El negacionismo como ofensiva política

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Por Ángela Oyhandy y Natalia Romero Marchesini

A diez años del primer grito de Ni Una Menos en Argentina, los datos de femicidios vuelven a ser un terreno de disputa, pero esta vez la batalla no es por su ausencia. ¿Qué pasa cuando el poder mira, pero para distorsionar? ¿Qué pasa cuando los números no desaparecen, pero igual se esconden? ¿Cuánto contribuye la omisión de los datos a mantener vivas las injusticias? ¿Cuál es el costo para quienes sufren las violencias?

Un imperativo numérico

Hace diez años ocupamos las plazas de todo el país. No era una fecha patria, un feriado turístico ni una final de fútbol. Era otra cosa. Un grito que venía gestándose desde hacía tiempo. El 3 de junio de 2015, el nombre de Chiara Páez —una adolescente de 14 años, embarazada, asesinada y enterrada en el patio de la casa de su novio— resonó en una masiva movilización contra las violencias de género, bajo la consigna “Ni Una Menos”. La bronca, la tristeza, el hartazgo se tradujeron en una marea humana en las calles. Fuimos protagonistas de un quiebre en la conversación pública que permitió hablar de un tema históricamente relegado a los márgenes de las crónicas policiales y escondido bajo el eufemismo cómodo del “crimen pasional”. Ese día algo cambió. Lo que antes se susurraba en voz baja irrumpió en la agenda mediática y política. A fuerza de pancartas, relatos, hashtags y estadísticas construidas desde distintas organizaciones de la sociedad civil, la palabra femicidio —incómoda para algunos, vital para otros— dejó de ser una consigna de grupos militantes para convertirse en un tema que atravesó a toda la sociedad.

Las demandas eran claras: justicia para las víctimas, protección para quienes sobrevivían, educación para evitar la formación de futuros agresores, políticas para transformar las condiciones sociales, económicas y culturales que reproducen las violencias de género. Entre el pliego de demandas del movimiento “Ni Una Menos”, también se exigieron estadísticas oficiales sobre los femicidios para dimensionar su magnitud, elaborar diagnósticos y realizar un seguimiento de su evolución. El despliegue de esa alianza fue fundamental: la fuerza de la acción colectiva de masas que puso en jaque al poder junto con la demanda de que la política pública se ajustara a la evidencia empírica. Durante casi una década, el clamor del “Ni Una Menos” fungió como motor para la creación de leyes y programas, asignación de presupuestos, elaboración de protocolos y construcción de datos. ¿Fue suficiente? No. Pero fue parte de la generación de una nueva trama (sin negar la existencia de leyes y programas antecesores) perfectible, discutible.

El negacionismo como estrategia

A un año y medio de gestión, el gobierno de Javier Milei avanzó en el cierre de oficinas, el desmantelamiento de programas y la eliminación de políticas, que fueron el resultado de años de construcción colectiva. Pero a esta destrucción material aún en proceso, se le añade otra fuerza corrosiva en la relación con la verdad que mantiene el gobierno: la negación de los femicidios como problema público. O en todo caso, su asimilación y confusión con otros tipos de homicidios dolosos, a partir de la coral y reiterada falacia sobre su falta de especificidad.  Esta forma de negacionismo se expresa en la producción de discursos y en la implementación de prácticas que, amparadas en una distorsión deliberada, buscan deslegitimar saberes.

Según Milei y destacados referentes de su gobierno, las violencias contra las mujeres por motivos de género son una construcción ideológica, un invento del feminismo. Desde su enfoque, el delito es delito, sin apellidos. Este discurso se basa en un supuesto que niega la realidad que los casos de femicidio exhiben y que la evidencia estadística ayuda a mensurar. No se trata de discriminar ni de jerarquizar víctimas. Se trata de comprender que la prevención del femicidio no puede desvincularse de sus causas profundas y de la información que el conocimiento de sus características cuantitativas y cualitativas proporciona. En este aspecto, en nuestro país hasta hace poco tiempo atrás coincidían gobiernos de distinto signo político. Hoy, el retroceso es feroz.

