Por Jessali Zarazua
América se enfrenta a una realidad compleja y diversa para alcanzar plenamente los derechos de las mujeres. A pesar de los notables avances en la legislación, la región sigue plagada de profundos desafíos como la violencia contra las mujeres, la discriminación y el acceso desigual a recursos y oportunidades. Un enfoque feminista y progresista reconoce que nuestros derechos están vinculados a luchas más amplias por la justicia social, la equidad económica y la superación de sistemas opresivos como el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Este enfoque exige una transformación radical no sólo en términos jurídicos, sino también sociales y culturales.
Violencia de género: una pandemia persistente
Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la región es la violencia de género. De acuerdo con la CEPAL, doce mujeres son víctimas de feminicidio cada día en América Latina y el Caribe. Aunque la mayoría de los países han aprobado leyes específicas en torno al feminicidio, su aplicación efectiva sigue siendo limitada y los sistemas judiciales son a menudo insuficientes o corruptos.
Las violencias contra las mujeres no son un hecho aislado o circunstancial, sino una manifestación del poder patriarcal que subordina a las mujeres a través del miedo y la opresión. Por ello, las mujeres abogamos por políticas de prevención más integrales que no sólo penalicen la violencia, sino que transformen las estructuras sociales que la perpetúan desde las infancias. Esto implica educación con perspectiva de género, acceso a servicios de salud mental y refugios seguros para las víctimas, así como cambios en la cultura y los valores tradicionales que normalizan la violencia.
Derechos reproductivos y justicia sexual
Otra área crucial donde las luchas de las mujeres han tenido un impacto significativo es en la lucha por nuestros derechos reproductivos. En países como Argentina, la legalización del aborto en 2020 fue un hito histórico, impulsado por la «Ola Verde». Sin embargo, en gran parte de la región, el aborto sigue siendo ilegal o muy restringido. Países como El Salvador, Nicaragua y Honduras imponen prohibiciones absolutas, poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza.
Desde el feminismo seguimos luchando por el acceso al aborto seguro y gratuito como un derecho fundamental, enmarcando esta demanda dentro de la justicia reproductiva. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos no puede separarse de otros derechos humanos básicos, como el acceso igualitario a la atención sanitaria, la educación sexual integral y la eliminación de las barreras económicas y sociales que limitan la autonomía de las mujeres.
Brechas económicas y laborales
En América hemos avanzado respecto a la participación de las mujeres en la fuerza laboral y el acceso a la educación, pero persisten brechas significativas en cuanto a salarios y condiciones laborales. Las mujeres de la región ganamos aproximadamente un 20% menos que los hombres. Así mismo, muchas se concentran en empleos precarios e informales sin acceso a derechos laborales básicos como la seguridad social.
El progresismo sostiene que la desigualdad económica no puede separarse de las estructuras de género, clase y raza que la perpetúan. También es consciente de que el trabajo no remunerado, especialmente el doméstico y de cuidados, recae desproporcionadamente sobre las mujeres. La lucha por el reconocimiento de este trabajo y su redistribución equitativa es fundamental para lograr una verdadera equidad económica. En este sentido, son esenciales políticas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, el acceso a guarderías públicas y de calidad, así como el impulso de modelos de trabajo flexibles y justos.
Políticas inclusivas y un enfoque interseccional
La lucha feminista en América también hace hincapié en la importancia de un enfoque interseccional, reconociendo que las mujeres no son un grupo homogéneo y que las experiencias de discriminación y violencia varían enormemente en función de factores como la clase, la etnia, la orientación sexual y la discapacidad. Las mujeres indígenas, afrodescendientes y LGBT se enfrentan a niveles desproporcionados de marginación y violencia, lo que pone de relieve la necesidad de políticas inclusivas que aborden múltiples formas de opresión.
En países como Brasil y Colombia, el feminismo afrodescendiente ha desempeñado un papel crucial a la hora de visibilizar cómo el racismo y el sexismo se entrelazan para exacerbar la discriminación y la violencia contra las mujeres negras. Del mismo modo, en regiones como la Patagonia argentina o la Amazonia brasileña, las mujeres indígenas están al frente de la defensa no sólo de sus derechos, sino también de sus territorios ancestrales y sus recursos naturales. La lucha por la justicia medioambiental y climática es inseparable de los derechos de las mujeres, ya que estas comunidades suelen ser las más afectadas por la explotación de los recursos y el cambio climático.
Retos y perspectivas de futuro
A pesar de los avances, las perspectivas siguen pareciendo complejas. Las olas de conservadurismo y las políticas regresivas en varios países de la región amenazan con hacer retroceder los derechos conquistados. Sin embargo, la lucha feminista en las Américas sigue siendo una poderosa fuerza de transformación social. La «ola verde» es sólo un ejemplo de cómo las mujeres de la región, con su diversidad de luchas y voces, están remodelando el futuro de sus sociedades. El activismo digital, las marchas multitudinarias y las redes transnacionales de solidaridad entre feministas están construyendo un movimiento cada vez más fuerte, inclusivo y global.
Imagen creada con IA por LCR
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