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Por Florencia D. Vega
De acuerdo a datos del Banco Mundial, entre los años 2013 y 2019 11.368 hectáreas de bosques nativos fueron arrasados por la tala ilegal en Chile. Como resultado 1.2 millones de metros cúbicos de madera fueron extraídos de forma ilegal. ¹
De la tala ilegal se derivan externalidades negativas para el medio ambiente, considerando la importante cualidad de sumidero que tienen los bosques nativos en Chile y en el mundo, cuya acción resulta en una reducción de la tasa de calentamiento por efecto invernadero² en un país que reúne al menos 7 de los 9 indicadores³ que lo ubican dentro de los parámetros de vulnerabilidad climática definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), y cuya meta enunciada en su última Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) es alcanzar la carbono neutralidad nada más y nada menos que para 2050. Además, a lo largo del tiempo y con su intensificación y características, la actividad se ha convertido en un problema de seguridad que conlleva riesgos sociales y económicos.
La macrozona sur del país, región donde se sitúa en mayor medida la actividad de la tala ilegal y sus intérpretes, es a su vez foco de un conjunto de problemas de seguridad que son de público conocimiento, y que tienen que ver con la disputa por los territorios que ancestralmente han pertenecido a comunidades indígenas (mapuche) que hasta el día de hoy no han logrado ser resueltos a través de políticas públicas con foco en los derechos humanos, derechos indígenas, y derechos de la tierra, y que se han afrontado con militarización y un constante escalamiento de los niveles y formas de violencia. En la economía criminal de la tala participan intereses económicos y verdaderas mafias madereras que se articulan en torno a lógicas criminales que comparten rasgos con otras organizaciones criminales de la región, pero que sin lugar a dudas tienen características peculiares atribuibles a las características de los protagonistas y de la totalidad de actores involucrados en el circuito. La distribución de las labores dentro de la estructura criminal, la existencia de una logística particular y de mecanismos internos de control, o el lavado de dinero son algunos de los indicadores que forman parte de esta modalidad de economía ilícita. A su vez, tanto el crimen organizado como las economías ilegales son fenómenos cuya característica principal es la capacidad de mutar rápidamente y adaptarse a las condiciones (políticas, económicas, sociales, ambientales y/o sanitarias) del entorno, por lo que en Chile toma formas particulares e indefectiblemente se relaciona con la conflictividad por el acceso a tierras y el reclamo centenario de los pueblos indígenas que históricamente han habitado el sector.
La discusión normativa ha intentado sin éxito sobreponerse a la lucrativa industria de la tala ilegal, que como toda actividad criminal, siempre va a un paso adelante de lo que las políticas públicas formulan. En septiembre de 2022 entró en vigor la Ley N° 21.488 sobre Robo de Madera, que modificó el Código Penal y Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera actividades ilícitas derivadas, al mismo tiempo que posibilitó el empleo técnicas especiales de investigación para la persecución de involucrados. Con ella se busca entregar un marco de seguridad y paz que de ser bien ejecutado evitará situaciones de robo de madera con fines de tráfico y comercialización, previniendo hechos de violencia extrema y logrando llevar al debate nacional un tema que es de interés transversal, cuyas consecuencias no están solamente enquistadas en la macrozona sur, si no que están vinculadas a rutas de tráfico a lo largo de Chile.
Paralelamente, los incendios intencionales azotan año tras año los bosques de la Araucanía, región que en los últimos 5 años ha sufrido un promedio de 1.385 incendios de distinta magnitud que han afectado a 51.050 hectáreas⁴ entre bosques e incluso sectores habitados. Seis de diez atentados registrados en los primeros 4 meses del 2024 han sido perpetrados contra empresas de servicios forestales, a lo que los gremios de la industria responden con demandas de más militarización y garantías de contextos en los que puedan operar sin riesgos en extensiones de tierra que se encuentran usurpadas o son de difícil acceso.
Esta situación genera incertidumbre en la actividad y aumenta los costos asociados a la protección, lo que afecta negativamente la competitividad, en comparación con otros mercados⁵, y genera un sesgo en la lectura y análisis de lo que es en su raíz un problema de seguridad, más que un inconveniente económico o limitación para el desarrollo y la libre competencia en condiciones justas de mercado.
Otra deuda es la sanción de la Ley de Incendios, que a la fecha (abril de 2024) aún se encuentra en discusión en el Senado, y que se ha debatido desde que fuera ingresada a la cámara como proyecto por el gobierno en octubre de 2023.
En las circunstancias que se describen, con una economía criminal de la madera consolidada, una presencia importante de empresariado de la industria forestal, y comunidades indígenas ancestrales que habitan los territorios y exigen el respeto del derecho a sus tierras y la oposición al funcionamiento de industrias extractivas que ponen en riesgo la sostenibilidad del ecosistema; todo ello en un contexto de extrema violencia se conjugan características que dificultan un análisis cerrado del asunto. Los vectores a considerar no sólo son muchos, sino además, complejos, lo cual se manifiesta en décadas de políticas ineficientes que han pretendido poner fin a la conflictividad sin ofrecer garantías de seguridad.