El negacionismo estadístico es un fenómeno que tiene como propósito distorsionar la representación de la realidad social, que ha ido ganando fuerza con el ascenso de la extrema derecha global. A diferencia de otras formas de negacionismo, esta modalidad actúa desde el interior de los propios procesos de producción, gestión y comunicación de las estadísticas, aprovechando la legitimidad y autoridad que éstas poseen en las sociedades contemporáneas. Se trata de un dispositivo que se basa en su uso estratégico para construir narrativas que niegan, minimizan o invisibilizan determinados fenómenos sociales, particularmente aquellos que resultan incómodos o que afectan intereses políticos. Este negacionismo opera a través de tres mecanismos principales: la omisión de datos, mediante la supresión de relevamientos, la eliminación de series históricas o la falta de generación de información; la manipulación metodológica, que altera definiciones, indicadores y criterios de medición para producir resultados que desdibujan la magnitud de los problemas; y la descontextualización o comunicación sesgada, que selecciona datos fragmentarios y oculta información relevante para reforzar ciertos discursos y silenciar otros.

Lo que vemos hoy no es un uso ingenuo ni accidental de las cifras, sino una forma de razonar con los números propia de la era de la desinformación, que ha cobrado fuerza a medida que la extrema derecha se expande globalmente, como mostró Alexandre de Río Paiva Camargo (2022) en el caso brasiñeño. En el contexto argentino, este negacionismo estadístico no aparece como un exabrupto ni una simple provocación. Por el contrario, es un elemento estructural del discurso presidencial, de su círculo más cercano y también de buena parte de su base electoral. En un contexto atravesado por la lógica de la posverdad y la desconfianza hacia la política convencional, la figura de Javier Milei se construye apelando a una estética del artificio (Montero, 2024). En esa estética, el uso permanente de datos —muchas veces sin fuentes claras, de origen dudoso o directamente imposibles de verificar— opera como un recurso central de validación discursiva. Apelar a las cifras, aunque sean inconsistentes o engañosas, no es un detalle menor: es parte sustantiva de su manera de construir autoridad, anclada en su figura de economista y en la supuesta racionalidad técnica que esa condición le otorga.

En este marco, la falsedad no aparece como un error o un exceso, sino como un gesto deliberado, performático. Lo falso no se oculta: se exhibe, se reivindica y se transforma en bandera, en provocación y en táctica política. Desde esta lógica, mentir no constituye una desviación, sino un ejercicio consciente de poder; una forma de intervenir en la disputa por la realidad, modelándola según los propios intereses y convicciones. La tergiversación se consolida como método: relativizar, sembrar dudas, desacreditar saberes y actores. Todo recurso es válido. Negar se convierte en una estrategia política que habilita la desresponsabilización: si lo existente no es reconocido, entonces no hay problema que atender ni política pública que diseñar. En este esquema, la palabra, el dato y la estadística se transforman en verdaderos campos de batalla. La pregunta, entonces, es cómo es posible sostener los principios de la democracia cuando la negación se instala en el corazón del Estado.

Lo que muestra la estadística

La evidencia es clara y contundente. Las series de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que las mujeres víctimas de homicidios dolosos en nuestro país son, mayoritariamente, víctimas de femicidios. Cualquier lectura honesta e informada de los datos oficiales no deja lugar a dudas: los contextos de violencia de género son el escenario y telón de fondo en el que ocurren aproximadamente el 70% de todos los homicidios de mujeres que se producen cada año en nuestro país. Por el contrario, cuando miramos los homicidios dolosos de varones vemos que sólo un porcentaje menor (alrededor del 3%) tuvieron como agresoras a sus parejas y ex parejas. Sólo este dato alcanza para comprender por qué es necesario diseñar y ejecutar políticas específicas para prevenir las violencias de género y abordar los femicidios.

