Nuevos actores en la Seguridad Pública en la provincia de Córdoba, Argentina. Aportes de la Ley 10954/2023

por Carla Tassile

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Por Carla Tassile

La provincia de Córdoba, Argentina, cuenta con una nueva de Ley de Seguridad Pública y Ciudadana (Ley N° 10.954), sancionada el 20 de diciembre de 2023, apenas unos días después de haber asumido el nuevo gobierno provincial.

Esta ley refleja en gran parte algunos de los anuncios realizado por el actual gobernador durante su campaña, que incluían desde innovaciones en materia de gestión policial hasta la incorporación de armamentos de letalidad reducida y, como dato más sobresaliente, la incorporación de un nuevo actor con un peso relevante en el sistema integrado de seguridad, los gobiernos locales.

Entre las innovaciones de la legislación, como marco para la implementación de la política de seguridad, y que, a su vez, la diferencian de otras leyes vigentes en las demás provincias argentinas, se encuentran: 1) la integración y las características del sistema integrado, 2) la incorporación de nuevos actores y 3) la transversalización de la formación y capacitación como foco de la profesionalización. 

Poniendo la lupa en el segundo punto, la incorporación de nuevos de actores, es que quiero profundizar en el rol que se les atribuye a los gobiernos locales.  Esta legislación pone a los gobiernos locales como protagonistas principales de una política provincial que propone a municipios y comunas ocuparse de la seguridad ciudadana a través de la creación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Si bien, los gobiernos locales, en los últimos años, han venido tomando protagonismo en las políticas de seguridad, debido a la creciente demanda de la ciudadanía, a la multiplicación y diversificación de las problemáticas referidas a la seguridad y a las dificultades que enfrentan los gobiernos subnacionales para brindar soluciones concretas en esta materia, hasta el momento solo pocos de ellos lo habían formalizado con un área o cuerpo especializado para realizar ese trabajo.

Un dato distintivo de este proceso es, que si bien podría haber sido una política que surgiera desde los menores niveles de gobierno hacia el gobierno provincial (bottom-up), es el gobierno provincial el que asume que, en la realidad actual, es preciso incorporar más actores, más niveles de gobierno que trabajen comprometidamente en la materia, que se incorporen diferentes recursos para promover ciudades más seguras donde las personas puedan desarrollar su vida. Y por ese motivo, les propone a quienes conducen los gobiernos locales de la provincia, que adhieran a esta ley y se incorporen al programa provincial. 

Este programa, busca hacer explícita la coordinación gubernamental necesaria para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en la provincia. Tomando como bases fundamentales: a) el reconocimiento de la autonomía de los gobiernos locales, b) la importancia de su rol en la gestión pública local y en la resolución de problemas de la ciudadanía, c) la introducción de los gobiernos locales como actores fundamentales en el sistema integrado de seguridad, y, d) la incorporación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia como elemento central de esa política. 

En este contexto, municipios y comunas se vieron en la necesidad de asumir un rol más activo en la gestión de la conflictividad de sus comunidades. Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba son una manifestación de esta tendencia: nacen para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en la prevención de todo tipo de violencias, contravenciones y delitos, complementando el trabajo de la Policía de la Provincia de Córdoba. 

En este sentido, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia se crean bajo el paradigma de policía de proximidad, como cuerpo auxiliar de la policía provincial y como policía comunal de cercanía, que apoyándose en los lazos comunitarios de la sociedad a la que pertenece, contribuye al mantenimiento de la seguridad pública y la convivencia ciudadana con funciones preventivas y disuasivas de delitos, contravenciones, faltas y conflictos. 

Sin dudas esta política viene a innovar en la gestión de la seguridad en la provincia, y las nuevas funciones que asumen los gobiernos locales, implican desafíos para todos los actores y niveles de gobierno que forman parte del sistema integrado de seguridad. 

En primer lugar, será necesario afianzar esa conceptualización para que la misma sea internalizada y apropiada por quienes se encargan de la gestión de la seguridad y por quienes reciben y participan de dichas políticas. El paradigma de la proximidad, que va de la mano con la gestión local de la seguridad ciudadana, rompe con las políticas de seguridad basadas en una visión más punitivitas y de control del orden, que han sido las más conocidas y extendidas en esta parte del continente.

Además, será preciso apoyar y fortalecer las capacidades estatales con las que cuentan los gobiernos locales para llevar adelante esta política. Así como también, establecer adecuados mecanismos de seguimiento y monitoreo para poder tener conocimiento concreto de la implementación de la política y del impacto que la misma ha provocado en la reducción de la conflictividad y la promoción de la seguridad en nuestras ciudades.

Por último, será necesario contar con una fuerte voluntad política en todos los niveles de gobierno, que trascienda la letra de la legislación para que la misma se materialice y establezca canales concretos de coordinación intergubernamental para brindar soluciones a la ciudadanía. Los gobiernos deberán, además, comprender que probablemente los tiempos que conllevan estas políticas exceden los de los mandatos o los tiempos electorales, y aun así deben sostenerse y trabajar en la construcción y la adaptación permanente.

Superar esos desafíos, es lo que permitirá darle sostenibilidad en el tiempo y trascender los territorios para que la misma se constituya en una política innovadora y verdaderamente transformadora, pasible de ser tomada por otros gobiernos para promover ciudades seguras y vivibles. 

Foto Captura de Pantalla desde X. Edición LCR

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Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.

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