Por Núria González López
La ley de Presupuestos es la ley más importante de cada gobierno, o así lo era antes de la era Sánchez. Se debe aprobar cada año y en ella se refleja si realmente los partidos políticos que forman los gobiernos en todos los ámbitos, es decir, estatal, autonómico y local, piensan financiar las promesas electorales para que se conviertan en políticas pública o nos estaban vendiendo la moto.
Se deben aprobar, como digo, obligatoriamente de manera anual, y si no se hace, queda la opción de prorrogar el presupuesto del año anterior. Pero eso tiene un problema importante. Les explico: cada euro público de cualquier ente público está asignado a una partida presupuestaria y sólo se puede gastar ese dinero en loque está previsto en esa partida presupuestaria.
Por ejemplo, imaginen que en un presupuesto de un ayuntamiento en 2018 se aprobó una partida de gasto para mejora de aceras con veinte mil euros. Si no se aprueba ningún presupuesto posterior, año tras año, ese ayuntamiento no podrá mejorar el asfaltado de la calle, aunque sea de la misma calle y no podrá destinar más de esos veinte mil euros, aunque haya otras necesidades, aunque haya otro gobierno con otras ideas y aunque los precios hayan dejado la cantidad de veinte mil euros en calderilla. Y así con todo.
Ningún gobierno de Pedro Sánchez, ni cuando gobernó el PSOE en solitario entre 2018 y 2020, ni en los sucesivos “gobiernos tutti frutti”, en los que se mezcla todo pero no pega nada, ha aprobado ningún año la ley de Presupuestos Generales del Estado.
La consecuencia directa es que la política española se rige por los últimos presupuestos generales aprobados en 2017 que son, ni más ni menos que los últimos presupuestos presentados por el gobierno de Mariano Rajoy y su peculiar ministro de economía, Cristóbal Montoro, el de los chanchullos en su despacho de abogados.
Es decir, que las partidas presupuestarias de todo el estado, donde se marcan las cosas en las que se puede gastar dinero y cuánto dinero se puede gastar, son las cosas que tenían previstas hacer Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, etc. por allá por 2017, con los precios de 2017.
Ya se habrán dado cuenta entonces que es imposible de llevar a cabo ninguna política pública digamos “progresista” en 2025 (ni en 2024, ni 2023, ni 2022, etc..), con los presupuestos de Montoro. Por tanto, pueden decir tranquilamente y sin miedo a equivocarse que llevamos desde 2018 en un gobierno fake, que no puede hacer nada de los que dice ni plantea a no ser que coincida con lo que pensó hace ya casi diez años el gobierno de Mariano Rajoy.
Todos los alcaldes y alcaldesas de este país, da igual el partido y el lugar, se rompen los cuernos para tener presupuestos porque saben que sin presupuestos no hay gobierno posible porque no se puede cumplir nada de loque se propuso. Igual pasa en el gobierno del estado.
Por eso es insostenible para nadie la situación política actual. Sin presupuestos se puede estar en el gobierno, tal y como presenciamos tristemente cada día, pero no se puede gobernar, y si no se puede gobernar, pero los políticos se empeñan “aguantar”, ya no son políticos sino personajes dictatoriales y peligrosos.
Ejemplo práctico: en julio de 2025 el ministerio de asuntos sociales reformó la ley de la Dependencia, entre otras cosas, para ampliar horas de atención domiciliaria y otros servicios. Hizo la reforma de la ley, pero no puso ni un solo euro para su cumplimiento, porque no tiene presupuesto, trasladando a los entes locales el coste de su decisión. Pero los ayuntamientos no tienen dinero para asumir este gasto.
Consecuencia: gente a la que se le reconoce el derecho legítimo de la atención domiciliaria no la recibe porque no hay presupuesto, por lo que se están reconociendo derechos que no se pueden garantizar, convirtiendo la política social (y la política en general), en una venta de humo ambulante, cosa que afecta en un 90% a las mujeres que son las que se hacen cargo de los familiares dependientes en la inmensa mayoría de los casos. Y otra consecuencia no menor es la mayor precarización aún de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria, de nuevo el 90% mujeres.
Lo siento, es probable que hubieran preferido que les hablara de Gaza y que no viniera a incordiar con problemas tan cercanos. Pero ya que están acostumbrados a estremecerse, háganlo también con conocimiento de causa cuando oigan aquello de “presupuesto prorrogado”.
