LaCostillaRota. 26 de septiembre, 2025.- Tras la presentación de una iniciativa de ley por parte de la diputada Nelly Rivera Sánchez (Morena) para tipificar los ataques con ácido y otras sustancias químicas en el Estado de México, la Fundación Carmen Sánchez emitió un comunicado reconociendo el esfuerzo, pero solicitando la inclusión de una propuesta legislativa más amplia previamente elaborada por la organización.
La fundación, dedicada a la defensa de sobrevivientes de violencia química, enfatizó la importancia de considerar el trabajo previo que se ha realizado para combatir esta brutal forma de agresión.
La Fundación Carmen Sánchez detalló que en febrero del año pasado ya habían presentado una propuesta de reforma legislativa integral. Esta propuesta buscaba no solo definir jurídicamente la violencia química como un tipo de violencia contra las mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, sino también tipificarla como delito autónomo en el Código Penal Local.
El objetivo central de la propuesta de la fundación es asegurar que la legislación contemple las razones de género y el riesgo para la vida que implican estos ataques, que a menudo dejan secuelas permanentes y devastadoras en las víctimas.
La diferencia clave entre ambas iniciativas radica en el enfoque. La propuesta de la Fundación Carmen Sánchez no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también expone la necesidad de acompañar las reformas con medidas en el ámbito psicosocial, laboral, de salud y justicia.
«Nuestra propuesta fue construida junto con víctimas, representantes institucionales, especialistas y aliadas políticas, quienes enriquecieron el planteamiento con sus visiones y experiencias», señala el comunicado de la organización.
Por ello, la Fundación Carmen Sánchez solicitó respetuosamente a la diputada Rivera Sánchez y a la bancada de Morena que se les permita presentar su iniciativa y formar parte activa del proceso de discusión. La fundación concluyó que la construcción de un marco jurídico eficaz debe hacerse «de la mano de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema.»
