Por Claudia Espinosa Almaguer
El viernes pasado 28 de marzo tuvo lugar la 48° Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí a la una de la tarde, esa ha sido la última reunión porque hoy 31 de marzo concluye el periodo de sus integrantes a excepción de la consejera presidenta Giovanna Itzel Argüelles Moreno y Emmanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente que repiten el cargo para los siguientes cuatro años.
La orden del día contenía los siguientes puntos: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, 2. Aprobación del orden del día, 3. Presentación del Reglamento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CEDH, 4. Revisión de correspondencia y escritos dirigidos al Consejo y 5. Asuntos generales.
De estos se solicitó el retiro del punto 3, al ser un documento nuevo y en su lugar dar cabida a pendientes que datan desde la primera sesión en 2021 consistentes en:
• El Informe Especial en materia de Desaparecidos solicitado por Voz y dignidad por los Nuestros SLP.
• Informe Especial acerca de la situación de las personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social del Estado.
• Informe Especial de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.
• Informe de la situación de la Alerta de Violencia de Género a fin de deslindar responsabilidades de los funcionarios del organismo.
• Estado que guarda el pedimento de publicidad y transparencia a través de facilitar al ciudadano el acceso a los acuerdos y versiones estenográficas de sesiones ordinarias y extraordinarias de todas las sesiones del Consejo.
• Informe de las investigaciones de la Contraloría interna acerca de nexos de corrupción entre funcionarios que estarían usando las demandas legítimas de las víctimas para recuperar sus puestos o ser promovidos.
• Respuesta a la petición hecha a la Dirección Administrativa de cantidades exactas pagadas a los despachos jurídico y contable de carácter externo y la justificación y probanza material de su trabajo.
De la situación que guarda cada una de esas peticiones las y los consejeros hemos de recibir un oficio personalizado hoy mismo, porque como órgano de gobierno ninguno de quienes votamos a favor de dar la cara a la sociedad, aceptaremos responsabilidades jurídicas ni políticas, esas corresponden tal y como lo dijeron por sí mismos, a los integrantes de la actual legislatura, por eso tampoco se votó a favor de reglamento ninguno que buscara poner un cierre en la boca del Consejo siguiente.
Y es que en la sesión se hicieron manifiestos importantes, desde un claro apartidismo como indica la ley, no comprendimos en qué medida la publicidad o la transparencia podrían caber como principios a modo para abrirse o no a los medios de comunicación, es decir, para implementar limitaciones como si la Comisión fuese un domicilio particular y no un organismo público.
Queda en el tintero la ignominia de haber ido a la huasteca a ser copartícipe de la simulaciónen el Centro de Reinserción del Xolol en octubre pasado, cuando las familias de las mujeres internas han denunciado tortura y hacinamiento, queda el lavado de manos ante las agresiones recibidas por las mujeres feministas de la marcha del 8 de marzo o la búsqueda activa de controlar al Consejo a través de chantajes y amenazas.
Ciertamente nuestra ausencia no detiene esa degeneración, apenas la silencia. Es fácil prever que la Comisión continuará justificando al poder que le da de comer antes que dar protección a las personas quienes a diario acuden a buscar su apoyo, eso conduce a revivir una posición política ciudadana que le pase por encima hasta demostrar su obsolescencia.
Las opiniones compartidas en la presente publicación, son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la posición de La Costilla Rota. Somos un medio de comunicación plural, de libre expresión de mujeres para mujeres.
