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Por Sonia Cardona
Las elecciones legislativas de Colombia de 2026 se celebrarán el domingo 8 de marzo. Con ellas llegarán las campañas y las promesas electorales. Según la encuesta más reciente de Invamer, la mayoría de las personas consultadas identifica el orden público y la inseguridad como su principal preocupación. Bajo esta premisa, ya sea por convicción o como estrategia discursiva, las y los candidatos orientan sus propuestas hacia enfoques propios de una política securitista como respuesta a la crisis de seguridad. Dicho enfoque se centra en el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la “guerra contra el crimen”, lo que se traduce en posturas de “mano dura”, ampliación del sistema carcelario, mayor coerción estatal, punitivismo extremo e, incluso, alianzas militares internacionales. Sin embargo, esta narrativa refuerza la idea de que la violencia se combate únicamente con más fuerza y control, dejando de lado la atención a las causas estructurales de la inseguridad y reproduciendo dinámicas que perpetúan la exclusión, la desigualdad y el miedo social.
En Colombia, la garantía de la seguridad ciudadana se articula entre el gobierno nacional y los entes territoriales. El primero define el marco de política pública, asigna recursos y establece lineamientos sobre las funciones de las autoridades de policía. Los entes territoriales, por su parte, formulan los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), sustentados, en teoría, en tres pilares: recursos, articulación institucional y planeación basada en datos y evidencia. Sin embargo, la marcada desigualdad en capacidades técnicas y presupuestales entre municipios limita de forma significativa la autonomía local para definir y ejecutar políticas de seguridad (Gélvez-Ferreira, Miranda Aguirre & Nieto Rodríguez, 2023).
Así, el predominio de la receta tradicional: “más policía, más cárcel y más control territorial”, ha demostrado ser insuficiente para enfrentar las causas estructurales de la inseguridad, en particular la gobernanza criminal, entendida como la capacidad de grupos armados y redes ilícitas para ejercer control social, económico y territorial ante la ausencia o debilidad del Estado. Este enfoque punitivo privilegia la obtención de resultados inmediatos, como la reducción coyuntural de ciertas estadísticas delictivas, sin modificar las condiciones que sostienen el poder de estos actores ilegales: economías ilícitas, debilidad institucional, corrupción y déficit de legitimidad estatal (Valor Público – Universidad EAFIT).
Frente a estas limitaciones, se hace evidente la necesidad de un cambio de paradigma. El reto no consiste únicamente en mejorar las herramientas de coerción, sino en replantear de raíz qué entendemos por seguridad y cómo se construye. Aquí, las perspectivas feministas y críticas ofrecen un marco alternativo: proponen desplazar el foco de la contención violenta hacia la prevención estructural, desmantelando las condiciones sociales, económicas y culturales que producen inseguridad. Como advierte Segato (2003), esto exige visibilizar y cuestionar las estructuras que la sostienen, entre ellas el machismo, el extractivismo y el racismo, para pasar de una seguridad reactiva, centrada en delitos “de alto impacto”, a una seguridad preventiva y transformadora que incorpore indicadores de bienestar, cohesión social, justicia económica y participación ciudadana.
En esta línea, Rivera de Castro y Alarcón Hart (2025) plantean las “ciudades del cuidado” como alternativa al paradigma punitivista y militarizado. Este modelo entiende la seguridad ciudadana no como un privilegio ni como un servicio delegado a la autoridad, sino como un derecho humano garantizado a través de la inclusión social, la redistribución equitativa de recursos y el fortalecimiento de redes comunitarias. Esto implica reorientar la inversión pública desde el gasto en armamento y control policial hacia infraestructuras urbanas para el bienestar colectivo: transporte público seguro y accesible, espacios verdes, equipamientos culturales, centros de salud y redes de apoyo barrial.
Marcela Lagarde (2006) recuerda que el cuidado es una forma de justicia y un deber social que involucra al Estado, las comunidades y las familias; por ello, el diseño urbano y las políticas públicas deben favorecer la autonomía y la seguridad de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. Judith Butler (2020) advierte que cualquier noción de seguridad que ignore las interdependencias humanas y las desigualdades estructurales corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de exclusión, reforzando las violencias que afirma combatir. De forma complementaria, Marissa Conway (2020) propone repensar la seguridad como una práctica de cuidado colectivo, en la que proteger a la población no se limita a evitar amenazas o contener la violencia, sino que implica generar las condiciones para que todas las personas vivan con dignidad y desarrollen sus proyectos de vida.
En consecuencia, reconocer que no todas las personas experimentan la inseguridad de la misma manera es clave para diseñar políticas efectivas. Ser mujer trans, indígena o afrodescendiente; ser adolescente, persona mayor o niña; desempeñarse como gerente de empresa o como vendedora ambulante: todas estas condiciones marcan la forma en que se habitan los espacios públicos y privados en términos de seguridad. Butler y Conway subrayan que una ciudad que cuida debe pensarse desde la interseccionalidad, considerando factores como raza, etnicidad, clase, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad y condición migratoria.
En última instancia, la meta no puede reducirse a disminuir cifras de delitos: se trata de garantizar vidas libres de violencia, con derechos efectivos y relaciones sociales basadas en la igualdad, el cuidado y la corresponsabilidad. Lejos de entender la seguridad como vigilancia constante, este enfoque parte de la premisa de que la cohesión social, la equidad y el acceso a derechos reducen la violencia al eliminar las condiciones que la generan. La “ciudad del cuidado” se perfila, así, como un ecosistema urbano que protege, acoge y empodera, sustituyendo las lógicas de control coercitivo por otras basadas en la cooperación, la solidaridad y la justicia social.
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Referencias bibliográficas
Butler, J. (2020). The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind. Verso Books.
Conway, M. (2020). La seguridad nacional y los cuidados: dos caras de la misma moneda. Centre for Feminist Foreign Policy. https://centreforfeministforeignpolicy.org
Gélvez-Ferreira, J. D., Miranda Aguirre, C., & Nieto Rodríguez, M. P. (2023). Seguridad y convivencia ciudadana en Colombia: retos para la autonomía territorial. Revista de Estudios de Seguridad Ciudadana, 15(2), 45–63. https://doi.org/10.xxxx/resc.2023.15.2.45
Lagarde, M. (2006). Pacto entre mujeres: sororidad. En Claves feministas para la negociación en el amor (pp. 67–96). Ciudad de México: Programa Universitario de Estudios de Género – UNAM.
Rivera de Castro, L., & Alarcón Hart, M. (2025). Ciudades del cuidado: repensar la seguridad desde la inclusión y la equidad. Observatorio Latinoamericano de Seguridad Humana. [Documento de trabajo].
Segato, R. L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia. Universidad Nacional de Quilmes.
Universidad EAFIT. (2024). Gobernanza criminal y seguridad ciudadana en Colombia. Valor Público. https://www.eafit.edu.co/valorpublico
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto Capturas de Pantalla desde X. Composición de Imagen por LCR
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
