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Por María del Carmen Sánchez Mora y Mariana Blanco Blanco
El 19 de febrero de 2025 Estados Unidos anunció la designación de ocho organizaciones delictivas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta decisión representa un giro relevante en la estrategia de seguridad estadounidense y plantea importantes desafíos para México y otros países afectados por el crimen organizado transnacional. Si bien, los análisis han abordado la perspectiva desde la seguridad nacional, desde la consultora Carvajal-Gómez & Asociados, observamos el impacto que estas acciones también tendrá en la iniciativa privada y con ello, en un escenario a prospectiva se observarán efectos negativos en la economía mexicana.
En primer instancia se debe señalar que las Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) son entidades extranjeras designadas bajo el Artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. Para su clasificación, deben cumplir con tres requisitos fundamentales:
- Ser una organización extranjera.
- Participar en terrorismo o actividades terroristas.
- Representar una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. o a sus ciudadanos.
Por su parte, el Departamento del Tesoro tiene la designación de Specially Designated Global Terrorists (SDGT). Esta categoría permite al gobierno estadounidense imponer sanciones económicas y jurídicas a individuos, empresas y organizaciones con vínculos con el terrorismo. El Departamento del Tesoro de EE.UU. mantiene una lista oficial de individuos y entidades designadas como SDGT, la cual se actualiza periódicamente con el fin de identificar nuevas amenazas y reforzar las medidas de seguridad financiera. Entre las principales medidas aplicadas a los designados como SDGT se encuentran:
- Congelación de activos en EE.UU., lo que impide el acceso a cualquier recurso financiero dentro del sistema bancario estadounidense.
- Restricción de transacciones financieras con entidades o individuos estadounidenses, lo que puede aislar a empresas del comercio internacional.
- Sanciones secundarias para aquellos que colaboren, incluso indirectamente, con los designados, lo que amplía el alcance de las medidas más allá de las fronteras de EE.UU.
- Limitaciones migratorias y prohibiciones de ingreso a EE.UU., afectando no solo a individuos sino también a directivos y empleados de empresas sancionadas.
Estas disposiciones buscan cortar el flujo de financiamiento y apoyo logístico a organizaciones delictivas, aumentando el costo de sus operaciones y limitando su expansión global. Sin embargo, su aplicación puede generar efectos colaterales en sectores económicos legítimos, particularmente en países con alta actividad criminal organizada.
El más reciente anuncio del Departamento de Estado incorporó a ocho organizaciones criminales a la lista de OTE, incluyendo:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel de Sinaloa
- Cártel del Noreste
- Cártel del Golfo
- La Nueva Familia Michoacana
- Cárteles Unidos
- Tren de Aragua (Venezuela)
- Mara Salvatrucha (MS-13)
Salvo Mara Salvatrucha, todas estas organizaciones tienen una presencia significativa en México, lo que incrementa el impacto de la medida en el país y en la región en su conjunto. Es por ello que la consultora Carvajal-Gómez y Asociados, observó la necesidad de analizar el impacto que tendría esta designación para otros actores como la iniciativa privada y se realizó un análisis detallado sobre las repercusiones económicas y jurídicas de esta decisión. Se concluyó que empresas con vínculos directos o indirectos con una OTE pueden ser clasificadas como SDGT si:
- Mantienen contratos o acuerdos comerciales con una OTE.
- Proveen bienes o servicios que puedan beneficiar, incluso de manera indirecta, a una OTE.
- Participan en operaciones financieras que involucren a una OTE.
- Tienen relaciones con intermediarios que colaboran con una OTE.
Los sectores estratégicos enfrentan riesgos específicos debido a la presencia e influencia de estos grupos en diversas regiones de México. Un ejemplo claro es el sector agroalimentario, donde las empresas pueden ser víctimas de extorsiones conocidas como “cobro de piso”, lo que, en algunos casos, podría interpretarse como una forma de financiamiento a las OTE’s. Como resultado, la inversión extranjera en el sector agrícola podría verse afectada si los inversionistas perciben que las empresas operan en un entorno inseguro o vinculado con el crimen organizado. Otro caso relevante es el sector logístico, donde una empresa podría, sin su conocimiento o bajo esquemas de coerción, facilitar el transporte de mercancías ilícitas a través de sus trabajadores. Esto no solo comprometería su operatividad y reputación, sino que también podría implicar una colaboración involuntaria con una OTE.
Por ende, es importante señalar que cualquier relación directa o indirecta con una entidad designada como OTE puede derivar en sanciones, sin necesidad de una intención explícita de colaboración con el crimen organizado. Además del impacto económico y jurídico, las empresas también deben considerar el riesgo reputacional. Las organizaciones designadas como OTE tienen presencia a lo largo de gran parte del territorio mexicano, con control territorial específico en ciertos estados y un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Este contexto incrementa el riesgo de que las empresas vinculadas de alguna forma a estas organizaciones sean percibidas negativamente por los consumidores, inversores y otros actores clave en el mercado. La designación como podría generar desconfianza en los stakeholders, afectando la imagen y credibilidad de las empresas involucradas.
Con ello, podría haber afectaciones económicas en México, ya que la inversión privada comenzaría a huir de sectores o regiones de alto riesgo en donde tengan mayor presencia estos grupos del crimen organizado, por el temor a las sanciones y el daño reputacional. Esto repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en la estabilidad de diversas industrias clave.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto Imagen Generada con IA por LCR
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María del Carmen Sánchez Mora, es Analista de Seguridad Senior en Carvajal-Gómez y Asociados, y es Miembro de la Red de Mujeres Expertas en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe Amassuru. Además, es Licenciada en Relaciones Internacionales y Maestra en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM y actualmente maestrante en Inteligencia para la Seguridad Nacional, por el INAP. Es egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry en la Universidad de Defensa de Washington D.C.
Mariana Blanco Blanco es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Analista Junior de Inteligencia y Seguridad Nacional en Carvajal-Gómez y Asociados
