Por Angélica de la Peña
El artículo 6o constitucional establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, es pública.
Pero a muchos políticos y políticas les enoja que se les recuerde su obligación de informar sobre los asuntos que les competen y que muchas veces ocultan. La rendición de cuentas en lo concreto, es letra muerta. Porque en la realidad, quienes están en el poder y se caracterizan por su falta de probidad, suelen coaccionar o amenazar a periodistas y/o medios de comunicación para parar cualquier investigación. En datos de la ONU, México es el tercer país más inseguro del mundo para el periodismo.
Por eso es necesario evidenciar y apoyar a quienes reciben amenazas por su trabajo como es el caso de Adela Navarro Bello, co-directora del Semanario Zeta de Tijuana, B.C., quien ha recibido varios premios y reconocimientos internacionales por su trabajo como periodista.
Resulta que desde el 29 de abril y hasta el 16 de mayo, se recibieron en los teléfonos del semanario, amenazas de muerte contra Adela. Coinciden estas amenazas con el reportaje del 25 de abril sobre una fosa clandestina en el Cañón de las Carretas señalada por un detenido por narcomenudeo, y que la Fiscalía del Estado ordena parar la búsqueda después de haber encontrado restos de seis personas. Zeta Tijuana cuestionó la interrupción de búsqueda porque diversas organizaciones de personas desaparecidas señalaron que no solamente se debía buscar en un predio, sino en toda la zona.
Se aduce que la gobernadora Marina del Pilar expresó su inconformidad con la búsqueda porque no quiere un Teuchitlán en su entidad. Aunque quizá sea peor: en Baja California se han contabilizado desde finales de 2022 más de 14 mil personas desaparecidas.
Igualmente Zeta Tijuana hizo un amplio reportaje sobre la cancelación de las visas de la gobernadora y de su esposo Carlos Torres; también informó sobre las carpetas de investigación activas, tanto en EU como en México, contra Carlos y su hermano por huachicol y lavado de dinero. La fuente fue un funcionario norteamericano, cuyo nombre se resguarda el semanario.
Recordemos que los problemas que agobian a esta ciudad fronteriza y a Baja California desde hace tiempo están vinculados a la delincuencia organizada del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción. Derivado de la característica de investigación periodística del semanario desde su origen, su director y fundador Jesús Blancornelas en 1997, sufrió un atentado contra su vida. Nada ha cambiado respecto a la distinción periodística del Zeta.
Estas amenazas contra Adela Navarro son del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California. Hace tres días la gobernadora Del Pilar escribió en su cuenta de Facebook que ante las amenazas dirigidas contra Adela, le ofrece acompañamiento y seguimiento a su caso poniendo a disposición los instrumentos materiales, legales y de seguridad de su gobierno.
No basta con escribir que se le está apoyando: la libertad de expresión y de prensa, deben ser garantizadas sin cortapisas; y la investigación policial y ministerial deben dar con los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
Por cierto, quien diga que no tiene importancia quitarle la visa a la gobernadora, se equivoca contundentemente.
Defensora de derechos humanos
Foto Captura de pantalla desde X, Edición de LCR
