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Por Sabrina Calandrón
La percepción del embarazo como una enfermedad es común no sólo entre quienes toman decisiones en los organismos policiales sino también en trabajadores y hasta en las mismas personas que transitan el embarazo y la crianza. Sentimientos como el miedo y la culpa por parte de las mujeres tornean una idea de maternidad machista y justifican, en muchos casos, decisiones asimétricas, discriminatorias y segregativas hacia ellas. Las señalan como “vagas” o “problemáticas” y buscan desplazarlas de las tareas habituales hacia otras con menor prestigio, menor complejidad y menor remuneración. De esta forma la maternidad se vive como una dificultad, otra más, para la carrera policial de las mujeres, con la que deben lidiar o a la que deben renunciar. Sin una modificación en la forma de entender y experimentar la maternidad y las tareas de cuidado no será posible transformar la raíz machista de las policías y fuerzas de seguridad.
La transparencia en las organizaciones policiales necesita de la retirada de los sesgos que favorecen siempre e invariantemente a los varones. Esta es la base de la profesionalización en cualquier campo, pero que en las policías tardó varias décadas en comenzar a considerarse ¿Por qué persistimos en el compromiso de pensar el ingreso, la permanencia y el ascenso de las mujeres en las policías y fuerzas de seguridad? Porque es una condición para obtener instituciones transparentes y democráticas.
Aquí ya nos encontramos con un objetivo simple, básico, pero que produjo una larga historia de luchas, discusiones y reclamos: la igualdad de oportunidades en el trabajo policial. En esa búsqueda, que tuvo referentes dentro y fuera de las filas policiales, se logró el acceso de las mujeres a las actividades operativas, también la posibilidad de ser parte de especialidades o fuerzas especiales, de ser consideradas para todos los cursos de perfeccionamiento y capacitación, y a la igualdad en las normativas que rigen la carrera, las responsabilidades y derechos del personal.
En las últimas décadas el aumento de mujeres en las policías y fuerzas de seguridad en Latinoamérica fue notable. Y fue posible gracias a la búsqueda de igualdad de oportunidades y condiciones. Varias causas confluyeron en este punto: la transformación del mercado de trabajo respecto del ingreso de mujeres a tareas que les estaban restringidas, cambios en la criminalidad femenina, accesibilidad de mujeres a la esfera pública y roles de visibilidad, el activismo feminista asociado al Estado, necesidad de las instituciones policiales de emplear cada vez mayor cantidad de personas con mayor nivel educativo, políticas con perspectiva de género y el acceso a lugares de decisión de personas con esta mirada. La mayor cantidad de mujeres, en actividades policiales diversas y con distintos niveles jerarquía no trajo de forma automática la disminución de la discriminación hacia las mujeres. El acoso y las agresiones sexuales persisten en todas las policías que se
hayan estudiado alguna vez. Aquí es donde surge la obligación de contar con políticas, programas y acciones de equidad.
Las políticas de cuidado son, sin dudas, una de las dimensiones que debemos tener en cuenta para avanzar en este camino. Desde el año 2000, y con una clara profundización a partir del 2010, las instituciones policiales renovaron parte de su normativa para garantizar derechos de las mujeres durante el parto, posparto y período de lactancia. Incorporaron licencias y franquicias que venían funcionando en otros sectores laborales. Se derribaron normas internas que consideraban a la maternidad un evento castigable por parte de la institución. Más allá de esta actualización normativa, quedaron reglas que para su aplicabilidad dependen del criterio individual. La asignación de tareas, el uso de uniforme, las condiciones salariales y el uso de espacios de trabajo del personal durante el estado de gestación y lactancia quedaron como reglas no escritas que se negocian de forma constante con jefes inmediatos. El terreno de la discrecionalidad y de las negociaciones individuales no sólo nunca favorece a las mujeres sino que tampoco favorece la profesionalización de los organismos de seguridad.
Balancear la vida personal y el trabajo tiene desafíos extra en las entidades policiales debido a los turnos, horarios, riesgo asumido en la tarea y nivel de responsabilidad. Desarrollar políticas que acompañen a las mujeres en este camino de forma específica es esencial para garantizarles condiciones de permanencia y ascenso laboral. Las instituciones que cuentan con programas de atención y cuidado a las mujeres en estado de gestación y crianza durante los primeros años de vida de hijos e hijas cuentan con el mayor número de uniformadas en el mundo.
Foto de Policía Nacional del Perú desde X
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