Hay más evidencia que permite comprender la especificidad de estas violencias. No ocurren en cualquier lugar ni bajo cualquier circunstancia. La mayoría de los femicidios se produce en el ámbito doméstico o en otros espacios privados, mientras que los homicidios de varones suceden, en su mayoría, en el espacio público. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal muestran con claridad la persistencia de este patrón. Desde 2017, entre el 54% y el 65% de los homicidios de mujeres ocurrieron en el domicilio particular. Cuando se observa qué pasa con los homicidios de varones el patrón se invierte: éstos se concentran en la vía pública, con porcentajes que oscilan entre el 49% y el 66%, según el año considerado. Esta no es una mera coincidencia espacial: es la manifestación concreta de estructuras sociales profundamente desiguales, donde las violencias se encuentran organizadas según lógicas diversas.

También hay diferencias vinculadas al tipo de arma utilizada. El arma de fuego es el principal medio letal, especialmente en homicidios de varones. En el caso de las mujeres, aunque el arma de fuego también es la más utilizada, la proporción es sensiblemente menor y se observa una mayor participación de armas blancas y mecanismos físicos como los golpes.

Incluso cuando se mira la evolución en el tiempo, las trayectorias de la violencia letal no son las mismas para varones y mujeres. Mientras los homicidios de varones muestran un descenso pronunciado entre 2015 y 2024, los homicidios dolosos de mujeres permanecen estables. Al presentar este dato, mienten Javier Milei y Patricia Bullrich cuando sostienen que “su gobierno” bajó los homicidios. Los datos indican que esa disminución comenzó antes y atraviesa los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el primer año del actual gobierno. La caída en los homicidios dolosos en general puede vincularse a cambios en políticas implementadas en la década anterior, como la ampliación del acceso a la educación, políticas de seguridad, modificaciones en las dinámicas delictivas o transformaciones en las formas de conflictividad social, además de fenómenos estructurales como el envejecimiento poblacional. Sin embargo, la estabilidad en los femicidios en Argentina revela la irreductibilidad de las violencias de género frente a las dinámicas que explican otros homicidios (relacionados con robos, mercados ilegales u otros contextos). Los datos muestran, en definitiva, que mientras algunas violencias ceden, otras se enquistan. Las que tienen como blanco a las mujeres parecen más resistentes a las transformaciones del contexto.

Aunque los homicidios van en descenso, hay un dato que se sostiene: ocho de cada diez casos tienen como protagonistas a varones, ya sea en el rol de víctimas o de victimarios. El hecho de que los varones sean mayoritariamente tanto quienes matan como quienes mueren permite visibilizar cómo las formas hegemónicas de la masculinidad (que privilegia atributos como la dominación, el control y la disposición al uso de la fuerza como forma de resolver conflictos o afirmar estatus) se encuentran profundamente imbricadas en las dinámicas de la violencia. En ese sentido, el género es una clave fundamental para prevenir los homicidios.

Cuando el Estado no la ve

Cualquier mirada racional sobre este breve diagnóstico, acordaría con la idea de que deben diseñarse respuestas estatales diferenciadas, acordes con la evidencia empírica que ofrecen los datos. Es claro que existe un conjunto de homicidios —aquellos cuya configuración involucra a mujeres como víctimas y a varones como victimarios— que presenta dinámicas y características específicas que los distinguen del resto. Por lo tanto, demandan estrategias de prevención particulares. Frente a estas violencias, las respuestas tradicionales centradas en el patrullaje policial, la videovigilancia, el endurecimiento punitivo o el incremento de penas resultan claramente insuficientes. No son herramientas eficaces cuando la víctima y el victimario viven juntos, tienen hijos y un historial de violencias previas. Negar esta especificidad sólo puede comprenderse como el producto de la ignorancia o de lecturas excesivamente ideologizadas que obstaculizan la comprensión del problema en su complejidad. Asimismo, la incorporación de la perspectiva de las masculinidades en el análisis de los homicidios permite trascender los enfoques puramente punitivistas o securitarios. Posibilita situar las violencias en el entramado de relaciones de poder y en los mandatos de género que las producen y sostienen.

