Por Isabel Chavarría
Olimpia Coral Melo y las Defensoras Digitales impulsan el proyecto de reformas para fortalecer la legislación, reconocer y sancionar la violencia digital, que pretende cubrir los vacíos legales pendientes en algunos estados de la República, entre ellos San Luis Potosí.
Este martes, la diputada Gabriela Torres presentó ante el Congreso de San Luis Potosí una iniciativa para reformar el Código Penal en materia de violencia digital, que busca fortalecer la legislación y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos contra la intimidad sexual.
En rueda de prensa, Olimpia recalcó que en San Luis Potosí hay 400 mercados de explotación sexual digital, recalcando que Ciudad Valles, Matehuala y San Luis Potosí son los municipios con mayores casos de violencia digital e hizo un llamado a las y los diputados a trabajar en conjunto por una reforma integral pues en el Estado no existe una homologación con las reformas de la Ley Olimpia
El delito llamado “difusión ilícita de imágenes” es limitativo debido a que no contempla los contenidos alterados, como pueden ser las imágenes hechas con Inteligencia Artificial. Es por ello que las Defensoras Digitales Isabel Chavarría y Flor Sosa han impulsado las reformas en conjunto con la diputada Gaby Torres, así como con el apoyo de organizaciones como Las Matses y Tecnoniñas, un proyecto de empoderamiento de las niñas en las tecnologías.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado, en San Luis Potosí existen actualmente 155 denuncias por difusión ilícita de imágenes; 6 de ellas judicializadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Por su parte, la Vicefiscalía reporta 131 carpetas de investigación por este delito y 1 de ellas judicializada, mientras que la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes reporta 7 denuncias.
San Luis Potosí cuenta con 0 sentencias por el delito de difusión ilícita de imágenes, lo cual es un indicio de elementos legales que dificultan el acceso a la justicia y reparación del daño, por ello es necesario reformar. Aunado a ello, a nivel estatal se han destinado escasas actividades y programas destinados a la prevención e información, razón por la cual podría haber una cifra gris sobre casos de violencia digital no denunciados.
De acuerdo con solicitudes de Transparencia, la Policía Cibernética, la fiscalía general del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos son algunas instituciones que han reportado actividades o campañas de difusión sobre temas como cyberbullying, grooming, difusión ilícita de imágenes, capacitaciones sobre atención integral a víctimas de violencia digital y mediática, y talleres de prevención de violencia digital, principalmente dirigidos a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria.
El Poder Judicial también reportó una conferencia de sensibilización de espacios seguros para las niñas a través de la plática “Tecno niñas: construyendo un futuro justo e inclusivo”, impartida por la Mtra. Luiza Rojas.
En cuanto a las universidades, no hubo una respuesta favorable en cuanto a creación de unidades especializadas de atención a víctimas de violencia digital o acciones de sensibilización y atención a las mismas; los protocolos sobre prevención y atención a la violencia de género no reconocen la violación a la intimidad sexual en espacios digitales. Sin embargo, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí ha realizado actividades como el Concurso de Dibujo de “Prevención de la Violencia Digital con Perspectiva de Género”, así como capacitaciones y talleres sobre la Ley Olimpia.
Estas reformas legislativas buscan fortalecer el marco jurídico para que también sea una apertura al tema en espacios en donde convergen la mayor parte de las víctimas, que de acuerdo con el Primer Informe sobre Violencia Digital de Defensoras Digitales son las universidades. Asimismo, las investigadoras Carolina Olvera y Urenda Queletzú, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, afirman que el 27% de la población estudiantil declaró haber presenciado un hecho de violencia digital.
Con esta reforma, presentada desde el día 7 de noviembre en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, se busca modificar la denominación del capítulo IV del Título Cuarto del Código Penal de San Luis Potosí, que pasará de llamarse “Difusión ilícita de imágenes” a “Delitos contra la intimidad sexual”.
De esta manera, se sanciona no sólo la difusión, sino la grabación, almacenamiento, comercialización, alteración o manipulación de material íntimo sin consentimiento, y se incorporan agravantes; por ejemplo, si el delito es cometido por personas con vínculo de amistad, confianza, parentesco o relación afectiva con la víctima, así como quien tenga una posición de poder o jerárquica de relaciones laborales, escolares o domésticas, incluyendo servidores públicos. La reforma fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado y desde Defensoras Digitales estaremos impulsando el fortalecimiento de ley para el acceso a la justicia.
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