Por la Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca.
La semana pasada un alto funcionario del Gobierno Federal, respondía tajantemente a la madre de una persona desaparecida que no confiaba en ellas, ante el reclamo del contingente de ser escuchadas y atendidas.
Esta escena, además de ser una lamentable muestra de poca o nula empatía frente a una cruel realidad como lo es la desaparición de personas, es también una constante en el ejercicio del poder público.
El nombre del funcionario no importa, lo que importa es que esa acción es una constante cuando de atención a las personas víctimas de delitos o de sus familias se trata.
El silencio frío y lapidario que queda después de una frase como “yo no confió en usted” implica varias cosas, mucho más viniendo de un funcionario federal de tan alto nivel.
Y es que esa frase por muy espontanea que sea, no queda y no va en la boca de ninguna persona que este al frente de una institución, y mucho menos cuando es una víctima o su familiar a quien se le dice.
La verdad acompañada del dolor, la impotencia y frustración, debe de obligar a la función pública, la que sea, no sólo a entender que es su obligación atender ese llamado, es también una responsabilidad el no hacerlo.
En términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, esta acción se llama violencia institucional, ya que la propia norma nos dice que ejercerá esta forma de violencia, aquella o aquel funcionario público que por sus actos u omisiones, -por ejemplo el no escuchar-, discrimine, dilate, obstaculice, o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas que prevengan, atiendan, investiguen y erradiquen las violencias; entre ellas la desaparición de personas.
Así que es lamentable esta acción, sobre todo porque la realidad nos dice que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, tan sólo en el 2020 se denunció únicamente el 10% de la totalidad de delitos cometidos a nivel nacional, y que, de ellos, sólo se iniciaron carpetas de investigación en el 66% de los casos.
Esta estadística también nos anuncia las razones que tienen las personas para no denunciar entre las que se encuentran que el 33% considera que denunciar es una pérdida de tiempo y más del 70% no denuncia por causas atribuibles a la autoridad -por ejemplo, –no atender lo que una víctima te señala.
Entonces, la diferencia de que la ciudadanía no crea a la autoridad es clara. Y entonces solo nos queda preguntar ¿Quién no le debería de tener confianza a quién?
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