Por Karla Micheel Salas Ramírez
En Tamuín hubo días que comenzaron como cualquier otro: una niña que se dirigía a la escuela, otra que regresaba a casa, una mujer que salía de trabajar. Nadie imaginó que esos trayectos cotidianos se convertirían en ausencia permanente.
No son cifras, desaparecieron niñas, desaparecieron jóvenes, desaparecieron futuros.
Itzel Romany tenía once años. Era una niña estudiosa a la que le gustaba leer; participó en concursos de lectura y redacción. Hacía pulseras, collares y aretes artesanales. Era creativa, cariñosa. Soñaba con llegar a la universidad como su hermana mayor y también con ser policía como su mamá.
Dulce Ximena Reyes tenía nueve años. Cabello chino y espíritu libre. Tímida, dulce, muy observadora. Formaba parte de la banda de guerra de su escuela y tocaba el tambor con disciplina y emoción.
Elioenai tenía treinta y dos años. Amaba la vida y lo demostraba siendo alegre. Disfrutaba el baile, la comedia, hacer chistes. Cuidaba su alimentación, hacía ejercicio, se preocupaba por su bienestar. Fue amable, amorosa y profundamente unida a su familia.
También Rosa María, de quince años, y Adriana, de apenas trece. Adolescentes que apenas comenzaban a construir su historia.
Entre 2010 y 2014, en Tamuín, San Luis Potosí, comenzaron las desapariciones. Las familias denunciaron y recibieron respuestas que hasta hoy solemos escuchar: “seguro se fue con el novio”, “hay que esperar”, “ya regresará”. No hubo búsquedas inmediatas. Nunca se conectaron los casos. Las autoridades no investigaron con la urgencia que exige la desaparición de una niña.
La última desaparición, la de Elioenai, marcó un punto de quiebre. Su familia no aceptó la pasividad. Revisaron cámaras, rastrearon llamadas, geolocalizaron dispositivos, reconstruyeron trayectorias, investigaron a diversos sospechosos. Hicieron lo que el Estado debió hacer años antes. Esa investigación fue decisiva para identificar y vincular al agresor con las desapariciones, y para localizar los cuerpos de las víctimas.
Durante años, el responsable fue presentado como “el monstruo de Tamuín”. Pero no fue un monstruo inexplicable. Fue un hombre que actuó en un contexto que le permitió hacerlo. Un hijo sano del patriarcado, de un sistema que minimiza la violencia contra niñas y mujeres, que desconfía primero de ellas y que demora la acción institucional. Filiberto pudo seguir cometiendo crímenes porque la autoridad no actuó desde la primera desaparición. La omisión abrió la puerta a la repetición.
A lo largo del proceso judicial, las familias no solo enfrentaron la lentitud institucional. También soportaron la actitud desafiante de quien, sin mostrar arrepentimiento, intentó minimizar el daño y burlarse del dolor causado, que interpuso diversos recursos para evitar que se le dictara una sentencia. Frente a ello, se mantuvieron firmes. No retrocedieron. Mantuvieron con temple la exigencia de justicia durante más de doce años.
Finalmente, el 19 de febrero de 2026 se dictó sentencia condenatoria por tres de los cinco feminicidios. Aún falta justicia plena para Adriana y Rosa María.
Al dar a conocer la sentencia, la jueza Rosa Irene Blanco Ríos sostuvo que su resolución no respondía solo a la legalidad, sino a una justicia con perspectiva de género y sentido humano. Reconoció las vulnerabilidades de las víctimas, que el agresor se aprovechó de contextos de desprotección y, sobre todo, la lucha de las familias.
Ese reconocimiento no es menor.
Durante años, las familias cargaron culpas que no les correspondían. “No debí dejarla sola”. “Debí haber hecho más”. Cuando la palabra judicial establece que la responsabilidad es exclusiva del feminicida, algo se reordena. La culpa cambia de lugar y deja de pesar sobre quienes sobrevivieron.
Como señala Pierre Bourdieu, las decisiones judiciales son palabra autorizada, enunciada en nombre de todos. Tienen la fuerza de imponer una visión legítima de los hechos. Esta sentencia no devuelve vidas. No borra la ausencia. Pero fija una verdad pública: fueron feminicidios. Hubo responsabilidad. Hubo omisión institucional.
Y en esa verdad también hay una forma de reparación. Nombrarlas en la sentencia es honrar su memoria. Reconocer lo que ocurrió es impedir que el silencio vuelva a cubrirlo.
Este caso nos obliga a mirar más allá del agresor. Nos exige revisar cómo reaccionan las autoridades ante una desaparición, reconocer la labor de las familias que se organizan para llenar los vacíos institucionales y comprender cómo la incorporación de la perspectiva de género puede transformar un proceso judicial en un acto de justicia. Porque cuando el Estado minimiza, cuando retrasa, cuando no investiga con la debida diligencia, la violencia feminicida se perpetúa.
No olvidemos sus nombres:
Itzel, que soñaba con ser policía.
Ximena, con su tambor y su disciplina.
Elioenai, con su risa generosa.
Rosa María y Adriana, con la vida apenas comenzando.
La sentencia no las devuelve, pero al nombrarlas, las arranca del olvido. Es un acto de memoria y recordarlas es una forma de justicia.
Y exigir que las autoridades no vuelvan a permitir la repetición no es solo una demanda: es una responsabilidad colectiva.
Foto Facebook Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social
