Por Angélica De La Peña
López Obrador no actúa con ingenuidad. Sus comentarios contra la Ministra Norma Piña, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fueron nada inocentes. Los lanzó con violencia y perfidia, sabiendo que sus fanáticos amenazarían a la Jueza constitucional. Excusarse que esos mensajes fueron auto enviados solo evidencia el fervor del presidente por el goebbelismo. La autoridad ministerial está obligada a una investigación seria.
La acusación de que “apenas llegó” como Presidenta de la Corte “se desata una ola (sic) de resoluciones a favor de presuntos delincuentes” debe ser sustentado con pruebas las cuáles está obligado a presentar ante la autoridad; pero no lo hará, porque solo le interesa vilipendiar, presionar, salirse con la suya. Además de su machismo evidente; también lo hace porque quiere amedrentar a las demás Ministras y Ministros de la Corte quienes analizarán los argumentos de las Acciones de Inconstitucionalidad sustentados por los grupos parlamentarios y partidos de oposición en relación a las reformas de su PlanB aprobado por las mayorías que controla en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
No podemos negar que México vive un peligroso trance. Ante esta situación, debemos tener presente la historia para prevenir no se repitan hechos deleznables, particularmente contra los poderes Judicial y Legislativo. La SCJN sobrevivió etapas complicadas de la nueva nación desde su nacimiento el 7 de marzo de 1815 en que Morelos preside su instalación. La historia constata cómo la grandeza de Morelos se expresa en la Constitución de Apatzingán que declara que la soberanía dimana del pueblo y establece su ejercicio en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El poder legislativo, por su parte, ha tenido etapas de persecución; después del asesinato de Madero y con la dictadura del general porfirista Victoriano Huerta, se persigue a los Diputados y se disuelve el Senado. El asesinato de Belisario Domínguez en 1913 forma parte del horror de una guerra que duró 7 años más. Cuando Carranza tuvo que huir a Veracruz, fue acompañado por Ministros de la Corte en un ánimo de preservar los poderes constitucionales. Morelos y Carranza tienen una estatura ética muy lejos frente al talante autoritario del actual presidente. Por esto, es necesario tener presente que no ha sido fácil transitar hacia la paz, gozar de elecciones libres, y regresar al ejército a los cuarteles.
Frente a esta historia de emancipación, la construcción del IFE fue determinante para lograr elecciones libres. López Obrador no puede destrozar el orden legal que se ha construido.
Ante estos retos, las Ministras y los Ministros de la SCJN, tienen una gran responsabilidad histórica ante la Nación. Tienen el poder para evitar que el sistema autónomo que garantiza votación libre, caiga en franca y peligrosa desaparición. Deben evitar que un solo hombre goce de poderes meta constitucionales. A ese abuso es necesario ponerle límites. Por lo tanto, es imprescindible apoyar a la Ministra Presidenta, teniendo claro que la agresión va dirigida contra el INE y el sistema de contrapesos y equilibrios.
Hoy ante un Congreso dominado por el lopezobradorismo sólo nos queda el poder judicial; en sus manos está la prevalencia del marco constitucional, elecciones libres y nuestros derechos civiles y políticos.
Defensora de derechos humanos
