamente el acompañamiento y apoyo de Consorcio Oaxaca, de amigas y compañeras cercanas y del movimiento feminista y de manera especial de las Madres contra el Feminicidio y la Impunidad, por su ejemplo de entereza para que juntas podamos enfrentar los engaños y la simulación institucional.
Hoy, como todos los días recordamos a María del Sol, su fuerza de vida está presente en nuestros corazones, es aliento para seguir adelante. Y al mismo tiempo es, para la sociedad mexicana, el recordatorio de un hecho absurdo que nunca debió ocurrir y de un continuo de actos de corrupción y la consecuente impunidad perpetrados por funcionarias/funcionarios públicos estatales y federales que dejaron de hacer y dejaron pasar.
Cinco años después, mantenemos viva la exigencia de Justicia para Sol y decimos nuevamente que no aceptaremos más impunidad.
¡Justicia para Sol! ¡Justicia para todas!
Periodista y Defensora
Columna publicada en SEM México
