En 2020, activistas de la colectiva feminista Las Constituyentes Mx, presentaron la iniciativa ciudadana conocida como 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, la cual, propone que, por Ley, ninguna persona con antecedentes de haber cometido violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado pueda postularse para puestos de elección popular o designarse para ocupar algún cargo público. Así mismo, no podrá postularse, según esta iniciativa, quien se encuentre denunciado, con una investigación en curso o sentencia mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o bien, aquellos que se encuentren inscritos o tengan registro vigente como deudores alimentarios en perjuicio de sus infancias.
La iniciativa es impulsada como una materia de urgencia nacional pues, en tanto no se regulen estas situaciones, los violentadores y deudores seguirán como hasta hoy, siendo los encargados de ordenarse leyes a modo que los excluyan de cumplir con sus responsabilidades familiares o de honrar la responsabilidad universal, en la que los servidores públicos deberían poner el ejemplo, de ser garantes de la integridad de todas las personas y no usar sus cargos, sus influencias y su poder para violentar mujeres, perpetuar la violencia machista o abandonar a sus infancias.
La lógica de esta propuesta es innegable y así lo entendió el INE al acordar para el proceso electoral del 2021 y del 2022, la creación de un formato denominado “3 de 3 contra la violencia” que debían contestar bajo protesta de decir verdad, la integridad de las y los candidatos a contender por un puesto de elección popular. Así mismo, el propio instituto organizó un grupo interdisciplinario para revisar y constatar la veracidad de los formularios presentados por las candidaturas y lograron, con todo y triquiñuelas promovidas por los partidos políticos, cancelar 3 candidaturas por haber mentido en su 3 de 3 contra la violencia. De la experiencia, el instituto reflexionó que no era suficiente con la existencia del formato habilitado desde la buena fe de las y los consejeros electorales, si no que hacía falta legislar para modificar la ley electoral en los estados y la propia Constitución Federal para incluir como requisito de elegibilidad electoral no encontrarse en ninguno de los supuestos contemplados por la 3 de 3.
Con el impulso de la consejera Carla Humphrey desde el INE, de las colectivas feministas y de cientos de legisladoras y legisladores que en algunos estados tomaron conciencia de que se tiene que cerrar el paso a los violentadores que quieren perpetuarse en el poder para garantizar impunidad para ellos y para sus pares o cómplices en las mencionadas formas de violencia, se logró que en Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y otros, la 3 de 3 ya se encuentre en la legislación local. Además, en muchos de los Congresos, ya se están abordando temas imposibles de excluir como lo son la violencia vicaria, la cual se nutre de la misma esencia putrefacta que las demás violencias antes enunciadas cuando se comente desde el cobijo del poder político o económico pero en perjuicio de sus propias familias y exparejas.
La iniciativa 3 de 3 contra la violencia, pone en evidencia la necesidad de reconocer el interés público de asuntos que a los violentadores y cómplices les había resultado muy cómodo y deseable mantener reservados a lo privado: sus violencias familiares, sus violentos abusos machistas en sus relaciones sexo-afectivas o laborales y sus conductas antisociales de relacionarse violentamente con las mujeres en lo privado. Insistimos: lo personal, es político. Aunque para cada vez más personas está resultando obvio que no podemos seguir empoderando violadores, violentadores, abusivos y deudores alimentarios, la resistencia a esta causa es recalcitrante en algunos congresos e instancias públicas, lo cual exhibe que éstos, están plagados aún por misóginos que lo último que quieren es activar mecanismos de justicia que los coloquen a sí mismos en el banquillo de los acusados. Esos que se niegan a transitar a una legislación que garantice la honorabilidad y la ejemplaridad de quienes nos gobiernan y nos representan, es decir, a la promoción del gobierno de las y los mejores, son precisamente aquellos que encuentran en su haber historias de violencia, tráfico de influencias y corrupción para extraerse de las consecuencias de su antisocialidad criminal. Es así que, resulta muy oprobioso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, haya interpuesto esta semana una acción de inconstitucionalidad para “tumbar” en los estados que ya legislaron para hacer ley los conceptos promovidos por la 3 de 3, en función de “defender los derechos humanos de los deudores alimentarios y violentadores” que según lo argumentado, no deben ser estigmatizados por sus actos.
La absurda acción de quien debiera velar primero por los derechos de las infancias y de las mujeres víctimas de violencia, ya fue controvertida por colectivas de todo el país y por un nutrido grupo de senadoras quienes, a través de Olga Sánchez Cordero, ya convocaron a comparecer a la Obudswoman ante la cámara alta sobre este asunto inconcebible. De ninguna manera me atrevería a afirmar que Rosario Piedra, no pueda actuar por sí misma, pero por las condiciones de la mal hecha acción de inconstitucionalidad que hoy promueve, pareciera que esta equivocación de quien debiera ser la máxima defensora institucional de los derechos humanos en nuestro país, fuera más una argucia promovida por los poderosos violentadores y deudores alimentarios que se anidan en casi todas las instancias de gobierno y en absolutamente todos los partidos políticos. ¿A qué funesto personaje o personajes estarán intentando proteger? Esperemos a ver quiénes son los primeros en defender la acción y lo sabremos. Al tiempo.
Malas Mujeres
Terrible para las agendas machistas de los partidos han resultado las senadoras de todas las bancadas, legisladoras, exlegisladoras y activistas de 350 colectivas que se unieron el pasado miércoles para manifestar su inconformidad contra la acción de inconstitucionalidad impulsada desde la CNDH, que pretende desestimar la iniciativa 3 de 3 contra la violencia. Sin distingos de grupos políticos y poniendo el interés superior de las infancias, reconociendo que solo unidas podemos avanzar hacia una sociedad menos misógina y machista, todas dejaron atrás sus diferencias y se unieron para pronunciarse a favor de que haya mejores herramientas jurídicas para impedir que lleguen o se perpetúen más violentadores en el poder. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todas ellas, esperando que las experiencias de sororidad y trabajo estratégico, lo repliquen en todos los estados las legisladoras, las funcionarias y políticas y también, desde el respeto, la solidaridad y la conciencia, los funcionarios y ciudadanos de bien.