En cuanto a los actores involucrados, las comunidades mapuche han concitado el rechazo de algunos sectores de la sociedad por verse involucradas en actos de vandalismo. Han quemado bosques y camiones transportadores de madera, han atacado aserraderos y montado bloqueos de vías para obligar a las empresas a salir de la región⁶, al mismo tiempo que se han manifestado abiertamente en contra de las industrias contaminantes que prometen puestos de trabajo y desarrollo (a costo de grave afectación ecosistémica). No obstante, a parte de los mapuche, pero también activos en la región, las oscuras mafias madereras operan como verdaderos carteles criminales dedicados a la tala ilegal. Al contrario de los mapuche, esas mafias madereras no tienen objetivos políticos y están movidas por las ganancias del lucrativo tráfico de madera. En ocasiones, los pistoleros secuestran camiones completos de madera talada legalmente⁷, que pasa a formar parte del botín que será comercializado en los circuitos de la economía ilícita. Lo que hacen estas mafias es agravar la inestabilidad creada por la violencia y protestas de los mapuche⁸, lo que en un escenario de ausencia del Estado genera un terreno fértil para la comisión de delitos, usurpación de terrenos y vulneración de los derechos humanos.
Más aún, ambas facciones (actores criminales y referentes de algunas de las causas mapuche) interactúan en un complejo entramado que involucra intereses económicos con causas políticas. Ambos actores participan también en la usurpación de tierras y la tala ilegal, sus actividades han llevado a un círculo vicioso que, amparado en la debilidad institucional, les ha permitido crecer a ambos⁹. Tal es así que grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha sido señalada como partícipe de las actividades de la tala ilegal con el fin de financiar sus objetivos políticos, aunque definitivamente no puede decirse que se trate de una estructura criminal en la que están involucradas los pueblos originarios, dado que no es una relación que reúna los requisitos de una estructura criminal ni persigue los mismos propósitos.
La situación de la soberanía, o más bien del dominio de los territorios en la macrozona sur es cuando menos, polémica. En primer lugar, porque afecta de forma directa a los intereses permanentes de Chile, que tienen que ver con la protección de sus fronteras (internas y externas) y con su reivindicación del reconocimiento de los pueblos indígenas en su Ley N° 19.263 (1993), dos semánticas que no son del todo compatibles. En segundo lugar, porque los mapuche ejercen autoridad de facto en sectores de la Araucanía, detentando el control de autopistas y vías de acceso e instando al desalojo de propiedades en terrenos que consideran propios por reclamación histórica. El dominio de zonas clave de tránsito de la madera, posibilita la extracción de madera robada para ser transportada y comercializada de forma ilegal.
De todas maneras cabe destacar que las interacciones de los grupos con las economías ilícitas paralelas son una diferencia clave entre ellos. Las mafias madereras roban partes de maquinaria y combustible a las empresas forestales legales y luego venden esos productos en el mercado negro¹⁰, con un único fin, que es el lucro, mientras que los grupos violentos organizados participan de las actividades de este mercado ilegal con un objetivo que es cultural y también político.
Por lo anterior, no basta con un enfoque que centra la búsqueda de soluciones ponderando los conceptos de violencia o inseguridad (incluso terrorismo) en términos generales, asimilándolo a lógicas de grupos fundamentalistas o meramente criminales, pues se omiten variables significativas para entender el meollo del problema y elaborar alternativas de resolución obnubiladas por la lógica de abordar todo conflicto de seguridad con estigmatización y medidas de militarización. El primer paso sin duda será identificar las partes que se interrelacionan en el conflicto, comprender que sus características y modos de relacionarse pueden transformarse en menos tiempo de lo que toma hacer un análisis, ponderar los conceptos de violencia rural, economía criminal, grupos violentos organizados, terrorismo, y mafias madereras y avanzar a una solución basada en consensos, que no serán fácilmente alcanzables, pero sí sostenibles en el tiempo, mientras que en paralelo se combate criminalidad con estrategias sistemáticas y progresivas, con un fuerte foco en la investigación.
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Notas al pie.
¹ Buse, E. Actividad ilícita en el sector maderero de Chile (10/05/2023).
² Center for Climate and Resilience Research (2023)
³ Criterios de vulnerabilidad en Chile según el CMNUCC: áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.
⁴ Corma Araucanía: “Necesitamos una buena ley de incendios que termine con la intencionalidad”. 9/04/2024.
⁵ íbid
⁶ InSight Crime (2/011/2011). Cómo la tala ilegal degeneró una crisis nacional de seguridad en Chile.
₇ íbid
⁸ íbid
₉ íbid
¹⁰ íbid
Foto de Teuku Boyhaqie desde Getty Images Signature. Composición LCR
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
