LaCostillaRota. 8 de marzo, 2025.- Con profunda preocupación y determinación hacemos un llamado urgente a los medios de comunicación y a las autoridades encargadas de impartir justicia, para que investiguen y sancionen las acciones de difamación, persecución y criminalización, así como los ataques y amenazas creados por el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes hacia mujeres víctimas de violencia de género y sus abogadas defensoras.
Este grupo de choque antifeminista fue fundado por Melina y Karina Arlen Escandón, hermanas de Jorge Edgar Calixto Camargo, ex comandante estatal en Ciudad Nezahualcóyotl acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra una mujer de nombre Vania Macías Lozada en el año 2021. Araíz de ese caso, el “colectivo” también ha respaldado y defendido a violentadores como Saul Iram Nava, quien en 2021, fue acusado de matar a su esposa de nombre Monserrat Mejía, embarazada de 5 meses., y tras dos años de lucha, su madre logró una sentencia con prisión vitalicia por el feminicida de Monse pese a los ataques del colectivo no más presos inocentes junto con familiares del sentenciado Saul Iram.
Entre otros casos que defendieron también destacan el de Carlos Eduardo Trujillo, vinculado a proceso por violencia familiar; el de Delfino Castillo Franco, condenado por abuso sexual infantil; el de RandiBrandon Martínez, sentenciado por homicidio y lesiones agravadas en contra de tres personas; o el de Miguel Ángel Pérez Santander, acusado de tentativa de feminicidio por asfixiar a Fabiola Pozadasestando ella en su propia casa de la que tuvo que escapar por los techos vecinos, y cinco años después de obtener una sentencia condenatoria ahora es amenazada también por este colectivo.
En lugar de centrarse en la justicia para las víctimas, este grupo antifeminista que llama al feminismo un cáncer social y considera que la violencia no tiene género, prioriza la protección de individuos con historial delictivo, lo que genera desconfianza sobre sus verdaderos objetivos y su capacidad para distinguir entre víctimas y agresores. Estas acciones no solo contradicen los principios de defensa de derechos humanos, sino que también exponen cómo el tráfico de influencias perpetúa la impunidad y la violencia institucional.
La denuncia infundada y difamación creada en contra de la abogada y defensora de derechoshumanos, Ana Katiria Suárez, fue impulsada por un agresor de nombre Guillermo Sesma Suárez, acusado de abusar sexualmente de sus tres hijos, y quien utiliza su posición de privilegio para desprestigiarla y coaccionarla. Una intervención que ha contado con el respaldo por el mismo “colectivo” que, pese a proclamarse defensor de los derechos de personas privadas de la libertad, ha apoyado a perpetradores de violencia contra los que existía pruebas inculpadoras y sentencias. Como es el caso de Diego «N», estudiante del Instituto Politécnico Nacional acusado e investigado por editar con inteligencia artificial fotos de sus compañeras de la universidad para hacerlas parecer desnudas y comercializarlas.
2014 la intentó asesinar lanzándole ácido en la cara y en el cuerpo, un delito que se clasificó como feminicidio en grado de tentativa con ácido, lo que derivó en una sentencia histórica de 46 años de prisión.
Este “colectivo” ha ido creciendo y haciéndose fuerte gracias al apoyo y financiamiento de agresores con poder político y económico como lo son los empresarios dueños de Grupo Collado, Bernardo «N»y Guillermo , los agresores de Maha Schekaiban.
Después de que Maha denunciara a su ex esposo Bernardo por violencia vicaria, violencia familiar e interferencia parental, le fueron arrebatados sus hijos y se le fabricaron carpetas de investigación.También fue víctima de una campaña de difamación en redes sociales a través de este mismo “colectivo”, al que recientemente se sumó Alfonso «N», un hombre manipulador, diagnosticado psiquiátricamente como narcisista, violento, y cercano a la élite política del partido revolucionario institucional. Acusado de violencia vicaria por su ex pareja Almendra Moreno, a quien arrebató a uno de sus hijos, Alfonso fue director del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia de Tlalnepantla, y vicerrector, dueño y accionista de empresas educativas multiculturales.
Como cada uno de los anteriores mencionados, los agresores operan siguiendo un patrón sistemático conocido como el «ABC de la violencia»: Aislar a sus víctimas, Buscar su desprestigio público yprivado, y Controlar el entorno mediante recursos e influencias. Las estrategias utilizadas no solo tienen afectaciones en las víctimas, sino que también buscan deslegitimar el trabajo de las familias y de sus defensoras como en el caso de Ana Katiria Suárez, quien, con experiencia en litigio estratégico y perspectiva feminista, representa una esperanza para quienes el sistema judicial ha desprotegido y abandonado.
Durante mucho tiempo este colectivo logró callarnos en medio del miedo y dolor de nuestros procesos, pero ha llegado el momento de que las verdaderas víctimas hablemos.
En un país feminicida y con uno de los índices más altos de violencia contras las mujeres, en el que se nos castiga por sobrevivir, por resistir, y por no callar, las víctimas no vamos a permitir quenadie más silencie nuestras voces
A todas las mujeres les decimos: ¡No están solas! La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres es de todas, y no vamos a callarnos más.
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