Por Angélica de la Peña
Recordemos que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por primera vez activó en abril pasado el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas.
Tal procedimiento señala que el Estado Parte debe enviar toda la información pertinente, para evaluar con carácter de urgente, si se lleva ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el caso sobre las desapariciones forzadas en México.
Esto es resultado porque el gobierno no está cumpliendo ni con las convenciones en esta materia de las que México es parte, ni con las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de NU, ni con la Ley Nacional vigente desde 2017, y tampoco con sus propias promesas hacia las familias que buscan a sus seres queridos.
El gobierno de México ha simulado desde que llegó la 4T al poder, que “ahora sí” atenderá los reclamos de las madres buscadoras quienes integran la mayor parte de las organizaciones de búsqueda. No sólo no atendió el desastre de gobiernos pasados, sino que desde 2018 se elevó el número de desapariciones involuntarias.
Pero aún con las amenazas o el tránsito riesgoso en algunos lugares dominados por los malosos, ni el peligro de enfrentar a policías involucrados en la desaparición forzada ha impedido a las madres buscadoras investigar, buscar, rastrear, exigir y enfrentar a los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, quienes muchos de ellos no están nada tranquilos al constatar la fuerza e ímpetu de estas valientes mujeres; muchas de ellas han dejado todo, incluso su propia salud, para buscar a sus hijas e hijos.
Por desgracia en el último decenio han sido asesinadas 19 madres buscadoras, lo que evidencia la exposición que enfrentan, pero también la impunidad de este grave delito, de manera que sólo queda que el Estado mexicano sea llevado ante la Asamblea de las Naciones Unidas, como lo establece el citado artículo 34 de la Convención
Recordemos los datos de las organizaciones de la sociedad civil: no se sabe el paradero o destino de más de 133 mil personas desaparecidas. Tampoco se explica porqué hay más de 72 mil cuerpos e innumerables restos humanos sin identificar, y ante esta también crisis humanitaria, sólo se han dictado 373 sentencias judiciales. En datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en lo que va del año cada día desparecen 42 personas, casi lo doble de los datos del año pasado: así la muestra de la impunidad, también de la demagogia presidencial.
No es suficiente que la Presidenta hoy se refiera a ellas, a las madres, con cierta benevolencia, a diferencia de López Obrador.
No basta señalar que les apoyara en su búsqueda de verdad y justicia, si su gobierno no atiende las reiteradas recomendaciones del Comité para incrementar el presupuesto para la búsqueda profesional y funcionamiento de todos los mecanismos establecidos en la Ley, analizar los patrones sobre las desapariciones, el contexto criminal, investigación puntual tope donde tope y sanción de estos delitos; por lo que no les queda de otra que la aceptación de un mecanismo internacional de esclarecimiento de las desapariciones forzadas, como lo exigen las familias.
Ante el fracaso del Estado mexicano, sólo queda recurrir al derecho internacional. Lamentablemente.
Defensora de derechos humanos
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