Por Núria González López
No nos dejan de llegar alegrías desde la parte del gobierno que pretende legislar sobre las relaciones laborales. Y no me estoy refiriendo a la creación de planes de empleo para paradas y parados de larga duración, o protección real para las mujeres que deciden ser madres, o un plan de empleo juvenil eficiente, no. Nada de eso ni está ni ha está ni se le espera. Me refiero al invento nuevo de la indescriptible Yolanda Díaz de implantar un plan LGTBI en todas las empresas.
Hay que reconocer que desde que Ibarretxe puso de moda tener un plan a todos los políticos les pirra sacarse planes de la manga como si fueran conejos de una chistera, aunque estos conejos ya existan o, aunque rocen la completa y total inconstitucionalidad.
El art. 14 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad, dice que nadie podrá ser discriminado, entre otras cosas, por su orientación sexual. Además, no son pocas las sentencias del Constitucional y el Tribunal Supremo, fruto de la lucha de muchos años de cuando el activismo LGTB era algo serio y no un circo de los horrores, que dejaban más que claro que nadie tenía ni siquiera derecho a preguntarle a ningún trabajador por su orientación sexual, ya que la propia pregunta se consideraba una discriminación.
Es de lógica, igual que lo es que se haya conseguido que también sea discriminatorio aquella preguntita de marras de “cómo te ves dentro de diez años”, a la que si un hombre contestaba: “casado y con hijos” le suponía un contrato fijo, pero que si lo decía una mujer le correspondían con un “ya te llamaremos”.
Pues lo que ahora se pretende supongo que es saber cuál es la orientación sexual de todos los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas porque si no, ya me explicarán ustedes cómo vas a saber a quién aplicarle el plan LGTBI.
Otra de las cosas que incluye el plan de Yoli es un nuevo protocolo contra el acoso laboral específico para personas LGTBI. Como todos ustedes ya saben, ya existen protocolos contra el acoso laboral que todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener en vigor. Me pregunto cuál es la diferencia entre que alguien le haga mobbing a un heterosexual o a una lesbiana. Y si estamos ante un acoso sexual, de nuevo ya existen protocolos contra ello, que se aplican independientemente de la orientación sexual del acosador y del acosado.
La pregunta es qué de relevante tiene saber la orientación sexual en un caso de acoso, si no es que para el ministerio de trabajo hay diferentes gradaciones de acoso y no es lo mismo el acoso de toda la vida a la secretaria hetero que al secretario no binarie.
Y volvemos al punto más loco de todo esto que es que para que a alguien se le aplique este nuevo plan yolandero lo primero que tiene que hacer es declarar públicamente su orientación sexual, cosa que es ilegal, y que además no le importa a absolutamente nadie más que al interesado, a sus relaciones sexo afectivas, y por lo que parece ser a la ministra de trabajo que, por lo que parece, podría ser que tuviera unas tendencias raras al voyerismo.
Todo esto que es una auténtica estupidez pero que cuesta muchos recursos, tanto públicos como privados, tiene un origen que nosotros que el adanismo de esta “nueva política” que pronto se hizo más rancia que la de toda la vida.
Podemitas, sumaritas, mareas que marean y demás artefactos seudodemocráticos y maravillosamente financiados, estaban llenitos de jonvenzanos súper alternativos que llegaron a la política a inventar todo, sin tener ni la menor idea de que la mayoría de cosas ya estaba hechas. Y no era una voluntad de mejorar, sino fruto de una ignorancia absoluta del mundo en el que vivían.
Por eso tenemos a la ministra de trabajo inventando protocolos en los que ya se viene trabajando desde los años 90 y de los que hay sentencias muy profusas desde hace casi 20 años. Pero es normal que les pase esto a la nueva casta, ya que si nunca han trabajado ¿cómo van a saber que existen protocolos contra el acoso laboral?
Eso sí, hasta ahora bastaba con comunicar la difícil situación que representa el mobbing o el acoso sexual para poner la maquinaria en marcha. Ahora se piden más detalles, inconstitucionales e ilegales, que darán pie a conversaciones tales como: “Vengo a denunciar que estoy siendo víctima de acosos sexual en la oficina”, “Oh, que horror. Disculpe, ¿es usted maricón? (no se ofenda, le digo maricón porque ya sabe que empodera, como zorra). Es para saber en qué protocolo le pongo…”.