En ese contexto, interrumpir los dispositivos de producción de conocimiento —como los mapas de riesgo, los relevamientos territoriales, las encuestas de victimización y otros instrumentos estatales para la realización de diagnósticos— implica debilitar las capacidades para comprender y, por ende, para intervenir eficazmente sobre las violencias. Cuando se desfinancian los programas, no desaparecen las violencias. Lo que desaparece es la capacidad del Estado “de verlas”, de comprenderlas y, fundamentalmente, de actuar sobre ellas. Esta afirmación no niega la necesidad de revisar las políticas de género implementadas en el pasado por el estado nacional: sus debilidades, sus presupuestos teóricos y sus omisiones, sus sesgos; pero sin ceder al clima de linchamiento del feminismo que reverbera (no sólo) en los ámbitos de la extrema derecha. La prevención de los femicidios, al igual que otras expresiones de las violencias de género, requiere un entramado de instituciones, recursos humanos y materiales, saberes y marcos legales que sólo el Estado puede garantizar. La agenda de estadística con perspectiva de género en la estadística criminal también habilita un mejor conocimiento sobre la victimización de los varones cuya prevención reclama también políticas integrales y multiagenciales.

Lejos de ser una cuestión individual, el riesgo femicida es un problema público que debe ser abordado de manera integral, interseccional y con voluntad política. Lo saben bien las abogadas, que acompañaban denuncias de quienes se animaban —y sobrevivían— a denunciar; lo saben bien las trabajadoras sociales, que hacían seguimiento de los casos; las operadoras de la línea 144 y las psicólogas, que durante años fueron la voz al otro lado cuando nadie más contestaba. Lo saben bien quienes sostuvieron durante años programas que permitían a las mujeres, trans y travestis salir de los círculos de las violencias. O quienes, desde las organizaciones barriales crearon redes de apoyo a las víctimas y sus familiares en los lugares donde el Estado no llegaba. Y lo saben quiénes desde los ministerios gestionaban asistencia y medidas de protección. Hoy muchas de esas personas están despedidas. Sus contratos quedaron finalizados por “razones de reestructuración del Estado”. El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es un ejemplo claro de que no se trata sólo una decisión administrativa; es la expresión de un proyecto político que considera que la protección contra las violencias de género es un gasto innecesario, un lujo ideológico, un privilegio prescindible. Esta retirada del Estado no es neutral: tiene efectos concretos y letales. Al trasladar la responsabilidad de la prevención al ámbito privado o al entorno inmediato de las víctimas, se refuerzan las desigualdades que justamente las políticas públicas deberían corregir.

Negar las realidades que los datos producen no es un gesto inocuo ni una omisión técnica: es una operación política que desplaza la evidencia en favor del relato y la verificación en favor de la opinión. En última instancia, es un intento de invisibilizar el problema, de expulsarlo del espacio público. Lo que comenzó hace diez años como un reclamo contra el silencio estadístico hoy enfrenta una nueva forma de silenciamiento: la negación deliberada de la realidad a través de la tergiversación de los datos.

Referencias

Camargo, Alexandre de Paiva Rio (2022). Negacionismo estadístico. En: Szwako, J.; Ratton, J.L. Diccionario de negacionismo en Brasil. Recife, PE: Cepe Editora.

Montero, Sol (2024). Avatares en el poder. Claves del discurso político en redes. San Martín: UNSAM Edita.

La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru

Foto Imagen creada con IA por LCR

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NATALIA ROMERO MARCHESINI