LaCostillaRota. México, 05 de octubre 2026.— El expediente 2170/2023, radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, resguarda una serie de diagnósticos que deberían paralizar a cualquier institución. Cinco especialistas de la Subdirección de Evaluación e Intervención Psicológica del propio Tribunal evaluaron a los cinco hijos de Maha Schekaiban. Los dictámenes no dejan espacio a la ambigüedad: documentan un cuadro severo y progresivo de deterioro emocional caracterizado por ansiedad, miedo, tristeza, desesperanza, vulnerabilidad extrema, conflictos de lealtades y una necesidad urgente de atención terapéutica. En uno de los casos, los peritos recomendaron valoración psiquiátrica inmediata ante el riesgo para la seguridad e integridad de la menor; en otro, consignaron focos rojos vinculados a conductas de autolesión e ideación suicida.
A la par, el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) dejó constancia de una interferencia parental grave que obstaculiza cualquier posibilidad de revinculación materno-filial. Las recomendaciones fueron unánimes: terapia individual e independiente para los cinco hermanos. Sin embargo, la burocracia judicial ha operado con un letargo incomprensible. Aunque desde octubre de 2025 existían instrucciones para concretar los tratamientos y el 2 de diciembre de ese año se ordenó una canalización institucional, el oficio indispensable para materializarla no se entregó. Pese a que las alertas y solicitudes fueron replanteadas formalmente ante el juzgado el 20 de febrero de 2026, la respuesta preventiva sigue ausente.
La disputa ha dejado de ser un conflicto privado entre adultos para convertirse en una falla sistemática de protección infantil. Cuando los propios especialistas del Poder Judicial emiten advertencias de esta naturaleza, el juzgado está obligado a rendir cuentas sobre cada omisión, cada retraso y las consecuencias de permitir que las órdenes se incumplan. La actuación de la jueza Araceli Cortés Eslava hoy se encuentra bajo revisión en la queja administrativa TDJCDMX/Q.-940/2026 ante el Tribunal de Disciplina Judicial, instancia a la que corresponde investigar la existencia de responsabilidades sin prejuzgar sobre la culpabilidad.
La fragilidad del proceso, sin embargo, se remonta al antecedente sentado por el anterior titular de ese mismo espacio, Juan Miguel Morales Monter. El 20 de febrero de 2024, Morales Monter revirtió una determinación previa de custodia para entregar a los cinco menores a su padre, Bernardo Vogel, tras un despliegue operativo y la apertura de carpetas de investigación que Schekaiban ha señalado públicamente como fabricadas. Desde entonces, Vogel mantiene la custodia en medio de acusaciones por violencia física, psicológica y vicaria, así como por la obstaculización sistemática de las medidas de protección y de la convivencia materna. En estas denuncias, que demandan una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, la promovente señala también a Guillermo Vogel, padre de Bernardo, por presuntas gestiones e intervenciones orientadas a sostener la separación familiar.
El Juzgado Quinto de lo Familiar arrastra un historial que vuelve colectiva esta alarma. Investigaciones periodísticas han documentado casos trágicos surgidos de ese mismo juzgado, entre ellos el de Milo Poveda Gervassi, cuya madre había denunciado violencia y disputado una custodia que Morales Monter terminó otorgando al padre. Milo falleció por suicidio. Ese antecedente, sumado a las denuncias promovidas por decenas de madres que señalaron patrones similares de actuación judicial, no impidió que Morales Monter fuera electo en 2025 y asumiera oficialmente como magistrado de la Quinta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, luego de que las impugnaciones a su candidatura fueran desechadas por formalismos procesales. Para las víctimas, esta continuidad en la carrera judicial sin una rendición de cuentas transparente representa la consolidación de la impunidad institucional.
Los cuestionamientos a la actuación en ese tribunal tampoco son aislados. Reportajes e investigaciones publicadas por medios como El Universal, La Jornada y Eme Equis han recogido testimonios de múltiples mujeres —como Paola Domínguez Ramos, Marsha Marion Martínez Guajardo, Carla Pérez Abedrop y Elena Lozanova— que describen un itinerario casi idéntico: la denuncia inicial de violencia, la aparición intempestiva de procedimientos en su contra, la pérdida de la custodia o la convivencia, la paralización de sus expedientes y el deterioro acelerado de la salud mental de sus hijos ante la inacción del Estado.
El escenario que enfrenta la familia Schekaiban expone la urgencia de reestructurar la vigilancia sobre los juzgados familiares en todo el país. La labor de las instancias disciplinarias no puede limitarse a recibir quejas tras la consumación de los daños; requiere auditorías permanentes, cruce de expedientes y la aplicación rigurosa de sanciones ante la mala praxis. Cuando los dictámenes oficiales advierten autolesiones e ideación suicida en niños atrapados en litigios prolongados, la tolerancia institucional se vuelve complicidad. Garantizar que el interés superior de la niñez sea una realidad operativa y no una fórmula vacía exige fiscalizar a quienes juzgan antes de que el colapso de un menor vuelva a evidenciar las fallas del sistema.
