Por Sara Lovera López
Esta semana hemos vivido un verdadero tsunami. Entre el plan “B” del gobierno federal para disminuir en todo sentido al Instituto Nacional Electoral, la inflación en alimentos y bebidas hasta del 14 por ciento, hechos que empañaron los resultados de lo que significó mundialmente la jornada y el activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
En ese contexto llegó al público la noticia de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación al Sistema de Transporte Colectivo, Metro, por el acoso y hostigamiento sexual que experimentaron 2 trabajadoras de ese sistema, en 2019 y 2020, una de ellas técnica especializada y otra conductora de convoy, quejas acusiosamente investigadas, donde se comprobó el ambiente hostil y violento en que transcurre la vida laboral de esa dependencia capitalina.
Lo que resultó sorpresivo de la investigación de la institución que preside Nashieli Ramírez Hernández es, además contradictorio con la narrativa oficial. La indagación permitió afirmar que eso no sucede exclusivamente en el Metro, sino en todas dependencias del gobierno de la ciudad. Sostiene la Comisión que no existen mecanismos de prevención, atención, investigación y sanción para la violencia contra las mujeres que laboran para el gobierno de la ciudad.
Ahora vale recordar que desde el 25 de noviembre de 2019 la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, sin intervención de la Secretaría de Gobernación, emitió su propia declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en respuesta una antigua demanda y la clara recurrencia de hechos atentatorios de la vida, integridad física y la libertad de las capitalinas y recuerda que durante décadas el Valle de México, ha sido señalado por las cifras muy altas en todas las violencias contra las mujeres.
A partir de en la capital, se habla insistentemente del éxito de las acciones de esta decisión, al grado de que apenas en noviembre se dijo que la Ciudad de México registra una reducción de 35 por ciento en la tasa de muertes violentas de mujeres, respecto de 2019 lo que la coloca como la quinta entidad a nivel nacional, con mayor disminución de muertes violentas por cada 100 mil mujeres y es que, también se dijo que en la capital se constituyó un sistema de protección a las mujeres que ha permitido reducir los feminicidios y aumentar la vinculación a proceso de los feminicidas, donde también disminuyen el abuso sexual, las lesiones y el hostigamiento.
La procuradora de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que aquí no hay crimen sin castigo contra las mujeres, ni impunidad. Presume de un programa integral y efectividad de la respuesta a las denuncias.
No obstante las quejosas del Metro, pudieron probar que por denunciar fueron estigmatizadas y discriminadas. Como si habláramos de dos realidades, de una situación esquizofrénica. Grandes avances en lo público y una casa plagada de destrozos. Al interior del Metro, de las oficinas y dependencias, se vive intensamente la normalización de la violencia y la indiferencia e impunidad.
Grave cuando la jefa de gobierno está en plena campaña pre-presidencial y su distanciamiento efectivo respecto de la vida violentada de las mujeres de su casa. Sostiene la recomendación, que ninguna autoridad consultada pudo documentar que algo hace para evitar la violencia laboral y dice que las mismas deficiencias del Metro, suceden en la administración del Gobierno de la Ciudad. Bien dice el adagio feminista, cuerpo de mujer no garantiza ni acciones, ni propósitos en favor de la vida de las mujeres. Veremos
Periodista. Directora del portal informativo semmexico.mx
Foto de Canva PRO
