Por Paloma Cecilia Barraza Cárdenas
“Había un muro. No parecía importante…
Al igual que todos los muros era ambiguo, bifacético,
Lo que había dentro, o fuera de él,
dependía del lado en que uno se encontraba”
Úrsula K. Le Guin
Hay promesas destinadas a cargar con el peso de su propio desencanto.
Reconocer es una de ellas. En el lenguaje jurídico, parece un verbo noble, una restitución del orden descarriado. Sin embargo, bajo su aparente bondad se esconde una pregunta demasiado incómoda: ¿quién reconoce a quién?
Hace unos días, en el XV Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Justicia Constitucional en la Universidad Juárez del Estado de Durango, organizado por el Cuerpo Académico UJED-CA-46, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hablé sobre la reciente reforma al artículo 2º de nuestra Carta Magna, un tema que decidí explorar en un libro colectivo de reciente publicación.
La disposición fue modificada para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, dotándoles de personalidad jurídica y patrimonio propio. De inicio, lo celebré, evidentemente; las ampliaciones de derechos merecen alegría. Pero estas acciones, en estos temas, a veces no son inocentes. A mi parecer, la reforma fue necesaria, pero no suficiente. Porque en el fondo del reconocimiento jurídico habitan viejos demonios. La inclusión impedida a transformar, la visibilidad incapaz de redistribuir el poder, la justicia inclinada a nombrar sin materializar.
La historia constitucional mexicana ha navegado entre las aguas turbias del avance normativo y las del tutelaje. Durante siglos, las comunidades indígenas y afrodescendientes fueron tratadas como objeto de política pública, no como sujetos de derecho. De ahí la relevancia simbólica de esta reforma, pues trata de romper con el paternalismo y abre la posibilidad de una autonomía colectiva. Pero ese gesto, tan solemne en el Diario Oficial, no basta. La igualdad no se decreta; se construye desde abajo, en los territorios, en las lenguas, en los cuerpos.
En dichos contextos, los Estados practican lo que se conoce en la doctrina como “inclusión subordinada”. Integran la diferencia al discurso, pero no ceden el poder. Así, el reconocimiento se convierte en una forma sofisticada de control. Se concede visibilidad, pero se preservan las jerarquías. En el terreno constitucional, el Estado sigue siendo el único con la facultad de reconocer.
Por eso, cuando hablo de esta reforma, decido hacerlo desde las mujeres.
Desde quienes viven en las orillas del mapa. Mujeres indígenas y afromexicanas. Desde allí la ley se ve y se escucha diferente. Ellas habitan ese lugar donde la teoría feminista dominante rara vez pone la mirada. Son mujeres que no viven una sola opresión, sino muchas a la vez. Esa superposición de desigualdades tiene un nombre: interseccionalidad.
Kimberlé Crenshaw acuñó el término para mostrar cómo las mujeres negras quedaban invisibles tanto en el discurso feminista blanco como en el movimiento antirracista. Desde entonces, la interseccionalidad ha servido para abrir fisuras en el relato homogéneo de los derechos, para evidenciar las zonas donde las injusticias se encuentran y se multiplican. Aplicada al derecho constitucional mexicano, esta mirada nos obliga a preguntarnos cómo se distribuyen realmente los beneficios del reconocimiento.
Hablar de interseccionalidad en el derecho es político. Significa cuestionar la supuesta neutralidad del discurso jurídico y admitir que no todas las mujeres viven la desigualdad de la misma manera ni acceden a la justicia bajo las mismas condiciones. El constitucionalismo, incluso el más progresista, suele reproducir una lógica patriarcal del reconocimiento condicionado, es decir, visibiliza a las comunidades, pero invisibiliza a las mujeres dentro de ellas. Y en esa doble jugada, el Estado celebra la diversidad mientras conserva intacta la jerarquía. El derecho, que se supone instrumento de justicia, se convierte entonces en una frontera más.
La interseccionalidad, como brújula ética, nos obliga a formular, como dice Mari Matsuda, “la otra pregunta”. Frente a un problema de racismo, ¿dónde está el patriarcado?; frente a uno de machismo, ¿dónde está la clase, la lengua, la racialización, la orientación sexual?
Esa pregunta, tan sencilla y tan radical, desmonta la ficción de un sujeto universal de derechos. La igualdad no debe pensarse desde la homogeneidad, sino desde la diferencia. Las mujeres indígenas y afromexicanas encarnan esa diferencia que incomoda, desordena categorías y exige a la ley escuchar. Son ellas quienes, a pesar de los silencios institucionales, producen conocimiento jurídico, sostienen liderazgos comunitarios, practican formas de justicia y construyen epistemologías propias.
En México, la palabra “reforma” suele cargarse de solemnidad. Pero toda modificación corre el riesgo de volverse letra muerta si no transforma los imaginarios que sostienen la desigualdad. La inclusión incapaz de cuestionar la estructura termina siendo una celebración del poder excluyente. El desafío, por tanto, no es exclusivamente normativo, sino cultural, político y epistémico. Se trata de aprender a pensar la igualdad desde la diferencia, y no a pesar de ella.
Y eso implica cambiar la manera de entender y operar el Derecho como un campo de disputa, un territorio donde también se siembra resistencia.
A veces, como nos decía un querido maestro, el Dr. Enrique Cáceres Nieto, el Derecho se comporta como ese mago que pretende corregir el hechizo del mundo con palabras, sin tocar la raíz del encantamiento (o algo así, fue hace muchos años). Pero hay cosas que no se curan con decretos o conjuros normativos. La desigualdad, por ejemplo.
Y aquí subrayo algo sumamente importante. Yo no soy la persona indicada para hablar de estos temas. No me atraviesan las mismas opresiones ni pertenezco a los pueblos sobre los cuales reflexiono. Mi lugar en este contexto es el del privilegio. Una mujer académica, universitaria, directora, quien habla y escribe desde un espacio institucional. Pero justamente por eso, creo que callar sería aún más irresponsable. Porque el silencio del privilegio también perpetúa la desigualdad. Así pues, asumo el riesgo, con la objetividad que la academia exige, pero también con la conciencia política que estos temas demandan.
La Constitución puede reformarse cada semana; la conciencia, a veces, tarda toda una vida. Y quizá de eso se trata también. De problematizar desde dónde hablamos, escribimos o reconocemos y empezar a nutrir esa conciencia. Porque el verdadero desafío no está en reformar la ley, sino en transformar la mirada que la escribe.
Foto: Composición, Alejandra de la Fuente, Getty Images; Luis Zambrano, Pexels y Hector Pertuz
