Por Guadalupe Herrera Alvarado / Directora de la Revista Voces Silenciosas
Ser persona nos convierte en seres humanos y a la vez en mujeres y hombres que se desarrollan en una colectividad en donde hay reglas pero también derechos y obligaciones. El hecho de ser mexicana o mexicano es una condición que por ley nos otorga la protección que nos dan los derechos humanos que tienen la condición de irrenunciables.
Como lo enmarca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 1, que inserta los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos, en uno de sus párrafos plasma que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), son 5 millones de personas que integran la comunidad LGBT+, considerado como un grupo minoritario constituido con el propósito de exigir que se cumpla el mandato constitucional y hacer realidad sus derechos, entre ellos está el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Aunque es obligatorio cumplir con dichas disposiciones, en la praxis no es tan sencillo debido a usos, costumbres, tradiciones, religiones, idiosincrasias y sobre todo conveniencias políticas que pudiesen afectar el futuro de legisladores, funcionarios y cargos de gobierno.
Es precisamente este tipo de obstáculos a los que continuamente se enfrenta la comunidad LGBT+ y no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, la resistencia política, cultural y religiosa hace más tortuoso disfrutar de sus derechos; aplicar la ley nos lleva a un tortuguismo feroz que limita a tener una vida plena, feliz y segura.
Es lamentable, que después de 12 años de que en el otrora Distrito Federal se haya legalizado la unión matrimonial entre parejas del mismo sexo, aún haya entidades federativas que no han autorizado que estas mexicanas y mexicanos gocen de este derecho humano como: Guerrero, el Estado de México, Tabasco y Tamaulipas.
A la fecha y de manera forzada, Durango es el último estado en aprobar el matrimonio igualitario a través de un Decreto Administrativo que envío el Gobernador Esteban Villegas Villarreal, en una acción insólita, que obliga a los titulares de las oficialías de Registro Civil a celebrar actos matrimoniales sin discriminación. Con este procedimiento administrativo, se garantiza el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Congruente con su discurso de toma de protesta como mandatario estatal, Villegas Villarreal fue enfático en que su gobierno será prioritario el respeto a los derechos humanos, es así que al dar a conocer vía la Secretaría General de Gobierno tal decisión, les cayó como cubetada de agua fría a propios y extraños rancios oponentes al igual que a los integrantes de la legislatura local, quienes hacía uno días habían rechazado la iniciativa por pecata minuta.
Pocos días después de la exhibida que el gobernador dio a las diputadas y a los diputados, inmediatamente se pusieron a trabajar para ahora sí, con todo y estirón de orejas dar una salida positiva y validar el Decreto Administrativo para así dar certidumbre jurídica a los 96 mil 450 duranguenses mayores de 15 años que forman parte de esta comunidad, según datos estadísticos del INEGI.
Como complemento, recordemos que la lucha de la comunidad LGBT+ no ha sido fácil. Recordemos que fue los Países Bajos el primer país en legalizar el matrimonio igualitario en 2001; Europa es el continente donde más países han legislado a favor de la unión entre personas del mismo sexo. En América Latina el primer país en decir sí, fue Argentina, en 2010 y el último, Chile en 2021. De los 54 países que conforman el continente africano, solo Sudáfrica dijo si en 2006. De igual forma en Asia de los 48 países, solo Taiwan en 2019 dijo sí. De los 14 países de Oceanía solo Australia en 2017 y Nueva Zelanda en 2013 dijeron sí. De los 35 países del Continente Americano solo 9 han dicho sí: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay; México está en el camino.
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