Por Daira Arana Aguilar.
Hace unos días, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante la conferencia mañanera que ofrece diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ante los hechos “inusuales” ocurridos en las últimas semanas en el sistema de transporte colectivo metro, el más importante de la ciudad y que transporta diariamente a alrededor de 4 millones de personas, la Guardia Nacional entraría a reforzar la seguridad de las instalaciones.
Las primeras críticas ante esta medida se dieron en torno a la normalización de la militarización en México, debido a que la Guardia Nacional, aunque la Constitución mexicana establezca en su artículo 21 que es un cuerpo de seguridad civil adscrito a la Secretaría del ramo de la seguridad, es un cuerpo más del Ejército mexicano administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Otras críticas se centraron en la pertinencia de desviar los 6,000 agentes de Guardia Nacional anunciados de otros estado de la República en donde sí son necesarios, como Zacatecas, Colima o Guanajuato. Sobre todo, atendiento a que según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 en México hay 225, 544 policías estatales, de los cuales 90, 670 agentes pertenecen a la Ciudad de México, lo que hace a la Policía de esta Ciudad la más grande del país y de América Latina.
Otras más, se han centrado en dimensionar quienes podrían ser las personas objetivo de la intervención de la Guardia Nacional. Videos en redes sociales mostraron algunas detenciones de realizadas por agentes de este cuerpo de seguridad a personas que se manifestaban pacíficamente ante su presencia en algunas estaciones y recientemente se dio a conocer la detención de una mujer por la Policía Auxiliar de la Ciudad de México que presuntamente arrojó aspas a las vías del metro, el delito que se le imputa es el de ataques a las vías de comunicación.
Nadie en su sano juicio pondría en duda que tanto el derecho a la seguridad como el derecho a la movilidad son sumamente importantes en un estado democrático y en una ciudad innovadora y derechos. Sin embargo, cuando las personas que conducen la política pública deciden securitizar los problemas públicos, los resultados pueden ser todo, menos óptimos.
Trasladar la agenda pública de un problema de movilidad en el metro relacionado en su mayoría por la ausencia de mantenimiento, el mal manejo de recursos tanto materiales, financieros y humanos, y la saturación de este en horas pico (o a veces a todas horas) a un problema de seguridad relacionado con “sabotaje político” y no necesariamente con la seguridad de las personas usuarias, es una muestra bastante significativa de la línea que podría seguir la Jefa de Gobierno en caso de llegar a la presidencia.
No hay forma de justificar el ingreso de la Guardia Nacional al metro, definitivamente es mas una necedad que una necesidad. Esperemos que en las próximas semanas, las personas usuarias de este sistema de transporte vivamos la mejoría que se nos ha prometido.
Especialista en militarización y militarismo.
Twitter: @Daira_Arana
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