Por Sofía Gamboa
Estamos entrando a un mundo donde el poder ha dejado de negociarse y ha empezado a cobrarse: el más fuerte toma lo que puede y explica después. Tarifas, sanciones, operaciones preventivas y mensajes de fuerza están desplazando reglas, acuerdos y cooperación. No es una exageración: es la lógica que define hoy buena parte del orden internacional y que se ha acelerado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Vivimos en un entorno cada vez más transaccional, más crudo y menos predecible. El problema es que la factura de ese poder no llega a los despachos donde se decide, sino a los hogares donde se absorbe. En países como México, se paga en la despensa, en la factura de la luz y, con demasiada frecuencia, en el cuerpo y el tiempo de las mujeres.
En el caso mexicano, este contexto no es abstracto. Más del 80 % de las exportaciones dependen de Estados Unidos, lo que convierte cualquier ciclo de tarifas, amenazas comerciales o tensiones políticas en un golpe directo a precios, empleo y estabilidad doméstica. Cuando las reglas se debilitan, la economía se vuelve rehén del humor del poder, y esa volatilidad se filtra al día a día.
Lo mismo ocurre con la energía. Una parte central de la electricidad que consumimos se genera con gas natural importado por ducto desde Texas. Cuando ese flujo se encarece, se interrumpe o se vuelve moneda de presión geopolítica, el impacto aparece de inmediato en los recibos de luz y en la operación de pequeños negocios y hogares. En muchos micronegocios, un incremento de dos dígitos en la factura eléctrica basta para borrar el margen completo del mes.
Cuando la energía se vuelve impredecible, no solo suben los precios: se rompe la planeación básica del flujo de efectivo. Lo que antes podía anticiparse ahora se administra al corto plazo, convirtiendo la supervivencia económica en una negociación constante con la incertidumbre.
A este escenario se suma la normalización de la fuerza como lenguaje político. El endurecimiento del discurso migratorio y de seguridad en Estados Unidos ha vuelto aceptable aquello que antes exigía explicaciones. El caso reciente en Minneapolis, donde una mujer murió durante un operativo federal de inmigración, mostró con brutal claridad cómo el poder sin contrapesos puede convertir cuerpos civiles en daños colaterales.
Hoy un agente dispara y después lo explica en un comunicado; mañana, un funcionario en cualquier país podría comentar una muerte en términos administrativos, como parte del trámite. Esa lógica cruza fronteras simbólicas y materiales. Cuando la fuerza sustituye a las reglas, la violencia se filtra al cotidiano y vuelve más riesgoso observar, protestar o simplemente transitar, especialmente para las mujeres.
La geopolítica insiste en mirar hacia arriba: territorios estratégicos, minerales críticos, rutas marítimas, promesas de seguridad futura. Pero rara vez mira hacia adentro. Mientras se discuten Groenlandia, el Ártico o las tierras raras, el costo inmediato de la inflación, la logística y la incertidumbre recae sobre hogares ya estresados. La promesa geopolítica no llena el refrigerador ni paga la renta. Y son las mujeres, quienes sostienen la economía doméstica y una gran parte de los pequeños Negocios, las que administran ese impacto todos los días.
Frente a este contexto, la alternativa no es el fatalismo, sino la resiliencia desde abajo. Un ejemplo concreto es la energía. Mientras los grandes estados utilizan combustibles y minerales como herramientas de poder, comunidades en distintos países están construyendo microredes locales que producen, almacenan y comparten electricidad limpia entre vecindarios.
Desde barrios de Brooklyn, donde vecinas y vecinos comenzaron a intercambiar energía solar tras los apagones provocados por el huracán Sandy, hasta comunidades indígenas en California que hoy mantienen hospitales y centros de refugio con microredes propias; desde cooperativas ciudadanas en Alemania hasta pueblos rurales en Australia que gestionan su electricidad para reducir costos y dependencia externa.
No se trata de laboratorios futuristas ni de un discurso abstracto de transición verde. En estos esquemas, la tecnología se usa para registrar intercambios, reducir costos y disminuir la dependencia de sistemas centrales frágiles y politizados. Son respuestas prácticas de comunidades que entendieron que, en un mundo donde la energía se ha convertido en arma geopolítica, producir y gobernar lo local es una forma concreta de protección economica y social.
Para México, esto no es una curiosidad tecnológica, sino una estrategia de defensa cotidiana. Colonias, parques industriales o zonas comerciales podrían amortiguar choques externos (tarifas, crisis energéticas o disrupciones logísticas) mediante esquemas locales más resilientes. Cuando baja el costo de la luz, sube la viabilidad de negocios como zapaterías, panaderías, estéticas, fondas, talleres de costura o tiendas de abarrotes, muchos de ellos encabezados por mujeres.
Esa reducción de costos no solo mejora márgenes: introduce una primera capa de autonomía económica. Y cuando las mujeres participan en la gobernanza de estos sistemas, las prioridades cambian. Las decisiones empiezan a incorporar seguridad, horarios, cuidados y bienestar, no solo eficiencia financiera.
Así se vuelve evidente que el verdadero mapa de riesgos hacia 2026 no está en los comunicados oficiales, sino en la vida diaria. En el cuadrante de mayor impacto y mayor probabilidad aparecen las tarifas, la volatilidad energética, el encarecimiento del crédito y las disrupciones logísticas. No son conceptos abstractos ni debates de politica internacional: son precios que suben en la despensa, recibos de luz impredecibles, insumos que tardan más en llegar y flujos de efectivo cada vez más apretados. Son decisiones globales que terminan filtrándose en el día a día como estrés financiero permanente.
Pero ese estrés no llega solo. Detrás de los riesgos económicos visibles opera otro factor menos tangible, pero igual de corrosivo: la normalización de la violencia política y la desinformación, que erosionan la confianza social y fragmentan comunidades. Ese desgaste no aparece en estadísticas macroeconómicas ni en reportes trimestrales, pero se paga en horas extra de cuidado, mediación informal de conflictos y contención emocional constante. Y, una vez más, no se distribuye de forma neutra: Vuelve a recaer de forma desproporcionada sobre las mujeres.
Es precisamente desde ahí que una óptica feminista deja de ser un marco teórico y se convierte en una herramienta de lectura indispensable. La pregunta no es solo qué poder se disputa, sino quién paga el costo. Cada sanción mal diseñada, cada amenaza comercial y cada operación sin rendición de cuentas se traducen en más trabajo no remunerado, más ansiedad y menos autonomía.
Vista desde este ángulo, la coyuntura exige algo más que diagnósticos reactivos. Defender reglas, cooperación y diplomacia no es ingenuidad: es protección del tejido social. Apostar por resiliencia local (energía, datos, organización comunitaria) no es aislamiento, es sentido práctico. Y colocar a las mujeres en el centro del análisis no es ideología: es reconocer quién sostiene la economía real cuando el mundo se vuelve más duro.
Porque si este nuevo orden global se mide por fuerza, las mujeres lo medimos por impacto. Y ahí, el veredicto es claro: no hay estabilidad posible mientras el poder se ejerza sin límites y sin pensar en quienes pagan la factura todos los días.
@GamboaSofia
