LaCostillaRota. 30 de agosto, 2025.- El cuerpo de Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, fue localizado el pasado jueves en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí. La mujer, madre de la joven Goretty Guadalupe Juárez —desaparecida en junio en Guadalupe, Zacatecas— había sido reportada como secuestrada días antes en ese mismo estado.
La fiscal de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que el cuerpo presentaba cuatro impactos de bala y negó que, hasta el momento, se hubiera realizado la identificación oficial. También desmintió que existiera plena coordinación con las autoridades de Zacatecas, pese a que el secretario de Gobierno de ese estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que se mantenía colaboración entre ambas fiscalías y que ya había una persona detenida por el crimen.
El asesinato de Juárez Jacobo ha generado indignación entre colectivos de búsqueda en todo el país, que denuncian el creciente riesgo que enfrentan quienes dedican su vida a localizar a sus familiares desaparecidos. “Buscar no debe costar la vida”, recordaron desde el Centro Prodh, subrayando que más de 30 buscadores han sido asesinados desde 2010, ocho de ellos solo en lo que va de este año.
El colectivo al que pertenecía la madre buscadora exigió justicia y la protección inmediata de los familiares de Aida Karina y de todas las personas dedicadas a la búsqueda en México. “El dolor inmenso que nos provoca esta terrible noticia se convierte en una exigencia de justicia”, señalaron en un comunicado.
De acuerdo con testimonios de integrantes de su grupo, Aida Karina realizó su última jornada de búsqueda el martes pasado en Zacatecas y, al regresar a casa, fue privada de la libertad. Su asesinato, ocurrido a escasos kilómetros del lugar donde desapareció su hija, refleja la vulnerabilidad en la que viven las familias que buscan a sus seres queridos en estados marcados por la violencia criminal.
Colectivos de diversas regiones del país se han sumado a la exigencia de que los gobiernos estatales y el federal asuman su responsabilidad en la protección de las madres y padres buscadores, quienes —ante la inacción institucional— han hecho de la esperanza y la justicia su motor frente a la desaparición de más de 100 mil personas en México.
