Por Claudia Espinosa Almaguer
El pasado 4 de septiembre acudí al Congreso del Estado de San Luis Potosí a presentar un escrito acerca de la crisis al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que repercute en la calidad de vida y acceso a la información de las personas que habitan el territorio. Puede leerse al final de esta columna. En el punto cuarto describí situaciones que se solicitaron por parte de las y los integrantes del Consejo Ciudadano a Presidencia y que no se han cumplido, estas han sido descritas en otras entregas, ahondemos un poco:
- Se pidió desde 2023 que los acuerdos y versiones estenográficas de sesiones ordinarias y extraordinarias estuviesen accesibles en la página de la Comisión además de aprobar el reglamento y los insumos necesarios para que a través de redes sociales se puedan transmitir en vivo las sesiones del Consejo. Esto significa que todas las cosas que discutimos allí, los temas sobre poblaciones en situación de discriminación o víctimas de violaciones a derechos humanos, las propuestas y pendientes, las posiciones expuestas mes a mes sean difundidas en tanto son de carácter público con excepción de los datos personales en casos concretos.
Si nadie está enterado de lo que hacemos es debido a la omisión de este deber, pero somos parte del órgano de gobierno y de acuerdo a la ley somos ciudadanas y ciudadanos, representantes de la sociedad civil responsables de discutir, guiar, decidir y supervisar las políticas públicas en materia de Derechos Humanos, es decir, como entidad autónoma fungimos como un contrapeso del poder, no como cómplices, de allí la exigencia de ser expertos en la materia además de ser labor honorífica.
- Otro tema relevante, a la legislatura saliente que en la reunión del 26 de agosto se comprometió a legislar a favor de los derechos humanos, se le proporcionó la propuesta para crear una Dirección Jurídica y dejar de pagar una cantidad desconocida a un despacho particular. El Consejo ha pedido desde 2022 a la Presidencia que informe cuánto se paga y qué hace exactamente esa consultoría privada, porque el Consejo ha tenido que responder sus propias cuestiones legales sin apoyo.
- Se ha pedido desde 2021 un Informe Especial del cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de búsqueda de personas en el Estado, desde que se encontraba la ex consejera Edith Pérez Rodríguez de la asociación civil Voz y dignidad por los Nuestros SLP sin que a la fecha se tenga este documento.
- Se solicitó un Informe Especial acerca de la situación de las personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social del Estado en marzo de este año cuando se registró un motín, justo cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria donde los espacios de esta naturaleza en San Luis Potosí fueron denunciados por condiciones de hacinamiento, falta de alimentación adecuada, atención médica y psicológica y prevención de la violencia y la tortura.
La prueba de lo importante que era exigir el informe y por consiguiente el actuar de las autoridades se develó ayer con la aparición de un brote de hepatitis causado precisamente por la mala higiene, no querer vincular esto con el motín de ayer raya en la burla. ¿Qué será? ¿Qué no vende defender a estos grupos?
Pronto entrará una nueva legislatura y se llevará a cabo una nueva convocatoria para la Presidencia de este organismo, quienes retomen la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, recibirán una problemática no menor con todo lo expuesto y observado desde el inicio de esta administración, una muestra de que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado.
Claudia Espinosa Almaguer
