Por Sandra Gabriela Caprile Torres
Cuando estalla un motín en una cárcel guatemalteca, el país mira horrorizado las imágenes por unos días y luego pasa de pantalla. Las autoridades hablan de “recuperar el control”, se anuncian traslados, refuerzos de seguridad y alguna promesa de investigación. Pero puertas adentro de esos muros la vida sigue igual: hacinamiento extremo, infraestructura al borde del colapso y cuerpos descartables apilados en espacios pensados para la mitad de las personas que hoy encierran. No estamos frente a una emergencia excepcional, sino ante una crisis en estado crónico que el sistema político ha elegido normalizar.
Guatemala tiene un sistema penitenciario con niveles de sobrepoblación que pueden triplicar la capacidad instalada, en algunos casos llegando a un 300% de hacinamiento. Esa saturación convierte cualquier conflicto en una chispa capaz de desatar un motín: un corte en el suministro de agua, un registro violento, una pelea por espacio o por comida. Lejos de ser “fallas puntuales”, estos estallidos son la consecuencia previsible de una política penal que multiplica encarcelamientos sin invertir en condiciones dignas, alternativas a la prisión preventiva o programas de reinserción. En lugar de centros de rehabilitación, las cárceles se parecen cada vez más a bodegas donde se guardan seres humanos considerados desechables.
La llamada “guerra contra las drogas” ha sido uno de los motores principales de esta expansión del encierro. En los últimos años, Guatemala ha quintuplicado su población femenina encarcelada, con aumentos especialmente fuertes entre mujeres pobres vinculadas a delitos de drogas de baja escala. Son vendedoras ambulantes, jefas de hogar, mujeres que actuaron como correos o que se movieron en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. El discurso oficial habla de “combatir el crimen organizado”, pero en la práctica el peso de la represión cae sobre quienes menos poder tienen para defenderse, mientras las estructuras económicas que se benefician del tráfico permanecen intactas.
Para las mujeres encarceladas, la crisis carcelaria se cruza con otras violencias: la pobreza, el racismo, el machismo institucional. En Guatemala, las mujeres representan alrededor del 11% de la población penitenciaria, una proporción alta para la región, y muchas de ellas son indígenas y pobres. En centros como la cárcel de mujeres de Quetzaltenango, un edificio con capacidad para unas 50 personas ha llegado a alojar más de 150 mujeres y al menos una decena de niñas y niños que viven con sus madres entre paredes agrietadas y techos que se caen. No hay espacio suficiente para dormir, la ventilación es deficiente, el acceso a agua y saneamiento es precario, y el hacinamiento hace inviable cualquier medida básica de salud pública. El castigo se extiende, así, a las infancias que nunca cometieron delito.
El componente racial de esta crisis también es inocultable. Organizaciones que acompañan a mujeres indígenas privadas de libertad describen un entramado de discriminación que va desde las detenciones basadas en acusaciones falsas y pruebas fabricadas hasta procesos sin intérprete ni defensa adecuada. Las mujeres indígenas llegan a la cárcel por la triple marca de ser mujeres, ser pobres y ser indígenas, y en prisión siguen enfrentando humillaciones, falta de acceso a información y exigencias que no contemplan su lengua ni su cosmovisión. Cuando el sistema penal se alimenta de esos prejuicios, la cárcel deja de ser respuesta a un delito concreto y se convierte en la forma más brutal de administrar la desigualdad.
La vida cotidiana dentro de los penales evidencia hasta qué punto el Estado se retira en la frontera de los muros. Las oportunidades de trabajo y estudio son escasas o inexistentes, y cuando existen se reducen a actividades marcadas por roles de género tradicionales: cocinar, coser, limpiar. Lejos de pensar la prisión como espacio de reinserción, el sistema la usa como depósito de cuerpos improductivos, dejando en manos de organizaciones sociales y de las propias internas buena parte de las estrategias de supervivencia. En ese contexto, ¿cómo hablar de “rehabilitación” si el mensaje estructural es que la vida de esas personas no merece inversión ni futuro?
Frente a cada motín, la respuesta política se concentra en reforzar el control: más fuerzas de seguridad, más armas, más castigos internos. Pero la pregunta de fondo sigue sin responderse: ¿es el hacinamiento una consecuencia involuntaria de la desidia o una forma de castigo no declarada contra quienes el sistema considera descartables? Cuando se aceptan niveles de sobrepoblación que rozan el trato cruel, inhumano o degradante, cuando se naturaliza que mujeres y niños vivan hacinados en edificios que se caen a pedazos, lo que está en juego no es solo la política penitenciaria, sino la idea misma de ciudadanía.
Si esta es una crisis en estado crónico, la salida no puede limitarse a apagar incendios cada vez que un motín estalla. Se necesitan reformas profundas: revisar las políticas de drogas que llenan las cárceles de mujeres pobres, limitar el uso de la prisión preventiva, invertir en infraestructura digna, garantizar intérpretes y defensas adecuadas para mujeres indígenas, desarrollar medidas alternativas a la privación de libertad para madres y cuidadoras. Pero también se requiere algo más incómodo: que la sociedad guatemalteca deje de mirar a las personas presas como residuos humanos y las reconozca como sujetas de derechos.
La pregunta final, entonces, no es solo para el Estado central, sino también para los gobiernos locales, para las organizaciones feministas y de derechos humanos de la región, para quienes escribimos y leemos sobre estos temas desde fuera de los muros: ¿vamos a seguir reaccionando solo cuando la crisis explota en forma de motín, o vamos a asumir que mientras las cárceles sigan funcionando como bodegas de seres humanos desechables, la verdadera emergencia es la nuestra, no la de ellas?.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto: Creada con IA por LCR
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