Por Soledad Jarquín Edgar
LaCostillaRota/SemMéxico, Oaxaca, 2 de octubre, 2021.- Mujeres de Oaxaca solicitaron hoy en una carta pública al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que haga uso de su facultad de veto a la reciente reforma legislativa al artículo Transitorio Tercero del Decreto número 1511 que coloca a las mujeres de 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, en un estado de excepción, “que postergue la paridad y se mantenga la subordinación de las mujeres indefinidamente”.
Más de 150 feministas que firman la carta, explican que negarle por tiempo indefinido a las mujeres indígenas el derecho a ser electas y representar políticamente a la ciudadanía en los municipios que se rigen por sus Sistemas Normativos Indígenas, violentan sus Derechos Humanos, favorecen privilegios masculinos y erosionan la democracia. Una democracia que desde su origen arrastra un déficit de representatividad de las mujeres.
La reforma modificada el pasado miércoles por 23 votos y 14 en contra a favor por integrantes de la actual Legislatura, había sido aprobada el 28 de mayo de 2020 por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que expresan que “los Derechos Humanos no se consultan y no se sujetan a plazos, sino se reconocen y se garantizan”.
La paridad es resultado del déficit de representatividad fue lo que provocó que la paridad se haya consignado como un derecho constitucional que asegura la representatividad equilibrada de los sexos. La paridad corrige el monopolio masculino del poder político y económico que aún prevalece en las comunidades; garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía, no se trata de una concesión que dependa del voluntarismo de los partidos políticos representados en los parlamentos, la paridad es un derecho que no debe ser alterado dependiendo de las circunstancias políticas.
Exponen también que a pesar de las corrientes ideológicas que exaltan las tradiciones culturales de manera irreflexiva, quienes hemos impulsado la agenda feminista, especialmente los derechos políticos-electorales de las mujeres, tenemos el deber y la obligación de debatir, confrontar y combatir los abusos cometidos contra las mujeres en nombre de la cultura, con la convicción de que el multiculturalismo no puede ser indiscriminado, sino crítico, y que aceptar las diferencias y las identidades culturales, no significa que todas sean valiosas para el bienestar y la igualdad de las mujeres.
“Somos conscientes que no habrá justicia si se continúa estableciendo y atendiendo jerarquías entre quienes luchamos por eliminar cualquier tipo de discriminación; este sentido, insistimos en que es el mismo valor el que se persigue cuando se lucha por eliminar la opresión hacia los Pueblos originarios o la opresión de las mujeres o, las desigualdades económicas entre el Norte y el Sur del mundo”.
Aspiramos, agregan, a construir una sociedad donde los Pueblos originarios se expresen en pie de igualdad con el resto de culturas que conforman nuestro Estado, también nos oponemos a que en nombre de la autodeterminación de los Pueblos se ignoren los derechos humanos de las mujeres, se postergue la paridad y se mantenga la subordinación de las mujeres indefinidamente”.
Desde luego, no renunciamos, bajo ninguna circunstancia al reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos; por esta razón, sobre criterios fundados en el feminismo y en los derechos humanos, impulsamos su autonomía y buscamos deslegitimar los valores y las prácticas socio-culturales de dominación de un sexo sobre el otro, en perjuicio de las mujeres.
Contra las múltiples voces reaccionarias que reclaman tiempo indefinido para reconocer la paridad como un derecho constitucional de las mujeres en los municipios que se rigen por el Sistema Normativo Indígena, proclamamos el consenso planetario que existe para lograr la igualdad.
Las mujeres representadas por el feminismo, hemos trascendido la utopía, se han firmado tratados internacionales que obligan a los gobiernos a actuar para respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Es momento de saldar la deuda histórica con las mujeres indígenas y afroamericanas, señala la solicitud de veto.
